19 noviembre 2026 - 17:17
El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 de Javier Milei. La Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus facultades para controlar y autorizar los incrementos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este jueves 19 de noviembre la inconstitucionalidad de dos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, mediante los cuales el gobierno de Javier Milei había eliminado los controles estatales sobre los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. La decisión representa un cambio importante en el régimen que regula los precios de los planes de salud privados y establece que la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus facultades de fiscalización y autorización de los incrementos.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes resolvieron por unanimidad confirmar la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto presidencial. Se trata del primer pronunciamiento del máximo tribunal que declara inválidas disposiciones del DNU 70/2023.
La resolución se produjo a partir de una demanda presentada por María del Carmen Bobbio, afiliada a Swiss Medical, quien recurrió a la Justicia después de sufrir un aumento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
Según los antecedentes del expediente, la mujer abonaba $136.161,21 en diciembre de 2023, mientras que dos meses después el importe había ascendido a $301.218,02. La afiliada cuestionó esos incrementos porque fueron aplicados después de la eliminación de los mecanismos de control que anteriormente ejercía el Estado.
En su presentación sostuvo que, de haberse mantenido el régimen previo, la actualización prevista para enero de 2024 habría sido del 6,26%, una diferencia considerable respecto de los aumentos que efectivamente recibió.
La causa llegó a la Corte Suprema después de que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata declarara inconstitucionales las disposiciones cuestionadas y ordenara restablecer la intervención estatal sobre la determinación de las cuotas.
Tanto Swiss Medical como el Estado nacional apelaron aquella decisión, por lo que el expediente quedó bajo análisis del máximo tribunal.
Al resolver el caso, los jueces consideraron que el Poder Ejecutivo no había demostrado la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran modificar mediante un decreto de necesidad y urgencia una ley sancionada por el Congreso de la Nación.
En particular, cuestionaron que el Gobierno hubiera fundamentado la eliminación de los controles en referencias generales a la crisis económica y sanitaria y a la necesidad de incrementar la competitividad del sistema privado de salud.
Para los magistrados, esas explicaciones no resultaron suficientes para acreditar que la situación exigiera adoptar las modificaciones de manera inmediata, sin recurrir al procedimiento legislativo ordinario.
La sentencia recordó que el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional establece condiciones estrictas para que el presidente pueda dictar disposiciones de carácter legislativo mediante decretos de necesidad y urgencia.
La Corte Suprema remarcó que la utilización de esa herramienta constituye una facultad excepcional y que las razones de conveniencia política o económica no reemplazan la obligación de justificar concretamente la urgencia de las medidas adoptadas.
La decisión afecta particularmente las modificaciones introducidas en la Ley 26.682, que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga.
Antes de la desregulación, la autoridad estatal tenía atribuciones para examinar los valores de los planes médicos y sus modificaciones, además de controlar que los incrementos guardaran una relación razonable con la estructura de costos de las empresas.
El DNU 70/2023 había eliminado esas facultades, permitiendo que las compañías establecieran aumentos sin necesidad de obtener una autorización tarifaria previa bajo aquel régimen.
Con el nuevo pronunciamiento judicial, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá reasumir las funciones de revisión, fiscalización y autorización de los aumentos previstas en la legislación anterior.
Esto significa que las modificaciones de las cuotas deberán volver a estar sujetas al control del organismo nacional, que tendrá que evaluar su razonabilidad en función de las variaciones de costos y de los criterios establecidos legalmente.
Sin embargo, el fallo contiene una precisión importante: la Corte no estableció que las cuotas deban aumentar exclusivamente de acuerdo con la inflación.
Si bien la Cámara Federal había ordenado que los incrementos aplicados a la afiliada no superaran la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el máximo tribunal dejó sin efecto ese aspecto de la sentencia.
Por lo tanto, la decisión judicial restablece la intervención estatal, pero no fija un porcentaje máximo uniforme para todas las actualizaciones ni dispone automáticamente una reducción de las cuotas.
Tampoco establece por sí misma la devolución generalizada de los importes cobrados durante el período de desregulación.
El pronunciamiento tiene especial relevancia para los afiliados que iniciaron acciones judiciales después de los fuertes aumentos registrados a comienzos de 2024. Según las estimaciones difundidas, existen alrededor de 500 causas similares pendientes de resolución, que podrían verse alcanzadas por los criterios jurídicos establecidos por la Corte.
No obstante, las consecuencias concretas para cada afiliado dependerán de las características de su reclamo y de las decisiones que correspondan en los respectivos expedientes.
Los magistrados también aclararon que la declaración de inconstitucionalidad se limita a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, sin extenderse automáticamente al resto de las disposiciones incluidas en el decreto.
De esta manera, la sentencia no implica la invalidación integral de la normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, aunque establece un precedente importante sobre los límites constitucionales para modificar leyes mediante decretos presidenciales.
La resolución adquiere especial trascendencia por tratarse de un servicio directamente vinculado con el acceso a la atención médica, cuyos costos representan una parte significativa del presupuesto de numerosas familias.
En ese contexto, el máximo tribunal reafirmó la obligación del Estado de ejercer las facultades de control previstas legalmente para garantizar que las variaciones tarifarias se encuentren debidamente fundamentadas.
La decisión de la Corte Suprema marca así un límite a la desregulación de las cuotas de las prepagas: las empresas ya no podrán ampararse en los artículos invalidados del DNU 70/2023 para fijar aumentos al margen de los controles establecidos por la Ley 26.682.
El próximo paso estará relacionado con la aplicación de la sentencia y la manera en que la Superintendencia de Servicios de Salud retome sus atribuciones, en un escenario donde miles de afiliados mantienen la preocupación por el costo de sostener sus coberturas médicas.
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