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Domingo 19 de Abril de 2026
18 abril 2026 - 07:49
El juez Ariel Lijo citó a declarar desde el 19 de mayo en una causa impulsada por el fiscal Carlos Stornelli.
El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo, ordenó una serie de indagatorias en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el COVID-19 entre 2020 y 2021, tras un pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, encabezada por el fiscal Carlos Stornelli.
Las declaraciones comenzarán el próximo 19 de mayo y se extenderán hasta septiembre de este año. Entre los citados figura la ex secretaria de Acceso a la Salud y luego ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti, junto a otros exfuncionarios como Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Gabriela Tarragona y Cecilia Nicolini.
También fueron convocados el empresario Hugo Sigman, el infectólogo Pedro Cahn y apoderados de distintas compañías vinculadas al proceso de provisión de vacunas.
Según el dictamen fiscal, “los funcionarios intervinientes se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik -y a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en su proceso de fabricación-, demorando, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer”.
La investigación sostiene que, pese a que la vacuna de Pfizer fue ofrecida tempranamente —con intercambios iniciados en julio de 2020—, “desde el gobierno argentino no se avanzó en dicho sentido”. En cambio, se firmaron contratos con AstraZeneca el 6 de noviembre de 2020, con Sputnik V el 9 de diciembre de 2020 y con Sinopharm el 10 de febrero de 2021, comenzando a recibirse dosis en cantidades significativas recién entre marzo y abril de 2021.
En ese sentido, el fiscal Carlos Stornelli consideró que “si se hubiese promovido desde las máximas autoridades del gobierno el avance de las negociaciones con Pfizer, presumiblemente se podría haber obtenido una importante cantidad de vacunas con una significativa antelación”.
Asimismo, remarcó que las maniobras investigadas podrían configurar “un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”.
En otro tramo del dictamen, el fiscal advirtió: “No se trata de cuestiones fútiles o inocuas ya que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, en un contexto de emergencia sanitaria, derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
La causa continúa en etapa de instrucción, mientras avanzan las citaciones a indagatoria para esclarecer las responsabilidades en la adquisición de vacunas durante la pandemia.
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