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4 octubre 2026 - 11:35
Tras cinco jornadas de debate, los abogados desistieron de todos sus testigos porque consideran que la propia prueba de la acusación no habría logrado acreditar extorsiones ni coacciones.
El juicio contra Maximiliano Cabaleyro y seis exempleados de Rey Distribución entrará esta semana en su tramo decisivo con una definición que anticipa cuál será la estrategia defensiva en los alegatos: los abogados resolvieron renunciar a la totalidad de los testigos que habían ofrecido porque consideran que la prueba producida hasta el momento ya resulta suficiente para sostener que no se acreditaron los delitos de extorsión y coacción.
Si bien se trata de la postura de las defensas y no de una conclusión judicial, al tratarse de letrados experimentados en materia penal, habla de la confianza que tienen sobre la calidad de la prueba que se expuso hasta el momento por parte de la fiscalía. La valoración definitiva de los testimonios, documentos, audios y demás elementos incorporados durante el debate corresponderá al Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás.
Este lunes está previsto que declaren los últimos testigos de la acusación. Para el martes, en tanto, se esperan los alegatos finales, cuando acusadores y defensores deberán explicar ante los jueces qué consideran probado después de las audiencias y qué resolución pretenden para cada uno de los imputados.
Uno de los testimonios que quedó especialmente bajo discusión fue el de Valeria Chichizola, esposa de Ariel Rey.
Durante su declaración ante el Tribunal se refirió como “coimas” a determinadas entregas de dinero investigadas en la causa. Sin embargo, en manifestaciones anteriores había utilizado el término “aportes” para describir esos pagos. Ante los jueces atribuyó aquella diferencia a una confusión inicial. La modificación fue señalada durante el interrogatorio y pasó a formar parte de los elementos que las defensas pretenden utilizar para cuestionar la consistencia de la acusación.
La cuestión no es menor dentro del juicio. Una de las hipótesis centrales de la causa sostiene que desde 2017 los propietarios de Rey Distribución habrían realizado entregas periódicas de dinero bajo presión para evitar conflictos que afectaran el funcionamiento de la empresa. La Fiscalía atribuyó a Cabaleyro y Fernando Espíndola participación en esas maniobras.
Precisamente, determinar qué representaban aquellos pagos y bajo qué circunstancias se efectuaban se convirtió en uno de los puntos discutidos durante el debate.
En la investigación inicial, la propia Chichizola había declarado haber visto a Espíndola concurrir al establecimiento en busca de dinero.
Por eso, para la defensa resulta central contrastar aquellas primeras declaraciones con lo que las mismas personas pudieron sostener años después, bajo interrogatorio y contrainterrogatorio frente al Tribunal.
La discusión sobre la solidez de esos relatos volvió a aparecer durante la audiencia del viernes, cuando declaró otra de las esposas de los hermanos Rey, Betiana Parra.
Ella insistió en que los Rey pagaron “coimas” y admitió saber que dicha transacción es un delito cometido por las dos partes, es decir, por quién las da y por quién las recibe. Sin embargo, manifestó que su esposo no es culpable.
Su exposición también fue considerada inconsistente por las defensas, que incorporarán esas diferencias a su evaluación general de la prueba. Como ocurre con el testimonio de Chichizola, esa caracterización corresponde por ahora a la estrategia defensiva y será materia de los alegatos.
Las primeras jornadas habían tenido como protagonistas a los propios Gustavo y Ariel Rey. El primero declaró durante más de cinco horas en la apertura del juicio, mientras que Ariel lo hizo durante otra extensa audiencia. Ambos sostuvieron la existencia de pedidos de dinero relacionados con el gremio, aunque las defensas concentraron sus preguntas en establecer quién efectuaba concretamente esas exigencias y qué participación directa podía atribuirse a Cabaleyro.
La acusación original sostiene que los hermanos Rey fueron víctimas de entregas de dinero realizadas por temor a que la actividad de la distribuidora fuera paralizada. También vinculó la interrupción de las actividades ocurrida posteriormente con la decisión de dejar de efectuar esos pagos.
La quinta jornada sumó además la declaración de Cecilio Salazar, intendente de San Pedro, quien permaneció durante poco más de una hora ante el Tribunal.
Durante su declaración, el intendente explicó que la familia Rey recurrió a él para intentar destrabar el conflicto, por lo que mantuvo gestiones destinadas a acercar posiciones con referentes de Camioneros. Al referirse a lo que ocurría frente a la distribuidora, aseguró que no tenía conocimiento de que los vehículos estuvieran impedidos de entrar o salir del establecimiento.
Durante la audiencia se escucharon además audios de comunicaciones entre Cecilio Salazar y Maximiliano Cabaleyro. En una de esas conversaciones surgió que habían coordinado una constatación para verificar que el acceso a la empresa permaneciera liberado. El intendente también aclaró por qué se dirigía al dirigente camionero como “compañero”: señaló que ese trato formaba parte de su vínculo previo con el ámbito sindical.
El expediente tampoco llegó intacto al juicio oral. La acusación inicial contemplaba distintos episodios de turbación de la posesión, coacción, extorsión y tentativa de extorsión. Sin embargo, la Sala V del Tribunal de Casación Penal resolvió el 18 de noviembre de 2025 modificar parcialmente ese escenario y recalificó uno de los hechos que había sido considerado tentativa de extorsión como turbación de la posesión respecto de Cabaleyro y Espíndola.
El expediente llegó a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás con Maximiliano Cabaleyro y seis exempleados de Rey Distribución entre los acusados. Fernando Espíndola, quien también había sido investigado en la causa, tomó otro camino procesal y no integra este debate tras acogerse a un procedimiento abreviado.
Ahora el proceso entra en otra etapa. Este lunes la acusación terminará de presentar sus testigos y, al haber desistido las defensas de producir los propios, el debate quedará encaminado directamente hacia los alegatos del martes.
Allí aparecerá con toda claridad la disputa que atravesó las últimas jornadas. La Fiscalía deberá explicar por qué considera que la prueba confirmó las acusaciones que sobrevivieron hasta el juicio. Las defensas intentarán demostrar exactamente lo contrario: que los propios testimonios y elementos presentados por la acusación no alcanzaron para probar que existieron extorsiones ni coacciones.
Después de los alegatos, esa discusión dejará de estar exclusivamente en manos de las partes. Será el Tribunal el encargado de determinar qué quedó efectivamente probado y cuál es la responsabilidad —o ausencia de ella— de cada uno de los acusados.
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