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Domingo 24 de Mayo de 2026
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24 mayo 2026 - 12:13
El jefe de Gabinete quedó bajo presión judicial por presunto enriquecimiento ilícito, contratos con la TV Pública y un viaje privado financiado por un empresario cercano.
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría ingresar en una etapa decisiva antes del inicio de la feria judicial de invierno. El juez federal Ariel Lijo evalúa convocarlo a declaración indagatoria en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, posibles dádivas y contratos irregulares vinculados a la TV Pública.
La causa se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py y cuenta con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
Según trascendió, Lijo aguarda el resultado de las últimas medidas de prueba para resolver si avanza formalmente con la indagatoria de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.
En ámbitos judiciales consideran que una eventual citación implicaría que el expediente alcanzó “un grado de avance significativo” y que existirían elementos suficientes para sospechar de la posible comisión de delitos.
La investigación se concentra especialmente en el vínculo entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse, empresa que mantiene contratos con la TV Pública.
La Justicia analiza si Grandio financió el viaje que el funcionario realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval a bordo de un avión privado.
Aunque Adorni sostuvo públicamente que el traslado había sido abonado “con dinero propio”, distintos documentos incorporados a la causa contradijeron esa versión.
El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que “el vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”.
Según el expediente, la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso habría sido facturado posteriormente por 3000 dólares a Grandio.
En paralelo, el juzgado ordenó realizar cruces telefónicos entre los teléfonos de Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse.
La medida busca determinar si existieron comunicaciones coincidentes con la firma de contratos entre la productora y medios estatales.
Además, los investigadores analizan la geolocalización de los dispositivos para reconstruir posibles reuniones y vínculos operativos.
Entre los convenios bajo sospecha aparecen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en la TV Pública, como “La caja de Pandora”, “Giros en Línea Recta”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”, este último conducido por Grandio.
Otro de los ejes de la investigación apunta al patrimonio del jefe de Gabinete.
Uno de los focos principales está puesto sobre una propiedad ubicada en el country Indio Cuá.
Según la causa, la vivienda habría sido escriturada en noviembre pasado por unos 120.000 dólares y posteriormente remodelada con obras y mobiliario valuados en aproximadamente 245.000 dólares.
Parte de esos trabajos, según consta en el expediente, se habría realizado sin facturación formal.
Los investigadores sostienen que los ingresos declarados por Adorni no resultarían compatibles con el volumen de gastos detectados, especialmente considerando además la existencia de hipotecas comprometidas para financiar operaciones inmobiliarias.
La causa también incorporó otra hipótesis sensible: la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina para custodiar el ingreso al country donde reside el funcionario.
Según la investigación, si se comprobara que los agentes fueron destinados a tareas de seguridad personal ajenas a funciones oficiales, podría configurarse el delito de peculado por uso indebido de recursos públicos.
Mientras tanto, la expectativa crece en Comodoro Py alrededor de la decisión que deberá adoptar Ariel Lijo sobre el futuro procesal de Manuel Adorni.
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