Más previsiones: Clima 30 dias
31 octubre 2026 - 10:34
La apelación cuestiona la prisión preventiva y los allanamientos. La UFI N.° 13, a cargo de Darío Giagnorio, investiga posibles hechos de violencia institucional durante los procedimientos.
La situación judicial de Maximiliano Cafiero, investigado en San Nicolás en una causa por presunta comercialización de estupefacientes, sumó un nuevo capítulo después de que su abogado presentara un recurso de apelación contra la resolución que lo mantiene privado de su libertad. El planteo no se limita a discutir la necesidad de la prisión preventiva: también cuestiona la manera en que se obtuvieron las pruebas y señala que algunas actuaciones policiales ya dieron origen a una investigación penal independiente.
La presentación fue realizada el 28 de octubre por el abogado Marcelo Guarc, luego de que el Juzgado de Garantías N.° 2, a cargo de Ricardo Prati, rechazara los pedidos de nulidad y convirtiera la detención de Cafiero en prisión preventiva mediante una resolución dictada el lunes 26. La defensa pretende que una instancia superior revoque esa decisión y ordene su libertad mientras continúa la investigación.
Uno de los datos más relevantes surge de una actuación anterior al dictado de la medida cautelar. Según consta en el recurso, el 23 de octubre la Fiscalía dispuso iniciar otra causa para investigar posibles delitos vinculados con violencia institucional, a raíz de cuestionamientos sobre los procedimientos realizados durante la investigación principal. Esa actuación fue remitida a la UFI N.° 13, a cargo de Darío Giagnorio.
Para Guarc, existe una contradicción que debe ser examinada: la Justicia mantiene detenido a su defendido utilizando elementos obtenidos durante un procedimiento cuya regularidad también está siendo investigada.
El cuestionamiento alcanza especialmente a un allanamiento efectuado en un predio donde, de acuerdo con la presentación, existen cuatro viviendas y tres cabañas ocupadas por diferentes personas. El defensor sostiene que la orden judicial permitió registrar todos los inmuebles sin individualizar suficientemente los lugares vinculados con la investigación. También denunció que la madre del imputado fue esposada, requisada y privada temporalmente de su teléfono, pese a que no se adoptaron medidas penales contra ella.
Otro punto que la defensa considera determinante es el tratamiento de las grabaciones del operativo. Guarc afirma que fueron desplazadas cámaras particulares y desconectado un dispositivo instalado dentro de una vivienda. Además, cuestiona la falta de una filmación realizada por personal policial, sobre la cual, según sostiene, existen explicaciones contradictorias: una versión indica que el registro fue descartado y otra señala que se trataba de material institucional enviado a una dependencia de la fuerza.
El abogado también pone en duda la vinculación de Cafiero con otro inmueble allanado, ubicado en Rondeau al 400, donde se secuestraron 442 gramos de cocaína y 471 gramos de marihuana. Según el recurso, la atribución de ese domicilio al acusado se apoyó en referencias indirectas y en la presencia de una foto de su padre. La defensa sostiene que no se acreditó que Cafiero tuviera disponibilidad sobre esa propiedad y cuestiona que no se hubieran adoptado medidas contra las personas que se encontraban allí.
Más allá de las objeciones a los procedimientos, la apelación introduce una discusión sobre el origen de los movimientos económicos investigados. La acusación relaciona determinadas transferencias de dinero con la presunta actividad de comercialización de drogas. Guarc rechaza esa interpretación y sostiene que los ingresos de su defendido pueden explicarse mediante actividades comerciales desarrolladas durante varios años.
Entre ellas menciona la compraventa de vehículos a través de Reising Car, un establecimiento que funcionaba sobre Av. Savio al 300, además de operaciones de cambio de divisas, préstamos particulares y servicios de vuelos en parapente. También señala la existencia de pagarés secuestrados durante la investigación y una indemnización percibida por Cafiero en 2017, a raíz de un accidente de tránsito.
La defensa considera que esos antecedentes debieron ser examinados mediante una pericia contable independiente. Según expone, ese estudio fue solicitado, pero no se realizó, mientras que el análisis económico utilizado para fundamentar la imputación fue elaborado por un integrante de la fuerza investigadora. El abogado cuestiona que se haya otorgado valor probatorio a esa evaluación sin someterla a los procedimientos propios de una pericia.
En respaldo de su posición, cita la declaración de otra persona imputada en el expediente, quien manifestó que realizaba préstamos personales y que recibía dinero en efectivo de Cafiero, que posteriormente devolvía mediante transferencias bancarias. Para el defensor, esa explicación es compatible con los movimientos registrados y no habría sido suficientemente considerada al momento de resolver la prisión preventiva.
El recurso también cuestiona determinadas observaciones efectuadas durante las tareas de vigilancia. Una de ellas corresponde al seguimiento de Cafiero mientras trasladaba una bolsa de un local de comidas rápidas. Según la interpretación de la defensa, el contenido era dinero relacionado con operaciones de cambio, mientras que los investigadores habrían considerado el episodio sospechoso dentro de la pesquisa por estupefacientes.
Otro informe policial menciona un objeto rojo que el acusado presuntamente intentaba ocultar. Guarc afirma que se trataba de una campera y sostiene que esa circunstancia fue aclarada durante una audiencia mediante la exhibición de la prenda. Con esos ejemplos busca demostrar que algunas observaciones admitían explicaciones distintas de las consideradas por la acusación.
En cuanto a la necesidad de mantener detenido a Cafiero, el abogado sostiene que la resolución judicial otorgó un peso determinante a la gravedad de los delitos investigados y a la eventual pena que podría corresponderle. Argumenta que no se evaluaron suficientemente otras circunstancias, como la ausencia de antecedentes penales, su domicilio conocido y su comportamiento durante el procedimiento.
También destaca que su defendido entregó voluntariamente el teléfono celular y proporcionó la clave de acceso, conducta que, según su interpretación, demuestra disposición a colaborar con la investigación. En el mismo sentido, cuestiona que no se hayan analizado las medidas alternativas ofrecidas para garantizar que permanezca a disposición de la Justicia sin necesidad de continuar privado de su libertad.
La investigación principal comprende presuntos delitos contemplados en el artículo 5, inciso c, de la Ley 23.737, vinculados con la comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de venta.
Guarc solicitó que la Cámara revise tanto el rechazo de las nulidades como la decisión de mantener detenido a su cliente. Además, dejó planteada la posibilidad de recurrir ante instancias superiores si su pedido no prospera.
De esta manera, la causa presenta ahora dos cuestiones que avanzan por vías diferentes: la investigación sobre la presunta actividad vinculada con estupefacientes y el examen de posibles irregularidades en uno de los procedimientos utilizados para reunir pruebas. La resolución de la apelación determinará si Cafiero continúa bajo prisión preventiva o puede afrontar el proceso en libertad, sin que ello implique una decisión definitiva sobre su responsabilidad penal.
Seguínos en WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKBZAY23n3mJkC2Du1m
Seguínos en Telegram:
https://web.telegram.org/a/#-1001779393029
