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La causa Camioneros llegó formalmente a la OIT y piden una intervención urgente antes del juicio

31 mayo 2026 - 13:19

El SUTM presentó una denuncia ante el organismo internacional en defensa de los trabajadores imputados. Solicitaron tratamiento preferente antes de la audiencia prevista para el 28 de septiembre de 2026.

La causa judicial derivada del conflicto gremial entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribuidora, que desde hace años se tramita en los tribunales de San Nicolás, sumó un nuevo capítulo en el plano internacional. Luego de las gestiones realizadas semanas atrás por el abogado Gabriel Rogelio Ruíz ante representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTM) formalizó una presentación dirigida a las máximas autoridades del organismo con sede en Ginebra, Suiza.

La denuncia fue remitida al director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, con copia para la directora de la Oficina de la OIT para la Argentina, Sara Luna Camacho, y para la directora regional para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira Gomes. En el escrito, el gremio encabezado por Rodolfo Cecchi sostiene que existieron violaciones a la libertad sindical, a convenios internacionales ratificados por la República Argentina y al derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

La presentación toma como eje la situación procesal de los ex trabajadores de Rey Distribuidora Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres y Matías Agustín Torres, quienes continúan imputados en el expediente que tiene como principales acusados a los dirigentes sindicales Maximiliano Emanuel Cabaleyro y Fernando José Espíndola.

La causa, radicada ante el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial San Nicolás, se originó a partir del conflicto gremial ocurrido en enero de 2021 en San Pedro, cuando la empresa denunció bloqueos y presuntas maniobras extorsivas vinculadas a medidas sindicales. Desde el sindicato, en cambio, siempre sostuvieron que se trató de una protesta gremial legítima.

En su presentación ante la OIT, el SUTM afirma que la documentación y los registros audiovisuales acompañados demuestran la “inexistencia de turbación de la posesión” en el establecimiento y sostienen que nunca existió una ocupación ilegítima ni una alteración del orden por parte de la organización sindical. Asimismo, denuncian que el entonces delegado de personal Edgardo Di Mayo fue impedido de ingresar a su lugar de trabajo y que posteriormente fue despedido “sin desafuero previo”, pese a contar —según la presentación— con una medida cautelar judicial que ordenaba su reinstalación inmediata.

Uno de los puntos centrales del escrito es el pedido de “preferente despacho y tratamiento urgente” por parte de la OIT. El sindicato argumenta que la audiencia principal del debate oral en sede nacional está prevista para el 28 de septiembre de 2026, por lo que considera indispensable que el organismo internacional analice la denuncia antes de esa instancia para evitar “perjuicios irreparables sobre los derechos sindicales invocados”.

Además, la organización solicita que se analicen tanto el expediente laboral tramitado ante la Delegación de Trabajo de San Pedro como la causa penal, junto con videos y documentación que, según afirman, constituyen “prueba irrefutable” de los hechos denunciados. También informaron haber remitido una notificación al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La nueva presentación se produce pocas semanas después de que Ruíz informara a PRENSA LIBRE SN sobre una audiencia virtual mantenida con representantes de la OIT Argentina. En aquella oportunidad, el abogado señaló que desde el organismo “indicaron la gravedad de la situación” y adelantó que remitiría la documentación correspondiente a Ginebra.

Mientras la defensa insiste en denunciar una presunta “criminalización del ejercicio del derecho de huelga”, la causa penal continúa avanzando en los tribunales bonaerenses bajo impulso de la fiscal María del Valle Viviani, luego de que la Cámara de Casación confirmara la elevación a juicio del expediente. Ahora, la controversia también quedó formalmente planteada ante la Organización Internacional del Trabajo, que deberá resolver si interviene y bajo qué alcance en el conflicto.


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