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19 julio 2026 - 10:42
La Suprema Corte bonaerense ordenó resolver si la causa por el conflicto gremial de San Pedro está prescripta. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás es quién debe expedirse.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió suspender el trámite del recurso extraordinario federal presentado por la defensa de seis trabajadores afiliados al Sindicato de Camioneros vinculados a la causa judicial originada tras el conflicto gremial ocurrido en San Pedro en 2021. Antes de avanzar sobre los planteos de fondo, el máximo tribunal provincial dispuso que se determine si la acción penal continúa vigente o si, como sostiene la defensa, se encuentra prescripta.
La decisión beneficia, en esta instancia, a Matías Agustín Torres, Lucas José Torres, Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda y Maximiliano Daniel Pérez, todos representados por el abogado Gabriel Rogelio Ruiz.
En su presentación, el defensor insistió en que la acción penal ya debería considerarse extinguida por el paso del tiempo y planteó además supuestas nulidades procesales, afectaciones a garantías constitucionales y un conflicto de competencia.
Sin embargo, la Suprema Corte entendió que el primer punto a resolver es precisamente el referido a la prescripción. Para fundamentar esa decisión recordó la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que ese tipo de cuestiones, por tratarse de materia de orden público, debe analizarse antes que cualquier otro agravio.
Por ese motivo, el expediente fue remitido al Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial San Nicolás, que deberá abrir el incidente correspondiente, resolver si la acción penal permanece vigente y comunicar esa decisión una vez que quede firme. Recién después continuará el tratamiento del recurso extraordinario federal.
La resolución fue firmada por los jueces Ricardo Ramón Maidana, Hilda Kogan, Daniel Fernando Soria y Sergio Gabriel Torres, con la actuación del secretario Roberto Daniel Martínez Astorino.
El recurso extraordinario federal había sido presentado por Gabriel Ruiz junto con una acción autónoma de hábeas corpus, con el objetivo de que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La presentación también involucra a todos sus representados en este expediente, quienes afrontan un juicio oral previsto para el 28 de septiembre de 2026 en una causa que se tramita ante la UFI N° 7 de San Pedro, el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial San Nicolás y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás.
En el escrito, Ruiz sostiene que sus defendidos son “trabajadores de base que acataron una medida de fuerza pacífica ordenada por el Sindicato de Camioneros” y considera que la elevación a juicio constituye una resolución “equiparable a definitiva”, ya que les ocasiona un “gravamen irreparable”.
Uno de los principales ejes de la defensa es la prescripción de la acción penal. Según el abogado, luego de que la Sala V del Tribunal de Casación Penal descartara la acusación por extorsión y recalificara los hechos como “turbación de la posesión”, el requerimiento original de elevación a juicio habría perdido vigencia. En ese contexto, afirma que entre las indagatorias de abril de 2022 y la nueva solicitud de elevación a juicio del 20 de febrero de 2026 no existieron actos válidos que interrumpieran el plazo legal.
Además, cuestionó la forma en que se impulsó el proceso. Según sostuvo, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio “entre gallos y media noche” sin notificar previamente a la defensa y afirmó que la jueza de Garantías omitió ordenar las comunicaciones correspondientes, lo que —según su postura— dejó a los imputados “en estado de indefensión”.
Otro de los cuestionamientos apunta contra la participación de la senadora bonaerense María Florencia Arietto como representante legal del particular damnificado. Ruiz sostiene que esa actuación resulta incompatible con el ejercicio simultáneo de su cargo legislativo y pidió que sea declarada nula.
En paralelo, el abogado informó que presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTM) y que envió una carta documento al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, denunciando una supuesta persecución penal derivada del conflicto sindical.
La acción de hábeas corpus también pone el foco en la situación de los dirigentes sindicales Maximiliano Emanuel Cabaleyro y Fernando José Espíndola, quienes permanecen con arresto domiciliario y monitoreo electrónico desde abril de 2022. La defensa sostiene que ambos superaron ampliamente los plazos máximos previstos para una prisión preventiva y cita el reciente fallo “Castillo” de la Corte Suprema para sostener que la restricción de su libertad constituye una “pena anticipada”.
En el petitorio final, Ruiz solicitó la suspensión inmediata del juicio oral fijado para el 28 de septiembre de 2026, el sobreseimiento de los imputados por prescripción o caducidad de la acción penal, la excarcelación de Cabaleyro y Espíndola, y la declaración de inconstitucionalidad de las normas que, a su criterio, vulneran derechos sindicales.
En diálogo con PRENSA LIBRE SN, el abogado resumió el eje de su planteo: “La prescripción implica que, tras pasar el plazo legal (por ejemplo, 2 años desde el despido), se pierde el derecho a iniciar juicio. En este caso, pasaron 3 años sin un acto que interrumpa la prescripción, y además hubo una nulidad en el proceso, por lo que ya no se puede continuar la causa”.
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