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15 agosto 2026 - 08:55
El máximo tribunal revocó el sobreseimiento de Juan Carlos Marchetti, investigado por su actuación en la guarda y posterior adopción de Manuel Gonçalvez Granada, quien recuperó su identidad en 1995.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó por mayoría el sobreseimiento del exjuez de Menores de San Nicolás Juan Carlos Marchetti, investigado por la presunta sustracción, sustitución y ocultamiento de la identidad de Manuel Gonçalvez Granada, sobreviviente de un operativo represivo ocurrido durante la última dictadura militar. El máximo tribunal ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento en la causa.
La resolución hizo lugar al planteo impulsado por el fiscal general Javier De Luca, cuyo recurso fue posteriormente sostenido ante la Corte por el procurador general interino Eduardo Casal. La mayoría estuvo integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Vallefin y Richar Gallego, mientras que Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti votaron en disidencia.
El expediente tiene su origen en uno de los episodios más graves ocurridos en San Nicolás durante el terrorismo de Estado. En la madrugada del 19 de noviembre de 1976, fuerzas del Batallón de Ingenieros de Combate 101, la Policía Federal y las policías bonaerense y santafesina irrumpieron en una vivienda de Juan B. Justo al 600. Allí fueron asesinados Omar Darío Amestoy, María del Carmen Fettolini y sus hijos Fernando y María Eugenia. También murió quien entonces era conocida como María Cristina Loza. Su bebé, de seis meses, sobrevivió escondido dentro de un ropero.
El niño fue llevado por problemas de salud al Hospital San Felipe y quedó a disposición de Marchetti. Según consta en la investigación, el entonces magistrado realizó algunas diligencias para localizar familiares, pero en febrero de 1977, sin haber determinado fehacientemente su identidad, lo entregó en guarda provisoria a un matrimonio amigo de su cuñado. La fiscalía señaló que esa vinculación estaba expresamente prohibida por la legislación provincial.
Con el paso de los años se estableció que la mujer identificada como María Cristina Loza era en realidad Ana María del Carmen Granada y que el padre del bebé, Gastón Roberto José Gonçalvez, había sido detenido ilegalmente, torturado y asesinado en Escobar en marzo de 1976. Manuel finalmente recuperó su verdadera identidad en 1995.
La Fiscalía Federal de San Nicolás inició de oficio una investigación sobre la actuación de Marchetti y otros exfuncionarios judiciales que intervinieron entre 1976 y 1981 en los expedientes relacionados con la guarda y posterior adopción del niño.
Durante el trámite de la causa, el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo rechazó en dos oportunidades los pedidos para citar a indagatoria a los investigados y dispuso sus sobreseimientos. Ambas decisiones fueron revocadas por la Cámara Federal de Rosario, aunque posteriormente la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló lo resuelto por el tribunal rosarino.
De Luca recurrió esa resolución y cuestionó que se hubiera cerrado la investigación sin considerar elementos que, a criterio de la acusación, resultaban relevantes. Entre ellos mencionó que en 1978 organismos de derechos humanos que buscaban hijos de desaparecidos se presentaron ante el juzgado de Marchetti y que el magistrado no informó que un año antes había entregado en guarda a un niño sobreviviente de un operativo represivo.
Casal coincidió posteriormente con ese planteo y sostuvo que no podía descartarse que los hechos investigados constituyeran delitos de lesa humanidad. También remarcó que la retención y el ocultamiento de un menor son delitos de carácter permanente y que, en este caso, esa situación se extendió hasta 1995, cuando Gonçalvez Granada recuperó su identidad.
Finalmente, el 6 de agosto, la Corte Suprema admitió la queja, declaró procedente el recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público Fiscal, dejó sin efecto la resolución de Casación y ordenó emitir un nuevo pronunciamiento. La decisión vuelve así a abrir el camino judicial para determinar la eventual responsabilidad del exjuez nicoleño en los hechos investigados.
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