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Viernes 22 de Mayo de 2026
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22 mayo 2026 - 08:11
El Tribunal Oral Federal N°8 halló responsables a un exmagistrado y a un exfuncionario judicial por tráfico de influencias para intentar alterar la investigación del crimen del militante ferroviario.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 condenó a un exjuez federal y a un exfuncionario de la Cámara de Casación Penal por maniobras destinadas a manipular y entorpecer la investigación judicial por el asesinato de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero asesinado el 20 de octubre de 2010 durante una protesta de trabajadores ferroviarios tercerizados.
La sentencia alcanzó al exmagistrado Octavio Luis Aráoz de Lamadrid, quien recibió una pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerado responsable del delito de tráfico de influencias agravado.
También fue condenado Luis Ameghino Escobar, exintegrante de la Oficina de Sorteos de la Cámara de Casación Penal, quien recibió tres años de prisión de ejecución condicional y la misma inhabilitación perpetua.
La resolución fue dictada por el juez Nicolás Toselli y las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo 5 de agosto.
Durante el juicio intervinieron el fiscal Marcelo Colombo, titular de la Fiscalía General N°8 ante los Tribunales Orales Federales de Capital Federal, y la auxiliar fiscal Agustina D’Angelo.
En relación al exvicepresidente de Belgrano Cargas, Ángel Luis Stafforini, el tribunal consideró acreditado el delito de cohecho activo agravado, aunque finalmente fue absuelto debido a la prescripción penal por haber sido considerado partícipe secundario.
En tanto, la exdirectora suplente de Belgrano Cargas SA, Susana Rita Planas, fue absuelta.
Según sostuvo la fiscalía durante el debate oral, existió “un pacto previo entre las personas implicadas” destinado a lograr “la revocación de los procesamientos y la liberación de los siete imputados por el crimen de Mariano Ferreyra”.
La acusación indicó que la maniobra incluía presuntas influencias sobre integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación, especialmente sobre el juez Eduardo Riggi.
Además, los investigadores señalaron que Aráoz de Lamadrid habría cobrado dinero de la Unión Ferroviaria mediante facturas adulteradas por servicios inexistentes.
El tribunal también ordenó el decomiso de 50 mil dólares secuestrados durante la investigación.
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