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3 noviembre 2026 - 19:20
Tras la absolución de siete acusados, ambas partes recurrieron a Casación. Reclaman penas de prisión e investigar presuntos delitos durante el juicio.
La absolución de Maximiliano Cabaleyro y otros seis trabajadores vinculados al Sindicato de Camioneros abrió una nueva instancia judicial. El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de casación para revertir el fallo y obtener condenas de hasta ocho años de prisión, mientras que las defensas solicitaron que los acusadores afronten los gastos del proceso y que se investigue a integrantes de la familia empresaria Rey por presuntos delitos de falsa denuncia, falso testimonio y desobediencia judicial.
Las presentaciones cuestionan distintos aspectos de la sentencia dictada el 14 de octubre de 2026 por el juez Alejandro López, del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, quien – con la prueba presentada – absolvió a los siete acusados en una causa iniciada en 2021 por hechos relacionados con un conflicto entre la representación sindical de Camioneros y una empresa de la familia Rey.
La causa comprende acusaciones por turbación de la posesión, coacción y extorsión. Durante el juicio se analizaron acontecimientos ocurridos entre 2017 y febrero de 2021, incluyendo medidas de protesta sindical y presuntas exigencias económicas que habían sido denunciadas por los empresarios.
La sentencia absolutoria no puso fin a la controversia. Las fiscales María del Valle Viviani y María Verónica Marcantonio sostienen que el magistrado interpretó incorrectamente el alcance del derecho de huelga y valoró de manera equivocada las pruebas. En sentido contrario, los abogados defensores consideran que el proceso terminó demostrando la inexistencia de los delitos atribuidos a sus representados y reclaman consecuencias judiciales para quienes impulsaron las acusaciones.
El recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal solicita que el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires revoque parcialmente la sentencia absolutoria y condene a Maximiliano Cabaleyro a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo. Una pena menor que la solicitada durante el juicio.
También reclama que se le imponga una inhabilitación especial de diez años para ejercer cargos públicos y gremiales, en relación con las acusaciones de turbación de la posesión, coacción y extorsión.
Para los otros seis acusados, Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez, las fiscales solicitaron penas de tres años de prisión de ejecución condicional.
Uno de los principales cuestionamientos del recurso se refiere a la interpretación del derecho constitucional de huelga. Según la Fiscalía, el juez aplicó ese principio de manera excesivamente amplia al considerar que los hechos vinculados con las protestas sindicales no constituían delitos.
En ese sentido, las representantes del Ministerio Público sostienen que el fallo no examinó adecuadamente las modalidades concretas de las acciones investigadas y que la existencia de un conflicto laboral no excluye, por sí misma, la posibilidad de que se hayan cometido conductas penalmente relevantes.
Las fiscales también cuestionan la valoración de las pruebas relacionadas con la acusación por extorsión. Consideran que el magistrado examinó determinados elementos de manera aislada, sin efectuar una evaluación integral que permitiera establecer su verdadero alcance.
Por esos motivos, solicitan que el tribunal revisor deje sin efecto los aspectos impugnados de la absolución y dicte una resolución conforme a los planteos de la acusación.
En paralelo, los abogados de los siete absueltos formalizaron una presentación conjunta ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, aunque con objetivos diferentes de los perseguidos por la Fiscalía.
El recurso fue suscripto por Analía González, Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas, defensores de Cabaleyro, junto con Gabriel Ruiz, representante de los otros seis trabajadores.
Uno de sus principales cuestionamientos apunta a la decisión del juez López de dictar la absolución sin imponer costas procesales.
Los defensores sostienen que esa determinación carece de fundamentación suficiente y que, al resultar absueltos todos los acusados, corresponde que quienes sostuvieron la acusación afronten los gastos derivados del proceso.
La presentación invoca los artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, además del artículo 171 de la Constitución bonaerense, referido a la obligación de fundamentar las resoluciones judiciales.
Para los abogados, la decisión de no imponer costas a los acusadores tras un proceso que se extendió durante más de cinco años perjudica económicamente a los trabajadores que debieron afrontar su defensa.
Por esa razón, solicitan que se modifique ese aspecto de la sentencia y se impongan las costas a la parte acusadora vencida.
El segundo planteo de la defensa introduce una cuestión que podría derivar en nuevas investigaciones penales.
Los abogados sostienen que durante el juicio surgieron elementos que justificarían investigar a integrantes de la familia Rey y a otras personas vinculadas con la acusación por la posible comisión de delitos de falsa denuncia, falso testimonio y desobediencia a la autoridad.
En particular, mencionan a Gustavo Rey, Ariel Rey, Ricardo Rey, Valeria Chichizola y Betiana Parra, a quienes atribuyen presuntas irregularidades relacionadas con las denuncias y las pruebas incorporadas al expediente.
Uno de los puntos centrales es el material audiovisual conocido como “La Caja de Chocolino”, utilizado durante el proceso en relación con una supuesta entrega de dinero. Según el planteo defensivo, esa filmación habría sido preparada por integrantes del grupo familiar empresario para presentar como una exigencia ilegal lo que, en realidad, correspondía a obligaciones económicas derivadas del conflicto laboral.
Los abogados mencionan especialmente un cheque de $103.000, incorporado a una suma que habría alcanzado los $500.000, y cuestionan la interpretación que los denunciantes hicieron de esos movimientos de dinero.
En respaldo de su postura, citan las declaraciones de profesionales contables que participaron del juicio.
Entre ellos aparece el contador Víctor Grabovieski, quien, según el recurso, negó que su estudio hubiera intervenido en pagos ilegales destinados al sindicato. La defensa sostiene que el profesional explicó que los importes recibidos correspondían a acuerdos por diferencias salariales, aportes sindicales y obligaciones con la obra social.
También menciona una pericia contable oficial que habría determinado diferencias económicas a favor del gremio y de la obra social, en contraposición con los montos reconocidos inicialmente por la empresa.
Sobre esa base, los defensores consideran que existen elementos para investigar si se formularon acusaciones falsas o se brindaron testimonios contrarios a la verdad.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la situación laboral de Edgardo Di Mayo, uno de los trabajadores que fueron juzgados y posteriormente absueltos.
La defensa sostiene que, durante el debate oral, Ariel Rey reconoció haber incumplido una resolución de la Justicia laboral que ordenaba reincorporar al trabajador a su puesto.
Los abogados interpretan que esa manifestación podría configurar el delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal.
En consecuencia, cuestionan que el juez Alejandro López no haya dispuesto remitir los antecedentes al Ministerio Público Fiscal para determinar si correspondía iniciar una investigación.
Por ese motivo, solicitan que se extraigan copias certificadas de las declaraciones testimoniales, las actas del debate y los registros audiovisuales para su remisión a la Fiscalía.
Las presentaciones colocan nuevamente el caso ante la Justicia provincial, aunque con pretensiones claramente diferenciadas.
Por un lado, el Ministerio Público Fiscal busca revertir las absoluciones y obtener las penas que no consiguió durante el juicio, al considerar que el magistrado interpretó incorrectamente la legislación penal y las pruebas incorporadas al expediente.
Por otro, las defensas no cuestionan las absoluciones, sino que pretenden modificar la decisión sobre los gastos judiciales y promover investigaciones por presuntos delitos que, según sus argumentos, habrían quedado expuestos durante las audiencias.
La resolución del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás permanece como el pronunciamiento absolutorio dictado en primera instancia, mientras se tramitan las impugnaciones. Será el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires el encargado de examinar los planteos que resulten admitidos y determinar si corresponde modificar la sentencia, mantenerla o disponer otras medidas dentro de sus atribuciones.
De esta manera, un proceso judicial iniciado hace más de cinco años, que culminó con la absolución de Cabaleyro y los otros seis trabajadores, ingresa en una nueva etapa en la que se discutirán tanto la responsabilidad penal originalmente atribuida a los acusados como los cuestionamientos formulados contra quienes impulsaron la denuncia.
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