20 mayo 2025 - 20:18

Fernando Elías Whpei fue imputado además por ejercer influencia sobre el magistrado para desviar 1.000 millones de pesos de la intervención judicial de una cooperativa portuaria hacia una financiera que preside. Le dictaron prisión preventiva efectiva por 90 días y la inhibición para disponer de sus bienes por 1.500 millones de pesos.

El sitio Fiscales informó que a instancias de lo solicitado por el Ministerio Público Publico Fiscal, el juez de garantías de Rosario Eduardo Rodrígues Da Cruz dio por formalizada la imputación, dictó la prisión preventiva efectiva por 90 días y la inhibición de bienes por 1.500 millones de pesos contra un financista acusado de los delitos de extorsión y tráfico de influencias, y como partícipe necesario de prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionario público, por impulsar denuncias falsas coordinadas con el titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, el juez Marcelo Bailaque -ya imputado por graves delitos funcionales- al exigir dinero para no dañar la imagen de dos empresarios. Además, le endilgaron utilizar esas influencias para direccionar 1.000 millones de pesos hacia una entidad financiera que preside, fondos inmovilizados en cuentas bancarias que correspondían a una cooperativa portuaria intervenida, en un proceso judicial que dirigió Bailaque.

Los fiscales federales Juan Argibay Molina, de la delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC); Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario; y los fiscales titulares de la PROCELAC, Diego Velasco; de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, formalizaron el martes pasado la investigación y la solicitud de medidas cautelares a partir de los hechos atribuidos a Fernando Elías Whpei, titular de una financiera y actor relevante -según la acusación- en el legajo penal donde también quedó imputado el juez Bailaque.

El Ministerio Público Fiscal le atribuyó haber exigido a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto la entrega de 160 mil dólares a cambio de influir en trámites administrativos y judiciales a partir de sus vínculos con el juez y con el exfuncionario de la AFIP (hoy ARCA), Carlos Vaudagna. Este último declaró como imputado arrepentido, y develó el entrelazamiento de los graves hechos de corrupción que se investigan.

Coordinados para extorsionar

Argibay Molina expuso los ejes de la imputación. Indicó que en el marco de una relación de confianza y de trato habitual, “Bailaque, Vaudagna y Whpei orquestaron una causa penal contra Iglesias y Oneto para dañar su imagen”.

Bajo esa teoría del caso, a Whpei le adjudicó “haber realizado de manera coordinada con el juez y el exfuncionario de AFIP, desde el 2019 hasta el 22 de noviembre de 2024, una serie de actos que implicaron la utilización de las facultades de la exAFIP para iniciar, tramitar y direccionar actos administrativos y judiciales contra los empresarios, con el objetivo de dañar su reputación, ejercer presión y exigirle dinero a cambio de influir en los trámites”.

Al hacer un repaso cronológico de los hechos, recordó que el 14 de agosto de 2019 llegó a la sede de exAFIP la denuncia armada donde se afirmaba que Iglesias y Oneto lavaban dinero del narcotráfico y tenían vínculos con la organización criminal “Los Monos”.

El mismo día, Vaudagna radicó la denuncia penal falsa en el juzgado de Bailaque, y adjuntó el escrito apócrifo. En la presentación, afirmó falsedades sobre el origen de la denuncia, y omitió deliberadamente mencionar que se trataba de una operación coordinada con el juez y Whpei.

“Usted hizo gala de la utilización de diversos mecanismos para influir sobre personas que ostentan carácter de funcionarios públicos”, le dijo el fiscal a Whpei.

En paralelo al avance de expediente penal, el juez, Whpei y otras personas ajenas al proceso actuaron coordinadamente para intimidar a Iglesias y exigirle dinero, en al menos cinco oportunidades, a cambio de frenar las investigaciones orquestadas.

En agosto de 2019, Whpei le informó a Iglesias, a través de terceros, que tenía “problemas en la exAFIP, y que él podía solucionarlos”. En octubre de 2019, los empresarios damnificados y un testigo de las maniobras se reunieron con Whpei en sus oficinas de Sarmiento al 700 de Rosario.

Según el fiscal, se acreditaron varios aspectos. Recordó que Vaudagna declaró que conoció a Bailaque en su labor de juez y que fue varias veces a la casa, lo cual tiene correlato con otras evidencias que conectan a ambos con Whpei.

Te puede interesar:

Caído Bailaque, persiste la operación para el blindaje judicial a los Passaglia

El reparto

Para exponer esas circunstancias, el fiscal reprodujo en la sala un tramo del video de la declaración de Vaudagna, donde relata cómo Bailaque y Whpei le dicen que iba a recibir una denuncia anónima, que la debía elevar en un determinado momento. Del mismo modo, se procedió con la declaración de los testigos Eduardo L.; y con audios de mensajes de los empresarios víctimas de la extorsión dirigidos a su abogado, en los que se evidenciaba la preocupación por la situación, y daban cuenta de las reuniones que se pactaban para la entrega de dinero.

En un tramo de la entrevista, el empresario Iglesias confesó que Whpei le mencionó que no se quedaba con el dinero, sino que lo repartía “entre AFIP, jueces”, y admitió que entregó 160 mil dólares hasta que la causa se cerró en 2021. Argibay Molina también indicó que parte de la acreditación de los hechos la constituían los actos procesales de la causa penal iniciada mediante la denuncia falsa.

Sobre la capacidad económica del acusado, se describió parte de las conclusiones del informe elaborado por el área técnica de la PROCELAC. Allí se destaca que no registra bajo su titularidad bienes en el país; que está vinculado a diversas personas jurídicas y a mutuales; y a operaciones financieras con movimientos de dinero en la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados de Provinciales.

El imputado, como vicepresidente del Grupo Unión SA, administra la Mutual Siempre Joven, que desde 2018 gira un monto de dinero en concepto de alquiler de un inmueble propiedad de Bailaque, ubicado en Caleta Olivia (provincia de Santa Cruz). El fiscal no pasó por alto que el mismo juez fue quien reconoció su vínculo con Whpei.

Finalmente, Whpei fue imputado por los delitos de extorsión, en calidad de autor, y concusión en calidad de partícipe necesario, en concurso ideal. Como derivación del accionar conjunto con el juez y el funcionario de la exAFIP, se le imputó la participación necesaria en el delito de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público, todo en concurso real.

Tras ocho horas de audiencia, el juez avaló los pedidos del MPF, dio por formalizadas las imputaciones y dispuso la prisión preventiva del imputado por 90 días. Foto: C. González

Los fondos de la cooperativa

Una segunda imputación la formuló el fiscal Reynares Solari, en relación a las influencias que ejerció Whpei sobre la intervención a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, expediente que tramitó el juzgado de Bailaque.

A partir de dos carpetas judiciales que convergen, el titular de la acusación diferenció los hechos que se investigan en una en la que se le atribuye los mismos delitos imputados al juez, de los que se investigan en la restante, referidos a los “negocios subyacentes que había detrás de esas incorrecciones funcionales con profundidad delictiva”.

“Usted hizo gala de la utilización de diversos mecanismos para influir sobre personas que ostentan carácter de funcionarios públicos”, le dijo el fiscal a Whpei. Y consideró que esa conducta se erige en un “elemento de dominio relevante” y que “lo hizo con finalidades lucrativas y patrimoniales para las entidades en las cuales tiene influencia”.

En ese sentido, le endilgó desplegar “maniobras» para lograr determinar al interventor judicial, Roberto Pasqualino, y a Bailaque, para que promuevan y gestionen el desbloqueo de los fondos de la cooperativa intervenida (depositados en entidades bancarias) y su posterior colocación en mutuales sobre las cuales tenía y tiene control, como Grupo Unión SA y la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados de Santa Fe, acciones que se extendieron entre febrero de 2020 y abril de 2021.

El fiscal detalló que, a esos fines y con la intermediación de Maximiliano D. (asesor de Pasqualino), Whpei organizó reuniones entre abril y mayo de 2020 con asociados a la cooperativa, y les indicó que “la causa vendría a Rosario» -se inició en Campana, provincia de Buenos Aires-, y que “la tomaría un juez amigo, que nombraría asesores» ligados a él «con el fin normalizar la entidad”.

Posteriormente, José M., Sergio C. y Rubén M. (ligados a Whpei) se reunieron con Pasqualino. Como resultado de estas gestiones, el interventor le solicitó al juez el desbloqueo de los fondos que se encontraban depositados en entidades bancarias hacia entidades “más ventajosas en cuanto a las tasas ofrecidas” y “priorizando a las entidades locales”.

Según la imputación, “usufructuando su relación de amistad previa con Bailaque”, motivó resoluciones que lo favorecieron. Entre otras, el decreto de abril de 2021 por el cual dispuso el desbloqueo de los fondos depositados en los bancos Macro, Coinag y Galicia, pertenecientes a la Cooperativa (1.000 millones de pesos), luego transferidos a la Mutual del Grupo Unión.

En un tramo de la entrevista, el empresario Iglesias confesó que Whpei le mencionó que no se quedaba con el dinero, sino que lo repartía “entre AFIP y jueces”, y admitió que entregó 160 mil dólares hasta que la causa se cerró en 2021.

Finalmente, imputó a Whpei por los delitos de tráfico de influencias y participación necesaria en el prevaricato, e incumplimiento de deberes de funcionario público. Luego, los fiscales Velasco y Rodríguez desplegaron el pedido de medidas de coerción personal y medidas cautelares sobre el patrimonio del imputado.

Cautelares

El titular de PIA, el fiscal Rodríguez, solicitó cautelar bienes del imputado hasta cubrir la suma de 1.216,5 millones de pesos respecto de la investigación por extorsión a los empresarios y de 260 millones de pesos en relación a la imputación de tráfico de influencias.

También solicitó el embargo preventivo de los siguientes bienes registrados a nombre de Whpei: una embarcación; acciones que tendría en 11 sociedades anónimas y un fideicomiso; sumas de dinero depositadas en cuentas en pesos y en dólares en ocho entidades bancarias, una financiera y tres billeteras virtuales; títulos y valores depositados en cuatro cuentas comitentes; sumas de dinero y/o valores guardados cajas de seguridad.

Por su parte, el titular de PROCELAC, ante la gravedad del caso, los elementos de convicción para sostener la probabilidad de participación en los hechos, el potencial entorpecimiento probatorio y peligro de fuga (por el poder económico del imputado) solicitó la prisión preventiva efectiva por el lapso de seis meses.

El fiscal Velasco recordó que Whpei hizo 69 vuelos en aviones particulares a diversos destinos en cuatro años; que restan realizar peritajes sobre 31 teléfonos incautados en el marco de la pesquisa, el relevamiento sobre 19 líneas telefónicas, y está pendiente el informe patrimonial.

Cuando el juez Da Cruz le cedió la palabra, el financista hizo uso de su derecho a declarar. “Tengo una hija discapacitada con síndrome de Down y autismo, no puede comer sola, y a mi mujer inmunodeprimida. Estoy a cargo de ella hace cuatro años, vivo por y para ella. Si no estoy en la casa tendría una situación que no sé cómo resolverla. Siempre estuve a derecho. Le voy a pedir que en caso que disponga prisión, una opción de domiciliaria”.

Prisión preventiva efectiva y embargo

Tras ocho horas de audiencia, el juez dio por formalizadas las imputaciones. “Resulta evidente que los presupuestos de admisibilidad se encuentran sobradamente acreditados”, subrayó Rodrígues Da Cruz. Dispuso la prisión preventiva del imputado por 90 días y su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, aunque provisoriamente fue alojado en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Además, se le impuso una inhibición de bienes hasta cubrir la suma de 1.500 millones de pesos; y se dispuso trabar embargo sobre bienes y participaciones accionarias, cajas de seguridad, cajas de ahorro, y cuentas corrientes bancarias indicadas por el MPF. También se ordenó dar intervención a la Unidad de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes y Personas con Capacidad Jurídica Limitada y al Gabinete Psicosocial de la Cámara Federal de Rosario, para que realice los informes correspondientes sobre la salud de la hija del Whpei.

Comentarios:

Más noticias de Judicial: