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25 octubre 2026 - 09:41
El intendente de San Nicolás recibió un nuevo requerimiento judicial para garantizar el acceso de concejales opositores al sistema RAFAM. El plazo informado es de dos días y, ante un nuevo incumplimiento, podrían aplicarse multas diarias.
La disputa por el acceso a la información financiera de la Municipalidad de San Nicolás sumó un nuevo capítulo judicial. La Justicia en lo Contencioso Administrativo intimó al gobierno de Santiago Passaglia a cumplir, en un plazo de dos días, con la orden de habilitar a concejales opositores el acceso completo al sistema RAFAM, utilizado para registrar y consultar los movimientos económicos y presupuestarios del municipio.
La nueva intimación contempla la posibilidad de aplicar sanciones conminatorias, es decir, multas destinadas a forzar el cumplimiento de una resolución judicial. El plazo comenzaría a computarse a partir del lunes 26 de octubre.
El conflicto no es reciente. En mayo de este año, cinco integrantes del bloque peronista acudieron a la Justicia después de denunciar que el Departamento Ejecutivo no les permitía consultar la totalidad de los registros financieros necesarios para ejercer su función de control. La presentación fue impulsada por María Belén Mozzicafredo, Vanesa Vargas, Pablo Del Litto, Cecilia Comerio y María Isabel Mancini, quienes solicitaron una medida cautelar para obtener acceso integral al sistema.
La resolución judicial original, a la que tuvo acceso PRENSA LIBRE SN, hizo lugar al planteo y ordenó que el Ejecutivo municipal habilitara inmediatamente el acceso completo al RAFAM. El pronunciamiento reconoció que las restricciones denunciadas dificultaban el ejercicio de las atribuciones de fiscalización que corresponden al Concejo Deliberante.
El RAFAM, sigla de Reforma de la Administración de los Recursos Financieros y Reales en el Ámbito Municipal, permite consultar información vinculada con la ejecución presupuestaria, los gastos, los ingresos, las modificaciones de partidas y otras operaciones de la administración. Su utilización resulta fundamental para que los concejales puedan examinar las cuentas públicas y contrastar los números presentados por el Ejecutivo con sus correspondientes registros.
La controversia adquirió especial relevancia durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas 2025, presentada por el municipio el 31 de marzo de este año bajo el expediente 18.449. En aquella oportunidad, los concejales opositores denunciaron que no contaban con todos los elementos necesarios para analizar el destino de los recursos municipales.
En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del 18 de mayo, Mozzicafredo dejó constancia de las dificultades para consultar archivos y acceder a documentación respaldatoria. Del Litto, por su parte, señaló que había recibido una clave, pero que esta únicamente le permitía ingresar al módulo de Contabilidad, sin disponer de una visión completa de las operaciones registradas.
Las dificultades también fueron planteadas por Federico Chohuy, concejal de la Alianza La Libertad Avanza, quien manifestó que no contaba con claves de acceso y había presentado una denuncia ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
El reclamo incluyó pedidos de información sobre la cuenta corriente de proveedores, decretos de reasignación presupuestaria y documentación que respaldara distintas operaciones económicas. Según consta en las actuaciones judiciales, las solicitudes administrativas realizadas durante abril no habían obtenido las respuestas requeridas al momento de dictarse la medida cautelar.
En su dictamen de minoría sobre la Rendición de Cuentas 2025, los concejales opositores también cuestionaron modificaciones presupuestarias por aproximadamente $6.235 millones, que, según denunciaron, fueron instrumentadas mediante decretos a los que no habían podido acceder. Se trata de observaciones formuladas por la oposición y no de irregularidades patrimoniales establecidas por una sentencia.
La resolución judicial se apoyó, entre otras disposiciones, en las resoluciones 449/2011 y 15/2016 del Tribunal de Cuentas bonaerense, que establecen la obligación del Departamento Ejecutivo de asignar usuarios y claves al Concejo Deliberante para consultar toda la información contenida en el RAFAM. La normativa contempla un acceso de consulta, sin facultades para modificar los registros.
El conflicto también se desarrolla en un contexto de cuestionamientos sobre la transparencia fiscal municipal. El Índice de Transparencia Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), San Nicolás recibió una calificación de cero puntos, correspondiente a un nivel nulo de publicación de información fiscal. Ese indicador evalúa la disponibilidad pública de información presupuestaria y no constituye, por sí mismo, una auditoría que determine irregularidades en el manejo de fondos.
La administración de Santiago Passaglia habría solicitado tiempo para adecuar el sistema informático a los requerimientos judiciales. Sin embargo, ese período transcurrió sin que se acreditara el cumplimiento integral de lo ordenado, lo que motivó un nuevo requerimiento bajo advertencia de sanciones económicas.
La discusión excede la entrega de contraseñas. Lo que está en juego es la posibilidad de que los representantes legislativos accedan a los registros completos de la administración municipal para controlar cómo se recaudan, distribuyen y utilizan los recursos públicos.
La nueva intimación coloca nuevamente al Ejecutivo de Santiago Passaglia ante una obligación judicial concreta.
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