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23 octubre 2026 - 05:57
Gabriel Ganón solicitó la detención inmediata del expolicía condenado por los homicidios de Ulises Rial y Ezequiel Corbalán.
A más de seis años de los homicidios de Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, los dos jóvenes que fueron atropellados por un patrullero durante una persecución policial en la zona norte de San Nicolás, el abogado Gabriel Ganón presentó un pedido urgente de captura y detención contra Pablo Nicolás Moresco, el expolicía condenado por el hecho. El planteo busca que comience a cumplir la pena de prisión, luego de un extenso recorrido judicial que incluyó modificaciones de la calificación penal, una nueva determinación de la condena y sucesivos recursos ante tribunales superiores.
La presentación sostiene que la sentencia se encuentra en condiciones de ser ejecutada y que la queja interpuesta por la defensa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene efecto suspensivo automático. Ganón también invocó un presunto riesgo de fuga, vinculado con la posibilidad de que Moresco deba ingresar a prisión para cumplir la sanción.
El episodio que dio origen a la causa ocurrió durante la madrugada del 1 de junio de 2020, cuando Rial y Corbalán circulaban en moto por el barrio San Martín, en plena vigencia de las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus. Durante una persecución policial, el patrullero conducido por Moresco impactó contra el vehículo en el que viajaban ambos jóvenes, quienes murieron como consecuencia del choque.
La investigación judicial se concentró en la conducta del efectivo que manejaba el móvil. Entre las circunstancias examinadas estuvieron la circulación del patrullero por la mano contraria y la ausencia de señales sonoras y luminosas reglamentarias durante la maniobra que terminó con el impacto.
El caso llegó a juicio oral en octubre de 2022. En aquella oportunidad, la Justicia consideró que Moresco había actuado con dolo eventual y lo condenó a 17 años de prisión por el homicidio de ambos jóvenes. La resolución representó un primer resultado judicial para las familias, que desde el inicio reclamaron responsabilidades por la actuación policial.
Sin embargo, la sentencia fue apelada y en mayo de 2023 la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense modificó sustancialmente el encuadre jurídico. Los jueces entendieron que la conducta debía calificarse como homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor y por la cantidad de víctimas fatales, al considerar que las muertes habían sido consecuencia de una maniobra imprudente y no de una acción realizada con dolo eventual.
Esa decisión dejó sin efecto la pena original de 17 años y modificó la escala penal aplicable, cuyo máximo para la figura considerada era de seis años de prisión. La intervención de Casación no significó una absolución: se mantuvo la responsabilidad penal de Moresco, pero bajo una calificación menos gravosa.
El expediente continuó su recorrido por los tribunales superiores y, posteriormente, regresó a la instancia de origen para establecer una nueva pena. El 5 de julio de 2024 se realizó una audiencia de cesura ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, destinada a evaluar los agravantes y atenuantes que debían considerarse para fijar la sanción correspondiente al nuevo encuadre legal.
En el escrito presentado ahora, Ganón señala que, una vez dictada esa nueva sentencia, la defensa volvió a recurrir y que el Tribunal de Casación Penal confirmó la decisión. También afirma que la Suprema Corte de Justicia bonaerense ratificó la condena y declaró inadmisible el recurso extraordinario federal.
Según la presentación, el último movimiento de la defensa consistió en interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa vía busca que el máximo tribunal revise la denegación del recurso extraordinario, pero su sola presentación no supone que la Corte haya aceptado intervenir ni que haya dispuesto suspender la ejecución de la sentencia.
Precisamente sobre ese punto se apoya el nuevo reclamo. Ganón citó el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y distintos antecedentes jurisprudenciales para sostener que la queja no interrumpe automáticamente el curso del proceso. A su entender, la condena ya fue suficientemente revisada y corresponde avanzar con su cumplimiento.
El abogado también indicó que el cómputo de pena ya fue practicado y aprobado, circunstancia que considera relevante para solicitar la ejecución de la sanción.
Otro de los fundamentos del pedido es el riesgo de fuga. Ganón sostiene que la inminencia de cumplir una pena de prisión constituye un incentivo para intentar eludir la acción de la Justicia y cuestiona las sucesivas impugnaciones de la defensa, a las que atribuye un efecto dilatorio.
El letrado también invocó los derechos de las víctimas y sus familiares a obtener una respuesta judicial efectiva. En su presentación recordó que el proceso comenzó hace más de seis años y sostuvo que, una vez agotadas las instancias correspondientes, debe garantizarse el cumplimiento de la sentencia.
Finalmente, solicitó que se ordene con carácter urgente la captura y detención de Pablo Nicolás Moresco, con posterior alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario.
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