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8 noviembre 2026 - 10:33
El juez federal Julián Ercolini convocó a indagatoria al exsecretario general del gremio y a otras cinco personas por una presunta administración fraudulenta. La causa involucra contratos con una empresa privada que recibió más de $2.400 millones.
La Justicia federal avanzó en una investigación sobre el manejo de los recursos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y su obra social, con la citación a declaración indagatoria del exsecretario general Abel Furlán, la dirigente María Soledad Calle y otras cuatro personas. La resolución, firmada el viernes por el juez Julián Ercolini, también dispuso la inhibición general de bienes de los seis imputados y de la organización sindical.
La causa busca determinar si existió una maniobra de administración fraudulenta que habría provocado un perjuicio económico a la UOM y a la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (OSUOMRA), mediante la contratación de una empresa privada encargada de administrar recursos provenientes de los aportes sindicales y de la cobertura de salud de los trabajadores.
El expediente tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 12, actualmente subrogado por Ercolini, y tiene como eje dos contratos firmados el 27 de febrero de 2023 con la empresa USEM S.A., por los cuales se le encomendó la gestión operativa de fondos, cuentas bancarias y circuitos de pago durante un período previsto de diez años.
Según la documentación incorporada a la investigación, la firma recibió $2.466.334.995 en concepto de honorarios, de acuerdo con un informe elaborado por la intervención del sindicato. De ese total, aproximadamente $698 millones corresponden a 2024, $1.086 millones a 2025 y $681 millones a los primeros siete meses de 2026. Esos pagos constituyen parte de las operaciones examinadas, aunque no equivalen necesariamente al monto de un eventual perjuicio patrimonial.
Uno de los principales cuestionamientos judiciales está relacionado con las circunstancias en las que fue contratada la compañía. USEM S.A. había sido constituida el 7 de diciembre de 2022, apenas 82 días antes de la firma de los convenios, y sus accionistas eran Adalberto Braconi, presidente de la sociedad, y María Soledad Calle, quien poseía el 50% del capital y se desempeñaba como directora suplente.
La situación de Calle llamó especialmente la atención de los investigadores porque, al mismo tiempo que integraba la empresa contratada, mantenía una relación laboral con la propia UOM. Para el juzgado, esa circunstancia plantea un posible conflicto de intereses que no habría sido abordado mediante mecanismos de control suficientes.
La resolución también señala que no se acreditó una comparación competitiva de ofertas ni una evaluación formal de los antecedentes y la capacidad operativa de la empresa antes de su contratación. A ello se suman las condiciones económicas pactadas, que contemplaban honorarios vinculados con los fondos administrados y facultades de rescisión más favorables para la firma privada.
Otro aspecto bajo análisis es el cumplimiento efectivo de los servicios contratados. Según la hipótesis judicial, USEM S.A. habría desarrollado principalmente tareas administrativas relacionadas con la carga y ejecución de pagos previamente autorizados, sin que hasta el momento se encontraran elementos suficientes para demostrar la realización de todas las funciones de auditoría, análisis y validación que debía prestar.
Las cotizaciones obtenidas durante la investigación para servicios comparables también habrían resultado inferiores a los importes abonados, lo que llevó al magistrado a profundizar las sospechas sobre la posible existencia de sobrecostos.
En ese contexto, Ercolini dispuso la inhibición general de bienes de los seis imputados y del sindicato, junto con restricciones sobre el acceso a cajas de seguridad y medidas destinadas a preservar la composición accionaria de la empresa investigada.
La pesquisa se extenderá además a los viajes internacionales realizados por Furlán, Calle, Braconi y Osvaldo Esteban Lobato durante la vigencia de los contratos. El objetivo será establecer quiénes financiaron esos desplazamientos y determinar si se utilizaron recursos pertenecientes a la organización sindical o a su obra social.
Entre las medidas ordenadas también figura una investigación sobre 959.300 dólares que, según documentación incorporada al expediente, habrían sido entregados por un representante de la seccional Campana-Zárate de la UOM a USEM S.A. para su guarda en una caja de seguridad del Banco Nación. La Justicia solicitó información para reconstruir los movimientos y establecer quiénes tuvieron acceso a esos fondos.
Las declaraciones indagatorias comenzarán el 17 de noviembre, a las 10:30 hs., cuando deberá presentarse Abel Furlán. Una semana después, el 24 de noviembre, será el turno de María Soledad Calle.
También fueron convocados Osvaldo Esteban Lobato, exsecretario administrativo; Adalberto Braconi, presidente de USEM; Naldo Brunelli, exsecretario adjunto; y José Luis Ortiz, tesorero del sindicato. Sus audiencias fueron programadas para el 1, 9, 14 y 15 de diciembre, respectivamente.
La citación encuentra a Furlán fuera de la conducción nacional de la UOM, luego de que la Justicia laboral anulara las elecciones gremiales realizadas durante 2026 y dispusiera la intervención de la organización. Desde fines de mayo, el sindicato se encuentra bajo la conducción del interventor Alberto Biglieri.
La defensa del exdirigente había solicitado anteriormente su sobreseimiento y cuestionado el alcance de la investigación penal. Sin embargo, el juzgado consideró que existen elementos suficientes para convocarlo a declarar y avanzar en la determinación de las eventuales responsabilidades.
La causa adquiere especial relevancia para una organización que representa a trabajadores metalúrgicos de todo el país, incluidos los de San Nicolás, y cuyos fondos sindicales y prestaciones de salud constituyen recursos destinados al funcionamiento de la entidad y a la atención de sus afiliados.
Las citaciones a indagatoria y las medidas cautelares no implican una condena ni acreditan por sí mismas la existencia de los delitos investigados. La Justicia deberá determinar si los contratos produjeron un perjuicio patrimonial, cuál fue el destino de los fondos y qué responsabilidad corresponde, eventualmente, a cada uno de los involucrados.
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