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12 septiembre 2026 - 10:49
Documentos exponen una transferencia millonaria a la cuenta personal de un abogado. Conversaciones, un audio y un recibo cuyo CUIT sería inexistente.
Imagen ilustrativa
Una grave denuncia presentada ante la Oficina de Denuncias del Ministerio Público de San Nicolás apunta contra un abogado por una operación de $2.600.000 vinculada con una supuesta gestión para conseguir una tobillera electrónica y acceder a una detención domiciliaria.
La presentación fue realizada el pasado 19 de agosto de 2026 por una mujer de 53 años, quien explicó que una vecina suya se encuentra detenida con prisión preventiva en una causa por comercialización de estupefacientes. Según su relato, la detenida le manifestó que estaba en condiciones de obtener el beneficio del arresto domiciliario.
De acuerdo con la denuncia, el abogado defensor José Luis Zino habría indicado que era necesario “comprar” la pulsera electrónica a la empresa encargada del monitoreo y que para ello debían abonarse $2.600.000. La denunciante sostuvo que, siguiendo las instrucciones atribuidas al profesional, transfirió esa suma a una cuenta personal del abogado (CBU 072018…).
La denunciante sostuvo que prestó esa suma a su vecina y que, siguiendo las instrucciones atribuidas al profesional, transfirió los $2,6 millones a una cuenta bancaria personal del abogado.
Sin embargo, días después consultó a Zino debido a que el beneficio no se concretaba. Según consta en la presentación judicial, tras diferentes explicaciones la mujer le solicitó un comprobante del dinero abonado y recibió un supuesto recibo atribuido a una empresa de monitoreo electrónico.
La denunciante aseguró que posteriormente realizó averiguaciones y advirtió que el CUIT consignado en ese comprobante sería inexistente. También manifestó haber tomado conocimiento de que los dispositivos electrónicos utilizados para controlar arrestos domiciliarios son provistos gratuitamente por el Estado.
Otro punto central de la presentación es que, siempre según la denunciante, el arresto domiciliario que supuestamente justificaba el pago nunca habría sido otorgado.
Ante esta situación, reclamó la devolución del dinero. La mujer afirmó que el abogado habría respondido mediante mensajes que era la propia detenida quien debía reintegrarle los $2.600.000.
Como elementos para respaldar sus dichos, la denunciante entregó capturas de conversaciones mantenidas con el abogado, el comprobante de la transferencia, un audio que atribuye al profesional explicando cómo se instrumentaría el beneficio y el recibo entregado por el pago.
La presentación quedó formalmente asentada ante el Ministerio Público del Departamento Judicial San Nicolás. Los hechos relatados constituyen por el momento una denuncia y deberán ser investigados por la Justicia, sin que la documentación aportada permita por sí sola establecer responsabilidad penal del profesional mencionado.
Mientras la UFI interviniente recolecta los elementos de prueba y analiza los pasos a seguir bajo el marco del Código Procesal Penal bonaerense, las preguntas se multiplican: ¿se trata de un “error de interpretación” sobre los costos de la defensa o de una maniobra habitual con insumos públicos? Por ahora, en los pasillos de la calle Garibaldi y en los tribunales de la ciudad, el hermetismo es total, pero el escándalo promete sumar nuevos capítulos.
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