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6 septiembre 2026 - 08:35
Aparece como principal acusado de una presunta asociación ilícita que habría operado con fondos de cuentas judiciales. Hubo nueve detenidos en Santa Fe y Córdoba.
Un exfiscal fue detenido junto a otras ocho personas en el marco de una investigación por presuntas maniobras ilegales con fondos depositados en cuentas judiciales vinculadas a causas del Ministerio Público de la Acusación. Los hechos investigados se habrían extendido entre 2017 y 2024, período durante el cual el principal acusado se desempeñaba como fiscal.
El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, mediante la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario, y derivó en 13 allanamientos realizados en las provincias de Santa Fe y Córdoba.
La pesquisa tramita con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional de la Fiscalía General, a cargo de Adrián Spelta.
Según la información oficial, durante la investigación no solo se detectaron las presuntas maniobras sobre las cuentas judiciales, sino que además fueron identificadas otras personas que tendrían vinculación directa con las actividades atribuidas al ex funcionario.
Con los elementos reunidos, el Colegio de Jueces de 1º Instrucción del Distrito Judicial Nº 2 de Rosario, con intervención de la jueza María Melania Carrara, ordenó una serie de allanamientos.
Los procedimientos alcanzaron domicilios de Santa Fe, Rosario y Funes, además de las localidades cordobesas de Oliva, Río Segundo y Villa María.
Como resultado fueron detenidas nueve personas: siete hombres y dos mujeres, entre ellas el ex fiscal señalado como principal sospechoso.
Durante los allanamientos, la Policía Federal secuestró una escopeta calibre 16, marihuana, 17 teléfonos celulares, siete notebooks, cinco tablets, cuatro CPU, cinco pendrives, más de $2 millones, dólares y documentación considerada de interés para la investigación.
La pesquisa continúa para determinar el alcance de las operaciones investigadas y el grado de participación atribuido a cada uno de los involucrados.
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