5 mayo 2026 - 16:01

El fiscal Eduardo Taiano sostuvo que el accionar fue “desproporcionado e irracional” y causó “lesiones gravísimas” al fotoperiodista una protesta en marzo de 2025.

El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó la elevación a juicio oral para el gendarme Héctor Jesús Guerrero (30), acusado de disparar contra el fotorreportero Pablo Nahuel Grillo durante una manifestación realizada el 12 de marzo de 2025 frente al Congreso de la Nación.

De acuerdo al requerimiento fiscal, el hecho ocurrió en el marco de una protesta en defensa de los derechos de los jubilados, donde se registraron disturbios y un operativo de fuerzas de seguridad. En ese contexto, la fiscalía concluyó que el accionar de los efectivos fue “desproporcionado e irracional”, incluyendo los disparos efectuados por Guerrero, integrante de la Sección de Empleo Inmediato del Destacamento Móvil 6 de Gendarmería Nacional Argentina.

Según la reconstrucción basada en peritajes e informes, entre las 17:05 y las 17:25, el imputado realizó seis disparos “sin que existiera un contexto de agresión” y “de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal)” con una pistola lanza gases marca “FM”, desde la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís hacia manifestantes ubicados sobre Yrigoyen, en dirección a Virrey Cevallos.

Para la fiscalía, esos disparos generaron “un peligro concreto para la vida e integridad física de las personas allí presentes”, y uno de ellos —efectuado a las 17:18— impactó en la cabeza de Grillo, provocándole “lesiones gravísimas”.

El reportero gráfico se encontraba en ese momento de frente al Congreso, en cuclillas, a unos 47 metros de distancia, tomando fotografías detrás de una barricada improvisada. Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde ingresó con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, debiendo ser intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades.

El periodista durante su internación

Los informes médicos posteriores señalaron un marcado deterioro en sus funciones cognitivas y comunicativas, con posibles secuelas permanentes y una prolongada incapacidad laboral.

En su dictamen, Taiano sostuvo que Guerrero incurrió en un “uso ilegítimo de la fuerza”, al apartarse de los protocolos y normativas vigentes. “Ejerció abusivamente las potestades inherentes a su cargo”, afirmó, y agregó que “su accionar representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico Pablo Nahuel Grillo”.

La fiscalía también remarcó que el gendarme contaba con formación y experiencia suficientes —ingresó a la fuerza el 1° de agosto de 2015, realizó el Curso de Operaciones Urbanas en 2017 y cumplió funciones en escuadrones antidisturbios—, por lo que “no existe posibilidad alguna de que desconociera los protocolos establecidos” para el uso del arma.

Además, se destacó que el manual técnico indica que “jamás se debe dirigir el arma hacia una persona” y que los disparos deben ejecutarse “en forma oblicua, hacia el suelo”, pautas que, según la acusación, no fueron respetadas.

Frente a los argumentos de la defensa, que sostuvo que no hubo intención de lesionar, el fiscal respondió que ello no exime de responsabilidad penal, al considerar que el acusado actuó con “plena consciencia de que infringía las normas y de que ponía en peligro a las personas allí presentes”.

Finalmente, Taiano subrayó que al momento de los disparos “no existía una amenaza actual e inminente”, ya que los manifestantes se encontraban en retirada, y recordó que “la protesta pacífica constituye la regla”, por lo que el Estado tiene la obligación de resguardar ese derecho.

El pedido de elevación a juicio marca un nuevo avance en la causa, que busca determinar responsabilidades penales en un episodio que tuvo fuerte repercusión por la gravedad de las lesiones sufridas por el trabajador de prensa.

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