10 mayo 2026 - 13:04

Las demandas del Fisco bonaerense contra integrantes de la familia ya rondarían los 26 millones de pesos. En campaña, Manuel Passaglia había afirmado que “los impuestos son carísimos”.

El discurso político del passaglismo sobre presión tributaria y eficiencia administrativa quedó envuelto en una fuerte contradicción tras que PRENSA LIBRE SN diera a conocer -días atrás- que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires mantiene distintas demandas judiciales contra integrantes de la familia Passaglia que, en conjunto, alcanzarían casi 26 millones de pesos. Esta cifra se desprende del total de las demandas iniciadas contra el grupo familiar y dista sustancialmente de los tres millones de pesos de atraso que este medio ventilara hace pocas horas.

Las causas fueron presentadas el 17 de febrero de 2025 y tramitan ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1, a cargo de la jueza María Isabel Fulgheri.

En los expedientes aparecen como demandados Ismael José Passaglia, Ismael Santiago Passaglia, Manuel Passaglia, y dos integrantes más del circulo intimo, todos con domicilio registrado en Rivadavia 46 de San Nicolás.

La deuda reclamada asciende casi a los $ 26.000.000, aunque el monto podría incrementarse con intereses, costos y costas judiciales.

La situación adquiere además una fuerte dimensión política si se tiene en cuenta que durante la última campaña electoral, el actual diputado provincial de HECHOS, Manuel Passaglia, había cuestionado públicamente la carga tributaria al sostener que “los impuestos son carísimos”.

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Ahora, es el propio Estado bonaerense el que reclama judicialmente el cobro compulsivo de deudas fiscales al núcleo familiar que gobierna San Nicolás desde hace más de una década.

En el escrito judicial, el apoderado fiscal solicita avanzar con distintas medidas cautelares, incluyendo embargos sobre cuentas bancarias, fondos y créditos financieros, además de inhibiciones generales de bienes. También se pidió el embargo de un inmueble.

La presentación sostiene que la acción se impulsa bajo las facultades otorgadas por la Ley 13.406 y el Código Fiscal provincial, y solicita a la Justicia que libre mandamiento de intimación de pago y citación de remate contra los demandados.

El avance de estas causas vuelve a colocar bajo cuestionamiento el relato de austeridad y eficiencia administrativa construido por el oficialismo nicoleño, mientras la propia Provincia reclama judicialmente millonarias acreencias contra integrantes de la familia más poderosa de la política local.

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