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SIDERSA: la Cámara cuestionó la inacción judicial y exigió respuestas urgentes

21 abril 2026 - 11:21

Un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Nicolás calificó como “alarmante” la demora del juez de primera instancia en una causa por posible daño ambiental y reclamó celeridad.

La Cámara de Apelaciones de San Nicolás advirtió una “alarmante” y “lamentable demora en la tramitación judicial” en la causa que investiga el posible daño ambiental vinculado a la empresa SIDERSA, donde se denunció la continuidad de obras y extracción de tosca en cercanías del arroyo Ramallo pese a la existencia de actuaciones en curso.

El pronunciamiento del tribunal se produjo luego de que organizaciones ambientalistas, entre ellas Unidos por la Vida y el Ambiente (UPVA), recurrieran en queja ante la falta de resolución del Juzgado de primera instancia a cargo del Dr. José Ricardo Eseverri. Según consta en el expediente, hace un mes dichas organizaciones solicitaron una medida urgente para suspender la obra de una nueva acería y frenar la extracción en una cava señalada como ilegal, sin permisos y en una zona sensible desde el punto de vista ambiental.

Sin embargo, el magistrado no rechazó ni concedió el pedido. El expediente quedó paralizado durante meses, mientras se continuaban requiriendo pruebas “sin precisiones” -dicen los demandantes- sobre su necesidad o plazos para resolver. En ese contexto, la Cámara remarcó que esa “inacción” no se ajusta al rol que la legislación ambiental impone a los jueces, especialmente frente a riesgos potenciales de daño.

En su resolución, los camaristas subrayaron que en materia ambiental rigen los principios de prevención y precaución, que obligan a actuar antes de que el daño se concrete o se vuelva irreversible. En ese sentido, “cuestionaron que el juzgado no haya adoptado medidas básicas como requerir informes, ordenar inspecciones o dictar disposiciones urgentes, pese a contar con elementos como fotografías, imágenes satelitales, videos, informes oficiales, documentación administrativa y testimonios.

El abogado de UPVA, Fabián Maggi, sostuvo que el fallo “es una decisión justa que, con buen criterio, pone las cosas en su lugar al señalar que las demoras del Juez de la causa SIDERSA son inadmisibles”. En esa línea, agregó: “la Cámara destacó que la ley exige máxima celeridad, actividad propia y diligente del juez a cargo de este tipo de causas. Con este fallo queda claro que el Poder Judicial debe actuar con celeridad ante toda denuncia ambiental, no lo decimos nosotros, lo dice la ley y esta sentencia de Cámara así lo confirma”.

Maggi también advirtió que la problemática excede este caso puntual: “Preocupa enormemente lo que sucede en algunos juzgados de San Nicolás. Muchas causas ambientales duermen durante meses o años bajo decisiones que, en lugar de facilitar el acceso a la Justicia, terminan bloqueándolo”. Y agregó que el expediente podría convertirse en un precedente: “Queremos que este caso marque un límite. Cuando la Justicia demora indebidamente una decisión, también puede volverse responsable de las consecuencias”.

De acuerdo a las actuaciones, las imágenes satelitales incorporadas al expediente evidencian que la alteración de la ribera del arroyo Ramallo continuó avanzando durante el período en que la causa permaneció sin resolución. Para los denunciantes, cada día sin decisión judicial favorece la consolidación del daño y dificulta su eventual reparación.

Si bien la Cámara no resolvió aún si corresponde o no frenar la obra, devolvió el expediente al juzgado de origen con una advertencia explícita: en causas ambientales, la demora judicial no es neutral. Según el tribunal, cada día sin intervención puede traducirse en mayor extracción de tosca y profundización del daño.

En ese marco, “el fallo deja planteado un punto central: cuando la Justicia actúa tarde, el riesgo es que lo haga cuando el daño ya esté consumado y no quede nada por proteger”, aseguran los demandantes.


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