1 octubre 2026 - 05:43
La mujer, integrante del clan Rey, llamó “coimas” a lo que antes calificaba como “aportes”.
El juicio contra Maximiliano Cabaleyro vuelve a ocupar este jueves la agenda de los Tribunales de San Nicolás. Desde hoy comenzará a desarrollarse la cuarta de las nueve audiencias previstas, luego de tres jornadas que permitieron conocer las primeras piezas de una causa nacida del enfrentamiento entre el Sindicato de Camioneros y Rey Distribución, de San Pedro.
El debate llega a esta nueva instancia con un interrogante que empieza a ganar protagonismo: qué conductas pueden atribuirse concretamente a cada uno de los acusados.
La cuestión tomó especial relevancia durante la audiencia del miércoles. Ariel Rey, copropietario de la distribuidora, declaró durante más de seis horas y aseguró que la empresa realizó durante años pagos mensuales relacionados con el gremio.
En su relato identificó a Fernando Espíndola como la persona que reclamaba ese dinero y señaló que esa situación se habría repetido desde 2017. Espíndola, que había quedado involucrado originalmente en la misma causa que Cabaleyro, ya no forma parte de este juicio porque optó por un procedimiento abreviado.
A partir de allí, la defensa buscó llevar la discusión hacia una cuestión puntual: si las presuntas exigencias descriptas por Rey pueden vincularse personalmente con Cabaleyro.
Las preguntas apuntaron a diferenciar quién habría realizado cada reclamo y a remarcar que, de acuerdo con lo expuesto hasta el momento durante las audiencias, las solicitudes de dinero mencionadas por los testigos no habrían sido efectuadas directamente por el dirigente nicoleño.
Será una de las cuestiones que deberá resolver el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 después de escuchar la totalidad de la prueba.
El miércoles también volvió a aparecer el otro costado del expediente: qué estaba sucediendo laboralmente dentro de la empresa antes de la protesta de 2021.
Los abogados defensores interrogaron a Rey sobre diferencias salariales, condiciones edilicias y distintos incumplimientos atribuidos a la distribuidora.
No se trata de un elemento nuevo en el juicio. Una pericia contable oficial incorporada a la causa encontró diferencias salariales, problemas en las categorizaciones y observaciones sobre horas extras y adicionales, entre otras inconsistencias.
Para las defensas, esos datos permiten explicar el origen de los reclamos que terminaron desembocando en medidas gremiales. La discusión penal, sin embargo, transita por otro carril: determinar si durante ese enfrentamiento se produjeron acciones que excedieron una protesta sindical y configuraron los delitos incluidos en la acusación.
La paralización de la planta entre el 22 y el 26 de febrero de 2021 también ocupó parte de las primeras tres audiencias. Ariel Rey aseguró el miércoles que en aquel momento habían calculado pérdidas cercanas a $12,5 millones y estimó que, actualizadas mediante índices oficiales, superarían actualmente los $370 millones.
Un día antes, la contadora de la compañía había presentado otro cálculo ante el Tribunal: aproximadamente $13,5 millones a valores de 2021 por los cinco días de bloqueo.
Las cifras quedaron incorporadas al debate y deberán ser evaluadas junto con el resto de la documentación económica.
Tras las más de seis horas de exposición de Ariel Rey, también declaró su esposa.
Una parte de su testimonio quedó bajo la lupa de los defensores cuando se refirió como “coimas” a determinados pagos investigados. En una declaración anterior, la mujer los había mencionado como “aportes”.
Los abogados marcaron esa diferencia durante el interrogatorio y buscaron establecer por qué había cambiado la forma de caracterizar el dinero.
La tercera jornada se completó con el testimonio de una comerciante de las inmediaciones de Rey Distribución, quien describió las consecuencias que la protesta habría tenido sobre su actividad y recordó episodios ocurridos durante aquellos días.
Cabaleyro está siendo juzgado por turbación de la posesión, coacción y extorsión, junto con seis exempleados de la distribuidora. El dirigente permanece bajo una medida de coerción desde 2022 y actualmente cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Con la audiencia de este jueves, el proceso habrá consumido cuatro de las nueve fechas programadas, aunque todavía queda una cantidad importante de testimonios y prueba por producir.
Las primeras jornadas ya permitieron conocer dos reconstrucciones que deberán ser confrontadas: la de los empresarios que denuncian presiones y exigencias económicas y la que coloca en el origen del enfrentamiento una serie de reclamos laborales.
Desde hoy, mientras nuevos testigos ocupen su lugar frente al Tribunal, la discusión comenzará a avanzar sobre una cuestión todavía más determinante: cuánto de aquello que se denuncia puede probarse y qué participación concreta tuvo cada uno de los siete acusados que llegaron al juicio.
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