El Juzgado Correccional N° 2 de San Nicolás consideró que la clausura preventiva fue “infundada”, “arbitraria” y “desproporcionada”. El expediente administrativo continuará, pero la empresa podrá retomar su actividad.
La investigación comenzó en 2022 tras el hallazgo de una avioneta abandonada en Pergamino.
El exjefe de Gabinete deberá informar con anticipación cualquier viaje al exterior y esperar la autorización del juzgado. La medida fue dispuesta en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Tras tres jornadas de debate en San Nicolás, dos de los acusados fueron hallados culpables de un delito que prevé prisión perpetua. La próxima semana el Tribunal Oral fijará las condenas.
La fiscal Belén Baños no solicitó la prisión preventiva. Brandon Ayala continúa detenido como presunto autor del crimen de Agustín Alegre.
La Fiscalía desvinculó al joven del expediente tras considerar que la acusación en su contra se sustentaba en un testimonio que ahora quedó seriamente cuestionado. La familia aseguró que “se hizo un primer acto de justicia” y reclamó revisar la situación de los demás imputados.
El decomiso de 2.161 toneladas de carbonato de sodio en San Nicolás llegó a la pantalla de Canal 9. El periodista Tomás Méndez vinculó a Juan Manuel Ondarcuhú, principal accionista de TyS, con sus primos Santiago y Manuel Passaglia, mientras avanza una causa federal por presuntas infracciones a las leyes de drogas y precursores químicos.
El Tribunal Oral Federal N°2 los halló culpables de negociaciones incompatibles con la función pública. La maniobra investigada estuvo vinculada a contratos por más de 2.300 millones de dólares para ampliar la capacidad de transporte de gas entre 2006 y 2008.
La Justicia investiga una transferencia de 200 mil dólares, una cuenta no declarada, operaciones patrimoniales millonarias y presuntos vínculos con un empresario condenado en Estados Unidos por lavado y fraude.
La investigación se extendió durante siete meses, incluyó más de 5.000 horas de escuchas telefónicas y culminó con ocho personas imputadas. Entre los detenidos hay una efectivo policial y presuntos distribuidores que respondían a un condenado alojado en el penal de Marcos Paz.
