21 noviembre 2026 - 11:52
El Dr. Matías Di Lello considera que hay pruebas suficientes para juzgar al líder local de Libres del Sur.
El fiscal federal Matías Di Lello solicitó que Néstor Roque Frangolini, de 62 años, referente de la organización social Libres del Sur en San Nicolás, sea sometido a juicio oral por 26 hechos de presunta extorsión contra beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Según la acusación, el dirigente exigía la entrega de una parte de los ingresos que recibían los titulares del plan, bajo amenazas de gestionar la suspensión del beneficio si no cumplían con los pagos o no participaban de determinadas actividades.
El requerimiento fue presentado el 4 de noviembre ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, luego de que la Fiscalía considerara concluida la etapa de investigación.
Los hechos atribuidos a Frangolini se habrían desarrollado entre el 11 de abril de 2023 y el 9 de enero de 2024. Durante ese período, el acusado habría utilizado su posición dentro de Libres del Sur para reclamar contribuciones económicas a personas que dependían de la asistencia estatal.
La imputación comprende 26 hechos de extorsión en concurso real, delito previsto en el artículo 168 del Código Penal. El dirigente había sido procesado en mayo de 2025 y esa resolución quedó firme, aunque todavía no existe una sentencia condenatoria.
Pagos exigidos bajo amenazas de perder el beneficio
De acuerdo con la reconstrucción efectuada por el Ministerio Público Fiscal, los beneficiarios debían entregar parte del dinero que percibían mediante el programa Potenciar Trabajo, bajo conceptos que eran presentados como colaboraciones, contribuciones o aportes destinados a la organización.
La acusación sostiene que esos pagos no eran voluntarios, sino que estaban condicionados por amenazas relacionadas con la continuidad de la prestación.
También se investigó la presunta obligación de asistir a marchas, movilizaciones, actos y otras actividades políticas convocadas por la agrupación. Según la Fiscalía, quienes se negaban a participar o a entregar dinero recibían advertencias sobre una eventual suspensión o baja del programa.
En su requerimiento, Di Lello sostuvo que “existen elementos de convicción suficientes para requerir la elevación a juicio”, a partir de las declaraciones testimoniales, la documentación reunida y los estudios periciales incorporados al expediente.
Para el fiscal, ese conjunto de pruebas permite sostener la acusación y avanzar hacia la instancia de debate oral, donde deberá determinarse la responsabilidad penal del imputado.
Transferencias bancarias y entregas de dinero
Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el análisis de los movimientos financieros vinculados con Frangolini.
Según los peritajes, el dirigente recibía dinero mediante transferencias a una cuenta bancaria personal y también a través de entregas en efectivo, realizadas durante reuniones de la organización o en sus oficinas.
Los registros bancarios permitieron identificar operaciones periódicas provenientes de distintas personas, con importes que iban desde los $1.000 hasta los $34.000.
En enero de 2024, la cuenta registró 110 transferencias y un saldo a favor de aproximadamente $1.100.000, datos que fueron incorporados a la investigación para analizar el origen y la frecuencia de los movimientos.
La Fiscalía relacionó esas operaciones con los testimonios de beneficiarios que aseguraron haber entregado dinero por temor a perder el programa social.
El fiscal Matías Felipe Di Lello afirmó que el acusado “vulneró la libertad de cada una de las 26 personas”, mediante intimidaciones destinadas a obtener los fondos reclamados.
También señaló que “se vislumbra en su accionar la finalidad patrimonial perseguida”, junto con la influencia que habrían tenido las amenazas sobre las decisiones de los beneficiarios.
La vulnerabilidad económica de las víctimas
La situación de quienes recibían el programa Potenciar Trabajo fue otro de los elementos considerados relevantes por la acusación.
Según el requerimiento fiscal, los damnificados dependían de esos ingresos para afrontar necesidades de sus hogares, circunstancia que habría incrementado el efecto de las amenazas atribuidas al dirigente.
En ese sentido, Di Lello sostuvo que las intimidaciones generaban “temor de perder el ingreso con el que cada uno de los beneficiarios sustentaba su hogar”.
El fiscal explicó que, como consecuencia de esa presión, las personas afectadas realizaron transferencias bancarias o entregaron dinero en efectivo al imputado o a intermediarios.
Para la acusación, esas operaciones no respondían a decisiones libres de los beneficiarios, sino a la posibilidad de perder una asistencia económica que resultaba importante para su subsistencia.
Al fundamentar el pedido de juicio, Di Lello también expresó que “no se advierten elementos que permitan considerar la presencia de alguna causal de exclusión de la culpabilidad”.
De esta manera, la Fiscalía consideró reunidos los elementos necesarios para sostener que los hechos investigados podrían configurar el delito de extorsión.
La investigación comenzó a partir de una publicación periodística
El expediente tuvo su origen en enero de 2024, cuando una publicación periodística expuso presuntas irregularidades relacionadas con la administración del programa Potenciar Trabajo en San Nicolás.
La información motivó la intervención de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), encabezada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
Las primeras actuaciones estuvieron orientadas a establecer si existían conductas delictivas relacionadas con la exigencia de dinero a titulares de programas sociales.
Posteriormente, por razones de competencia territorial, la investigación pasó a la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, bajo la responsabilidad del fiscal Matías Felipe Di Lello.
Durante la instrucción se reunieron testimonios de beneficiarios, documentación vinculada con el programa, registros bancarios y distintas pericias que permitieron reconstruir los pagos investigados.
Con esos elementos, la Fiscalía solicitó el procesamiento del dirigente, medida que fue dictada en mayo de 2025 y quedó firme.
Ahora, concluida la investigación, el pedido de elevación a juicio deberá ser evaluado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Nicolás.
La presentación fiscal no constituye una condena. La responsabilidad penal de Néstor “Roque” Frangolini deberá determinarse en la instancia judicial correspondiente, a partir del examen de las pruebas y del ejercicio de su derecho de defensa.
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