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7 septiembre 2026 - 14:56
Impulsaron una acción judicial para intentar frenar el proyecto Sea Lion. La presentación cuestiona la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina y vincula la defensa ambiental con la soberanía nacional.
Una acción judicial que busca detener un proyecto de explotación petrolera en cercanías de las Islas Malvinas tiene un capítulo directamente vinculado con San Nicolás. La estrategia comenzó a tomar forma definitiva durante 2025 en la ciudad y el abogado nicoleño Fabián Maggi se convirtió en uno de los referentes del equipo jurídico que elaboró la demanda.
La presentación fue promovida por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) ante el Juzgado Federal de Río Grande. El objetivo es detener el proyecto petrolero Sea Lion —León Marino—, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum sobre la plataforma continental argentina, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
Según plantea la demanda, la explotación avanza sin una evaluación de impacto ambiental ni autorización de las autoridades argentinas. El emprendimiento contempla 23 pozos submarinos, infraestructura offshore y terrestre y un horizonte de explotación superior a los 30 años. Frente a ese escenario, los impulsores solicitaron como medida cautelar la suspensión de las obras y también de las operaciones financieras destinadas a concretar el proyecto.
La iniciativa tiene antecedentes previos. De acuerdo con el documento, la idea original pertenece a Enrique Viale, presidente fundador de AAdeAA, quien desde hace años trabaja sobre la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Viale fue además asesor principal de Fernando “Pino” Solanas y participó como redactor de la Ley 26.659, mencionada en la presentación como una de las principales herramientas jurídicas argentinas frente a la exploración y explotación hidrocarburífera no autorizada en la plataforma continental.
El proyecto dio un paso decisivo durante 2025 en San Nicolás. Una reunión impulsada por AAdeAA convocó en la ciudad a abogados ambientalistas provenientes de distintos puntos del país. A partir de aquel encuentro se conformó un equipo de profesionales de diferentes ramas que profundizó la investigación y convirtió la iniciativa en una estrategia judicial concreta.
Dentro de ese grupo adquirió protagonismo Fabián Maggi, abogado de San Nicolás, quien tuvo a su cargo la arquitectura legal de la demanda junto con los demás profesionales de AAdeAA y CECIM que participaron de su elaboración.
Uno de los aspectos centrales de la presentación es que plantea la protección ambiental y la defensa de la soberanía como bienes colectivos que deben ser abordados conjuntamente.
La acción sostiene que las autorizaciones otorgadas por la administración británica de las islas no reemplazan las exigencias establecidas por el derecho argentino ni pueden legitimar una explotación sobre un territorio que Argentina reclama como propio. La argumentación también se apoya en los pronunciamientos de la ONU que promueven una solución pacífica al conflicto.
Pero la estrategia no apunta únicamente a detener físicamente las obras. La presentación busca además informar sobre la situación a organismos de control financiero y mercados internacionales e identificar bancos, fondos, aseguradoras y otros actores que sostengan económicamente el emprendimiento.
El propósito, según se detalla, es desalentar el financiamiento y bloquear de esa manera el avance de la infraestructura necesaria para desarrollar la explotación petrolera.
Así, una estrategia jurídica que comenzó a consolidarse en San Nicolás llegó ahora a la Justicia Federal con una pretensión de alcance internacional: intentar frenar el desarrollo de Sea Lion y colocar en una misma discusión judicial la explotación de los recursos naturales, la protección ambiental y el histórico reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
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