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25 agosto 2026 - 05:32
El Ministerio Público Fiscal reclamó la máxima pena para cuatro de los ocho imputados por crímenes de lesa humanidad contra 62 víctimas. La audiencia continuará este miércoles 26 de agosto.
Imagen de archivo
La Fiscalía concluirá este miércoles 26 de agosto su alegato en el juicio conocido como “Saint Amant IV”, la megacausa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos contra 62 víctimas dentro de la jurisdicción del Área Militar 132. Antes del cuarto intermedio, el Ministerio Público Fiscal solicitó prisión perpetua para cuatro de los ocho acusados y penas de entre seis y ocho años para los restantes.
El pedido de la máxima pena alcanza a Adrián Domingo Meisner, Gregorio Florentino Mancilla, Enabel Otilio Cappa y Omar Andrada. Además, la acusación requirió que, ante una eventual sentencia condenatoria, se disponga la detención inmediata y prisión preventiva de los ocho imputados.
La Unidad de Derechos Humanos de Rosario está representada en el debate por el fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Álvaro Baella, quienes llevan adelante la acusación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, integrado por los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodrigues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario.
La Fiscalía comenzó a exponer su pedido de penas el pasado 11 de agosto, luego de 14 jornadas dedicadas al alegato. Sin embargo, un corte programado en el sistema del Poder Judicial impidió completar la intervención y obligó a pasar a un cuarto intermedio. La exposición se retomará este miércoles.
Además de las condenas individuales, Villatte solicitó al Tribunal que los hechos juzgados sean declarados “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio implantado en nuestro país”.
Durante el alegato, Baella hizo referencia al comportamiento de los acusados a medio siglo de los acontecimientos investigados. “Aún hoy en día, habiendo pasado 50 años de la ocurrencia de los hechos, los imputados no han demostrado remordimiento alguno y mucho menos voluntad de subsanar los hechos causados, de modo alguno aportando información que permita esclarecer los hechos que aquí se investigaron”, sostuvo.
Para Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla, excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, la Fiscalía solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Los considera coautores de delitos investigados en la causa “Marfott de Trod”, entre ellos allanamiento ilegal, tormentos agravados por tratarse de un perseguido político y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
La misma pena fue requerida para Enabel Otilio Cappa, exoficial de la delegación San Nicolás de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). La acusación lo considera coautor de delitos cometidos contra seis víctimas, incluidos sus homicidios.
El cuarto pedido de perpetua corresponde a Omar Andrada, exmayor del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás. La Fiscalía lo vinculó con los hechos investigados en las causas “Santillán”, “Berg”, “Francioni” y “Comolli”.
Entre los delitos atribuidos figuran privaciones ilegítimas de la libertad con distintos agravantes, allanamiento ilegal, robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
Respecto de los exoficiales de la DIPPBA vinculados con la causa “Santillán”, el Ministerio Público Fiscal solicitó ocho años de prisión para Miguel Ángel Amarillo y seis años para Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi.
Los tres están acusados como coautores de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos. Para ellos también se requirió una inhabilitación especial equivalente al doble del tiempo de las condenas.
En tanto, para el excoronel Carlos Manuel Biglieri, quien durante los hechos era subteniente de la Sección Antisubversiva del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, la Fiscalía pidió seis años de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena.
En su caso, la acusación está relacionada con la causa “Comolli” y comprende privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas y por haberse prolongado durante más de un mes, tormentos agravados por tratarse de un perseguido político y allanamiento ilegal.
El debate oral comenzó el 14 de marzo de 2024 y concentra diferentes expedientes vinculados con la represión ilegal desplegada en la jurisdicción del Área Militar 132, que comprendía una extensa región del norte bonaerense y estaba bajo el mando del fallecido coronel Manuel Fernando Saint Amant.
A lo largo del juicio declararon más de 100 testigos, entre víctimas, familiares y vecinos. Los hechos investigados involucran a integrantes del Batallón de Ingenieros de Combate 101 y del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, ambos con asiento en San Nicolás, además de agentes de las delegaciones locales de la Policía Federal y de la DIPPBA.
Durante el proceso también estuvieron imputados Hubo Bellet, Nicolás Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Bernardo Luis Landa, quienes fallecieron antes de la finalización del juicio. Por esa razón, la acción penal contra ellos fue declarada extinguida.
Entre los episodios que llegaron a juicio se encuentra el allanamiento ilegal sufrido por la familia Berg en San Nicolás, además de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y homicidios cometidos durante 1976 contra víctimas que, en su mayoría, militaban en el Partido Comunista.
Otro de los casos es el allanamiento de la vivienda de Cecilia Marfott y Jorge Luis Trod, ubicada en Schubert y Chopin, ocurrido el 17 de noviembre de 1976. De acuerdo con lo acreditado durante el debate, allí fue asesinado el cuidador Ignacio Valetin Sabena, luego de ser sometido a torturas.
La causa “Santillán”, por su parte, comprende los hechos sufridos por militantes políticos que fueron detenidos y continúan desaparecidos. Entre ellos se encuentra Benjamín Santillán, secuestrado el 9 de noviembre de 1976 por fuerzas militares y personal de la DIPPBA cuando salía del bar “Esso”, sobre Av. Savio, en San Nicolás.
El juicio también comprende la causa “Francioni”, relacionada con trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Pergamino, y el expediente “Comolli”, en el que se investiga la persecución de obreros metalúrgicos con participación sindical, mayoritariamente vinculados a la agrupación Felipe Vallese.
Con los pedidos de pena ya formulados, la audiencia de este miércoles marcará el cierre del extenso alegato del Ministerio Público Fiscal y abrirá una nueva etapa de uno de los procesos por delitos de lesa humanidad de mayor alcance desarrollados en los últimos años en la región.
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