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Martes 09 de Junio de 2026
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9 junio 2026 - 06:58
La fiscalía solicitó penas para productores agropecuarios, un ingeniero agrónomo, un fumigador y dos funcionarios municipales. También reclamó indemnizaciones, decomisos de campos y maquinaria utilizada en las aplicaciones cuestionadas.
El juicio por la presunta contaminación ambiental provocada por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino ingresó en su etapa decisiva con un pedido de condenas de hasta 4 años y 3 meses de prisión para productores agropecuarios y funcionarios públicos, además de medidas de reparación económica para las víctimas y el decomiso de campos y maquinaria vinculados a los hechos investigados.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, el fiscal federal Federico Reynares Solari requirió penas para nueve imputados y sostuvo que la evidencia reunida durante el debate acreditó reiteradas conductas contaminantes en zonas próximas a áreas urbanas y pobladas de Pergamino.
El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena más alta para el productor agropecuario Fernando Cortese: 4 años y 3 meses de prisión e inhabilitación especial por ocho años para ejercer la actividad agropecuaria. Además, le atribuyó amenazas coactivas y hechos de contaminación ambiental contemplados en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
Según la acusación, Cortese habría realizado fumigaciones con sustancias químicas consideradas peligrosas para la salud y el ambiente en un establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 69 de Pergamino, de manera reiterada desde 2011 y particularmente entre enero de 2018 y enero de 2019.
Para los productores Mario Roces y Víctor Tiribó, la fiscalía reclamó penas de 4 años de prisión y ocho años de inhabilitación. En el caso de Tiribó, se le atribuyen aplicaciones en un campo cercano al barrio Villa Alicia entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Respecto de Roces, se lo señala por fumigaciones reiteradas desde 2011 hasta diciembre de 2018 en un predio ubicado sobre calle Mansilla del mismo barrio.
En tanto, para los hermanos Carlos y Hugo Sabatini se solicitaron condenas de 3 años de prisión condicional e inhabilitación profesional por contaminación ambiental en un hecho ocurrido el 10 de noviembre de 2019 en un campo de la localidad de Ayersa, partido de Pergamino.
Otro de los imputados es el ingeniero agrónomo José Luis Grattone, para quien la fiscalía pidió 3 años de prisión e inhabilitación por seis años. Según la acusación, el 19 de octubre de 2019 habría realizado fumigaciones en Juan Andrés de la Peña, partido de Pergamino, sin respetar las distancias de resguardo respecto de una escuela y un jardín de infantes.
Como partícipe secundario de ese episodio fue acusado el fumigador Cristian Taboada, para quien se requirió una pena de 2 años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación especial para realizar tareas agropecuarias.
La acusación también alcanzó a los funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini. Para ambos se solicitaron 2 años de prisión condicional y 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el Ministerio Público Fiscal, no habrían hecho cumplir lo establecido en los artículos 6, 16 y 17 de la Ordenanza Municipal N° 8126/14, que prohíbe la aplicación de plaguicidas o biosidas químicos mediante fumigación terrestre o aérea «a menos de 100 metros de la zona periurbana, cercano a viviendas o grupos de viviendas de ese sector poblado».
Durante su exposición, Reynares Solari remarcó que “el suelo de los lotes fue utilizado como un instrumento para la comisión de los hechos ilícitos” y consideró que la situación representó un agravamiento del daño ambiental. También sostuvo que los productores tenían conocimiento de la problemática denunciada por los vecinos y afirmó: “No quedan dudas que conocían la problemática que atravesaba a los vecinos y la preocupación por las fumigaciones y sus consecuencias contaminantes. Sin embargo, reiteraron sus conductas ilícitas”.
Las causas se originaron a partir de denuncias presentadas desde 2014 por vecinos y organizaciones ambientalistas. Dos de los damnificados se constituyeron como querellantes y participan activamente del proceso. El debate oral comenzó en febrero de 2026 ante los jueces Román Lanzón y Eduardo Rodríguez y la magistrada Elena Dilario.
En representación de los querellantes, los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro también reclamaron condenas. Entre otros argumentos, señalaron que estudios periciales determinaron que “en los pueblos fumigados hay una prevalencia de cáncer del 36% más que en otros territorios”.
Mientras algunas defensas ya solicitaron la absolución de sus representados, esta semana será el turno de los alegatos correspondientes a José Luis Grattone, Víctor Tiribó y Mario Roces. Finalizada esa etapa, se espera que el veredicto del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario se conozca durante los próximos días.
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