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23 junio 2026 - 05:44
La investigación se extendió durante siete meses, incluyó más de 5.000 horas de escuchas telefónicas y culminó con ocho personas imputadas. Entre los detenidos hay una efectivo policial y presuntos distribuidores que respondían a un condenado alojado en el penal de Marcos Paz.
Una compleja investigación encabezada por la Fiscalía Federal de San Nicolás permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes que, según la acusación judicial, era dirigida desde el interior de la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz por un condenado por narcotráfico. La causa derivó en múltiples allanamientos simultáneos, el secuestro de drogas, vehículos, dinero en efectivo y la detención de cinco personas.
La pesquisa comenzó a mediados de agosto de 2025, cuando diversas denuncias anónimas alertaron sobre la existencia de un hombre domiciliado en la localidad de Cuartel V, partido de Moreno, que presuntamente abastecía distintos puntos de venta de drogas ubicados en el barrio Jorge Newbery y en inmediaciones de la plaza Almirante Brown.
Ante esa información, el fiscal federal de San Nicolás, Dr. Matías Di Lello, dispuso una serie de medidas investigativas para determinar la veracidad de los datos aportados.
Los primeros trabajos de campo realizados por personal de la dependencia especializada permitieron identificar movimientos compatibles con la actividad denunciada. Los investigadores detectaron la presencia de un hombre domiciliado en Arechavala al 5400, en Cuartel V, junto a su pareja, una efectivo de la Policía de la Ciudad, en distintos domicilios vinculados a la organización. Según la causa, tras sus visitas se registraba un incremento en la circulación de personas en los lugares observados.
Con esos elementos, el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, a cargo del Dr. Carlos Villafuerte Ruzo, autorizó la intervención de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos utilizados por los sospechosos.
Las escuchas se prolongaron durante siete meses. En total fueron monitoreadas hasta diez líneas telefónicas y se analizaron aproximadamente 5.000 horas de conversaciones, una tarea que, según fuentes judiciales, resultó clave para reconstruir el funcionamiento de la organización.
De acuerdo con la investigación, los puntos de venta de drogas detectados tenían además una línea de abastecimiento proveniente de Junín, en una vivienda ubicada en Peira al 100, y de Chacabuco, en un domicilio de Padre Doglia al 400. Los investigadores concluyeron que el líder de esa estructura se encontraba cumpliendo una condena por comercialización de estupefacientes en el penal de Marcos Paz, desde donde continuaba coordinando las operaciones.
La causa también permitió identificar inmuebles vinculados a la organización en Pergamino. Entre ellos figuran propiedades ubicadas en Sáenz Peña al 500, Patrone al 900, Mendoza y Champagnat, Mandarino s/n, Mandarino y vías, y Namuncurá al 100. También se investigó una vivienda situada en Tierra del Fuego y Mirazo, en la localidad de Rancagua.
Según los investigadores, en esos lugares se documentaron actividades relacionadas con la venta de drogas, el almacenamiento de estupefacientes y la recaudación de dinero proveniente de la actividad ilícita.
La estructura, siempre según la hipótesis fiscal, estaba organizada en distintos niveles. En la cúspide aparecía el condenado alojado en Marcos Paz. Luego actuaban la pareja radicada en Cuartel V y colaboradores en Junín y Chacabuco encargados de la distribución, mientras que el último eslabón estaba integrado por los vendedores minoristas.
Con toda la evidencia reunida, el fiscal Di Lello solicitó al juez Villafuerte Ruzo un total de 16 órdenes de allanamiento. Los procedimientos incluyeron domicilios particulares, una celda del penal de Marcos Paz y otra ubicada en la Comisaría Primera de Luján.
Los operativos fueron coordinados por la Delegación de Drogas Ilícitas Pergamino y contaron con la participación de alrededor de 200 efectivos policiales. Intervinieron además unidades especializadas de San Isidro, Lomas de Zamora, Trenque Lauquen, Zárate, Adolfo Alsina, Chivilcoy, Mar del Plata, Necochea y Dolores, junto a la Sección Canes, el Grupo Halcón, personal de Seguridad Siniestral, efectivos del GAD e Infantería.
Durante los allanamientos fueron secuestrados ladrillos de marihuana, cocaína compacta y fraccionada para su comercialización, balanzas de precisión, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, además de dos vehículos utilizados presuntamente para la logística de la organización: un Peugeot 308 blanco y un Peugeot 208.
Como consecuencia del procedimiento, la Justicia Federal ordenó la detención e incomunicación de cinco personas —tres mujeres y dos hombres— acusadas de integrar una red dedicada a la comercialización de estupefacientes. El delito imputado prevé penas de entre cinco y quince años de prisión.
Asimismo, otros tres involucrados continúan sometidos al proceso penal mientras avanza la investigación judicial.
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