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13 noviembre 2026 - 18:31
El juicio por crímenes cometidos contra 62 víctimas en San Nicolás y la región concluyó con siete condenados y un absuelto. Los fundamentos se conocerán en febrero.
Imagen de archivo.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de Rosario dictó una sentencia de prisión perpetua y otras seis condenas de entre tres y seis años de prisión en el juicio conocido como “Saint Amant IV”, en el que se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en jurisdicción del Área Militar 132, con sede en San Nicolás. Un octavo acusado fue absuelto por el beneficio de la duda.
La resolución se conoció el miércoles 11 de noviembre, después de un debate iniciado en marzo de 2024, durante el cual declararon más de 100 testigos. El proceso reunió cinco expedientes judiciales —“Marfott de Trod”, “Berg”, “Santillán”, “Francioni” y “Comolli”— vinculados con secuestros, allanamientos ilegales, torturas y homicidios que afectaron a 62 víctimas.
Los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodrígues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario establecieron que los hechos examinados “constituyen crímenes de lesa humanidad”. Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el 15 de febrero de 2027.
La pena más elevada recayó sobre Omar Andrada, de 89 años, quien durante la dictadura estuvo a cargo de la Sección Inteligencia San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101. El tribunal lo condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por su responsabilidad en numerosos delitos, entre ellos ocho homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad, allanamientos ilegales, tormentos y un robo agravado.
La sentencia representa un nuevo pronunciamiento judicial sobre el funcionamiento del aparato represivo que operó en San Nicolás y distintas localidades de la región bajo el mando del fallecido coronel Manuel Fernando Saint Amant.
En el caso de Omar Andrada, los magistrados lo consideraron autor de 27 allanamientos ilegales de domicilio, una privación ilegítima de la libertad y otras 24 agravadas por mediar violencia. También le atribuyeron cuatro privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por haberse prolongado durante más de un mes y otros 32 hechos agravados tanto por la violencia ejercida como por la duración del cautiverio.
A esas conductas se sumaron tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de 52 víctimas, ocho homicidios agravados por el concurso premeditado de dos o más personas y por procurar la impunidad, además de un robo agravado cometido en lugar poblado y en banda.
No obstante, Andrada fue absuelto por el beneficio de la duda en cuatro hechos de tormentos agravados. También recibió absoluciones, por aplicación del principio de congruencia, respecto de tres privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y cuatro allanamientos ilegales.
El exoficial Enabel Otilio Cappa, de 91 años, quien integró la delegación San Nicolás de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), recibió una condena de seis años de prisión. El tribunal lo consideró coautor de seis privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por mediar violencia, aunque lo absolvió de las acusaciones vinculadas con seis homicidios agravados y tormentos agravados contra seis víctimas.
Por su parte, Adrián Domingo Meisner, excabo de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, fue condenado a cinco años de prisión. Los jueces consideraron acreditada su coautoría en tres allanamientos ilegales, su participación secundaria en una privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y su responsabilidad en un hecho de tormentos agravados contra una persona perseguida por motivos políticos.
Otra de las condenas alcanzó a Miguel Ángel Amarillo, exoficial de la delegación local de la DIPBA, quien recibió cuatro años de prisión, inhabilitación absoluta durante el cumplimiento de la pena y el pago de las costas judiciales. Fue declarado coautor de tres privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por mediar violencia, mientras que resultó absuelto por los tormentos agravados atribuidos en perjuicio de tres víctimas.
El exsubteniente Carlos Manuel Biglieri, que estuvo al frente de la Sección Antisubversiva del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, fue condenado a tres años y seis meses de prisión por un allanamiento ilegal y una privación ilegítima de la libertad agravada por violencia.
En tanto, los exoficiales de la DIPBA Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional, al ser considerados coautores de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia.
Ambos deberán cumplir determinadas reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse a la víctima y a sus allegados, realizar un curso de 100 horas sobre derechos humanos y abstenerse de utilizar armas de fuego.
El octavo acusado, el excabo Gregorio Mancilla, fue absuelto de todos los delitos que se le atribuían, por aplicación del beneficio de la duda.
Durante la tramitación del proceso también habían estado acusados el policía Hubo Bellet y los militares Nicolás Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Bernardo Luis Landa. Sin embargo, los cuatro fallecieron antes del veredicto, por lo que se declaró extinguida la acción penal respecto de ellos.
Uno de los episodios reconstruidos durante el juicio fue el operativo represivo contra la familia Berg, ocurrido en San Nicolás durante mayo de 1976.
En la madrugada del 16 de mayo de ese año, integrantes del Ejército Argentino pertenecientes al Área Militar 132 irrumpieron en una vivienda de calle Reynoso, donde residía la familia. Los efectivos portaban armas largas, habían desplegado personal sobre los techos de propiedades vecinas y mantenían cercado el inmueble.
Durante el procedimiento fueron secuestrados Juan Berg Frank y sus dos hijos mayores, que entonces tenían 15 y 18 años. Los tres fueron trasladados inicialmente a un calabozo del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás.
Esa misma noche se realizó un segundo operativo en el domicilio, durante el cual fueron detenidos María Mayer de Berg y sus tres hijos menores, de 11 años, un año y medio y apenas cuatro meses.
La mujer y los niños también fueron trasladados al batallón. Allí, María Mayer de Berg fue sometida a interrogatorios en los que intentaban obligarla a reconocer una supuesta pertenencia al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Recuperó la libertad al día siguiente.
La situación de su esposo y sus hijos mayores fue diferente. Desde el batallón fueron trasladados a la Delegación Local de la Policía Federal, donde sufrieron golpes, amenazas y distintas formas de violencia psicológica.
Juan Berg Frank permaneció privado de su libertad durante 18 días, mientras que sus dos hijos mayores fueron liberados después de dos jornadas de cautiverio.
La causa “Berg” también comprendió otros hechos de privación ilegítima de la libertad, torturas y dos homicidios cometidos durante 1976, que afectaron a personas vinculadas, en algunos casos, con el Partido Comunista (PC).
Otro de los expedientes incorporados al debate fue “Marfott de Trod”, relacionado con un operativo ocurrido el 17 de noviembre de 1976 en una vivienda situada en el cruce de Schubert y Chopin, en San Nicolás.
La propiedad pertenecía a los militantes Cecilia Marfott y Jorge Luis Trod, quienes eran buscados por las fuerzas represivas bajo la sospecha de integrar la organización político-militar Montoneros.
Según se reconstruyó durante el proceso, miembros de la Policía de la Provincia de Santa Fe llegaron al domicilio y realizaron un allanamiento ilegal.
En ese contexto fue capturado Ignacio Valetin Sabena, quien se desempeñaba como cuidador de la vivienda. El hombre fue sometido a torturas y posteriormente asesinado.
Cecilia Marfott y Jorge Luis Trod lograron escapar del lugar después de ser advertidos por vecinos sobre la presencia de los uniformados.
El expediente permitió reconstruir tanto el operativo ilegal como el homicidio cometido durante aquella intervención.
La investigación identificada como “Santillán” abordó la persecución sufrida por integrantes de la organización Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que desarrollaban actividades políticas en la denominada Regional Norte-Norte, también conocida como Riberas del Paraná.
Entre las víctimas se encontraban Benjamín Santillán, Carlos Alberto Aranda, María Cristina Lanzilloto, Carlos Gerardo Pérez, Leonor Genoveva Pierro e Irenes Ballester.
Los seis fueron detenidos durante la represión ilegal y continúan desaparecidos.
En el mismo expediente se investigaron las privaciones ilegítimas de la libertad sufridas por Anito Prado, Omar Eduardo Inza, Rubén Rodríguez Moreno y Andrés Carlos Fassy.
Las otras dos causas incorporadas al juicio permitieron ampliar la reconstrucción de los delitos cometidos en la región.
En “Francioni” se analizaron hechos represivos contra trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Pergamino, mientras que en “Comolli” se juzgó la persecución de militantes sindicales y obreros metalúrgicos, muchos de ellos vinculados con la agrupación Felipe Vallese.
Los cinco expedientes reunidos en “Saint Amant IV” permitieron examinar la actuación de distintas estructuras militares, policiales y de inteligencia dentro de la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba buena parte del noroeste bonaerense.
La acusación estuvo a cargo del fiscal general Adolfo Villatte, acompañado por los auxiliares fiscales Juan Patricio Murray y Álvaro Baella, integrantes de la Unidad de Asistencia a las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas durante el Terrorismo de Estado, Jurisdicción Rosario.
También participaron como querellantes Evangelina Lardone, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Sebastián Metz y Verónica Bogliano, por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; y Gabriel Elías Heriberto Ganón, por la Comisión Provincial por la Memoria.
Con el veredicto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de Rosario cerró una nueva etapa del juzgamiento de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado en San Nicolás y la región.
La sentencia estableció las responsabilidades penales de siete acusados y la absolución de un octavo. La fundamentación jurídica completa de esas decisiones será presentada el 15 de febrero de 2027.
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