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Martes 19 de Mayo de 2026
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19 mayo 2026 - 10:32
El fiscal Ramiro González solicitó el expediente completo antes de definir si avanza con una investigación penal.
La Justicia federal puso bajo análisis una licitación vinculada al mantenimiento de los espacios verdes de la Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos, impulsada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
El fiscal federal Ramiro González solicitó este lunes al Gobierno nacional la entrega del expediente completo correspondiente al proceso licitatorio, como paso previo a decidir si corresponde abrir o no una investigación penal.
La contratación cuestionada corresponde al “servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno”.
Según explicó González, la medida busca reunir información antes de avanzar formalmente con una imputación o apertura de causa.
“Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”, sostuvo el fiscal.
El foco del planteo judicial está puesto sobre la participación de las empresas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA dentro del mismo procedimiento licitatorio.
De acuerdo con la presentación, ambas firmas habrían competido como oferentes pese a integrar un mismo grupo económico.
“Se cuestiona que en dicho procedimiento se habrían presentado como oferentes las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, pese a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia mediante dictamen IF-2024-105621660-APN-CNDC#MEC concluyó que ambas integran un mismo grupo económico, circunstancia que, según se sostiene, generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación”, señaló González.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien apuntó contra Karina Milei por presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Pagano había iniciado su actividad legislativa dentro de La Libertad Avanza, aunque actualmente mantiene distancia política con el oficialismo.
La licitación observada corresponde a la “Licitación Pública N° 23-0005-LPU26”, convocada por la Secretaría General de la Presidencia.
Por el momento, la Justicia no abrió formalmente una investigación penal, aunque el requerimiento de documentación marca el inicio de un análisis judicial sobre el procedimiento administrativo y las empresas involucradas.
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