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11 agosto 2026 - 22:21
La Justicia los acusa de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. Seguirán presos hasta febrero de 2027.
La jueza federal de Garantías de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, dictó la prisión preventiva por 180 días para S.D.S., D.A.L., A.G.S., J.E.A. y J.A.M., los cinco hombres acusados de integrar una organización narcocriminal que habría intentado introducir cocaína en buques de gran porte que navegaban por la Hidrovía. En los operativos realizados en San Nicolás y Ramallo fueron secuestrados 499 kilos de cocaína.
La medida fue resuelta durante una audiencia de formalización realizada este martes. El titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y la fiscal coadyuvante Patricia Cisnero imputaron a los cinco como coautores de contrabando de exportación triplemente agravado y tráfico de estupefacientes, en las modalidades de transporte y almacenamiento, también agravado por la intervención de tres o más personas.
La causa se había iniciado el 2 de enero de este año, después de que un grupo de guardavidas encontrara un bolso estanco en inmediaciones del Camping Americano, dentro de la Reserva Natural Pehuén Co-Monte Hermoso. En su interior había alrededor de 35 kilos de cocaína con una pureza superior al 70 por ciento.
A partir de ese hallazgo, los investigadores comenzaron a reconstruir la presunta logística utilizada para sacar droga del país. La Fiscalía sostiene que se empleaba una modalidad conocida como “rip-off” o “contaminación de carga”: una embarcación pequeña se aproxima a un buque de mayor porte y, mediante un sistema de izado, intenta introducir los estupefacientes, acondicionados en bolsos impermeables, con la posible colaboración de algún integrante de la tripulación.
La investigación tuvo un punto decisivo entre el 7 y el 8 de agosto. Los seguimientos permitieron detectar movimientos de los sospechosos entre Ramallo y distintos sectores de la costa del río Paraná. Los investigadores observaron además a tres hombres acoplando a una camioneta Ford Ranger un tráiler que transportaba una embarcación semirrígida denominada “Gran Brack”.
Finalmente, alrededor de las 22:30 Hs. del sábado 8 de agosto, la embarcación fue interceptada en el kilómetro 351 del río Paraná, sobre la margen izquierda y en jurisdicción de San Nicolás. A bordo estaban J.E.A., D.A.L., A.G.S. y J.A.M., junto con siete bolsos estancos que contenían aproximadamente 232 kilos de cocaína.
También fueron secuestrados teléfonos celulares, un equipo satelital, dinero en efectivo y elementos que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, podían utilizarse para izar los bolsos hacia un buque de mayor porte.
La interceptación de la embarcación derivó en cinco allanamientos autorizados por la jueza Marrón y realizados el domingo 9 de agosto por personal de la Prefectura Naval Argentina.
Uno de los procedimientos tuvo lugar en un domicilio de Ramallo vinculado con J.E.A.. En el garaje fueron encontrados otros ocho bolsos estancos de 80 litros que contenían ladrillos de cocaína por un peso aproximado de 267 kilos. Sumados a los 232 kilos encontrados en la embarcación, el secuestro alcanzó los 499 kilos de cocaína.
Los restantes allanamientos se realizaron en una cabaña del complejo Recreo de Cabañas Costa de Ramallo, en un inmueble de calle Buenos Aires, Ramallo, en la vivienda de D.A.L. en La Reja, partido de Moreno, y en el domicilio de A.G.S. en Bernal Oeste. Allí se incautaron celulares, dispositivos electrónicos, documentación, anotaciones, equipos de navegación y localización, un GPS, un visor nocturno, un motor eléctrico, cabos y otros elementos considerados relevantes para la causa.
Durante la audiencia, Diego Iglesias sostuvo que se encuentran frente a una “verdadera organización narcocriminal” con logística, recursos económicos y capacidad para operar en diferentes jurisdicciones del país.
El fiscal también dimensionó el valor internacional del cargamento. Según explicó, los casi 500 kilos representarían no menos de 2,5 millones de dólares en una zona portuaria bonaerense. En caso de llegar a Europa, su valor podría superar los 16 millones de dólares, mientras que en mercados más alejados podría alcanzar los 45 millones de dólares.
Al solicitar las prisiones preventivas, Iglesias argumentó que la libertad de los imputados podría generar riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. También señaló que D.A.L. registra una condena a 16 años de prisión dictada por el Tribunal en lo Criminal N.º 1 de Junín y que, durante el cumplimiento de esa pena, incumplió salidas transitorias y permaneció prófugo durante un año. A.G.S., por su parte, tiene una condena a dos años y dos meses de prisión por tenencia ilegal de arma de guerra.
La jueza María Gabriela Marrón consideró que se investiga una maniobra de “importante envergadura” y que todavía restan peritajes sobre los dispositivos electrónicos y otras medidas destinadas a determinar con mayor precisión el rol de cada acusado y establecer si existen más integrantes de la organización.
Finalmente, la magistrada dispuso que D.A.L., A.G.S., J.E.A., J.A.M. y S.D.S. permanezcan en prisión preventiva durante 180 días, hasta el 7 de febrero de 2027. Además, autorizó peritajes sobre los dispositivos secuestrados, ratificó los secuestros de vehículos y embarcaciones y ordenó la inhibición general de bienes de los cinco imputados.
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