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31 octubre 2026 - 11:02
El abogado de seis trabajadores juzgados por el conflicto sindical en San Pedro envió dos cartas documento. Denuncia discriminación político-gremial y exige que cese la persecución que atribuye a la causa penal.
Imagen: La Opinión Semanario
El conflicto judicial originado en una protesta del Sindicato de Camioneros contra la empresa Rey Distribución, en San Pedro, sumó un nuevo capítulo fuera de los tribunales. El abogado de seis trabajadores involucrados en el proceso penal que también alcanzó a Maximiliano Cabaleyro y que aún mantiene ligado a Fernando Espíndola, envió dos cartas documento dirigidas al empresario Gustavo Rey y al Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand, en las que reclama el cese de lo que considera una persecución sindical y política.
Las intimaciones fueron despachadas el 27 de octubre de 2026, después del desarrollo del juicio oral ante el Tribunal en lo Criminal N.° 2 de San Nicolás. El planteo apunta especialmente a la continuidad de las actuaciones contra los trabajadores, a quienes su defensor considera injustamente sometidos a un proceso penal por haber participado en una medida de fuerza de carácter gremial.
La novedad es que el abogado Gabriel Ruíz trasladó formalmente su reclamo tanto al empresario vinculado con el origen de la denuncia como a la máxima autoridad del Ministerio Público bonaerense. En ambos casos exige que cesen las conductas que denuncia y advierte que promoverá acciones legales para reclamar una reparación por los perjuicios que atribuye al proceso.
En declaraciones a PRENSA LIBRE SN,Ruízexplicó el propósito de las notificaciones: “Notifico que continuar la apelación profundiza la discriminación político-gremial y los daños. Busco que dejen en paz a los trabajadores y seguir avanzando”.
En las cartas documento, el letrado identifica a sus seis defendidos: Maximiliano Daniel Pérez, Carlos Julián Ojeda, Lucas José Torres, Matías Agustín Torres, Enzo Ivo Ojeda y Edgardo Dimayo. Los presenta como trabajadores que participaron de una protesta laboral y sostiene que fueron sometidos a un tratamiento penal diferente del recibido por otras personas que intervinieron en la misma medida.
Según expone, en la causa quedó acreditada la participación de más de veinte personas en el conflicto, pero la acusación se dirigió contra un grupo reducido de trabajadores. Esa selección constituye, a su entender, una muestra de trato desigual por razones gremiales.
La carta dirigida a Gustavo Rey cuestiona la continuidad de la persecución que Ruiz atribuye al empresario y reclama que cesen las conductas denunciadas. En la comunicación enviada al Procurador General bonaerense, el abogado dirige el mismo cuestionamiento a la actuación del Ministerio Público Fiscal y solicita una intervención para poner fin a lo que considera un ejercicio arbitrario de la acción penal.
Ambas notificaciones invocan la Ley Nacional N.° 23.592, que establece medidas contra los actos discriminatorios. También hacen referencia a garantías constitucionales y tratados internacionales relacionados con la libertad sindical, el derecho de huelga y la protección de los trabajadores.
Las presentaciones incluyen una advertencia sobre eventuales reclamos indemnizatorios. El defensor sostiene que la continuidad del proceso y de los recursos judiciales cuestionados agrava los perjuicios personales, económicos y laborales que denuncia en representación de sus clientes. Por ese motivo, reclama el cese de las conductas señaladas y deja planteada la posibilidad de iniciar acciones para obtener una reparación.
El nuevo movimiento se produce después de un extenso recorrido judicial iniciado por los acontecimientos ocurridos en San Pedro durante 2021, cuando un conflicto entre trabajadores vinculados al Sindicato de Camioneros y la firma Rey Distribución derivó en denuncias penales. El empresario sostuvo que las medidas gremiales habían afectado el funcionamiento de su establecimiento y denunció presiones y exigencias económicas, mientras que los acusados defendieron la legitimidad de los reclamos laborales.
La investigación terminó involucrando a los dirigentes Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, además de los seis trabajadores representados por Ruiz. El expediente avanzó por acusaciones vinculadas con turbación de la posesión, coacción y extorsión, que fueron discutidas durante el proceso por las distintas defensas.
Durante el juicio oral, desarrollado ante el Tribunal en lo Criminal N.° 2 de San Nicolás, se examinaron testimonios, registros audiovisuales y documentación relacionada con el conflicto, concluyendo con la absolución de Maximiliano Cabaleyro y los seis trabajadores.
Ruiz ya había llevado sus cuestionamientos a otras instancias, incluida una denuncia vinculada con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), bajo el argumento de que el proceso constituía una criminalización de la actividad sindical. También promovió recursos judiciales relacionados con la validez de las actuaciones y las garantías de defensa.
La iniciativa abre así una nueva instancia de reclamo impulsada por la defensa de los seis trabajadores.
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