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5 noviembre 2026 - 10:26
La fiscal federal Roteta rechazó los pedidos de nulidad contra los análisis del medicamento.
Con información de Infobae.
La investigación judicial por el fentanilo contaminado, que involucra a los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma, sumó un nuevo capítulo. La fiscal federal María Laura Roteta, titular de la Unidad Fiscal La Plata, rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa del empresario Ariel García Furfaro, principal imputado en una causa que investiga un brote de infecciones bacterianas asociado a la muerte de 90 pacientes en distintas provincias argentinas.
A través de un dictamen de 43 páginas, la representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó los argumentos utilizados para intentar invalidar los estudios realizados sobre las ampollas del medicamento. Además, consideró que la presentación respondió a una estrategia procesal especulativa y solicitó que la investigación continúe su curso.
El planteo había sido impulsado por el abogado Gastón Marano, defensor de García Furfaro, quien pidió anular los ensayos de esterilidad practicados sobre cuatro lotes de fentanilo elaborados por HLB Pharma: 31.201, 31.202, 31.244 y 31.245.
Esos análisis, realizados por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el laboratorio Gobbi Novag S.A., forman parte de las pruebas utilizadas para investigar la contaminación del anestésico. A ellos se sumaron estudios de secuenciación genética que permitieron establecer vínculos entre las bacterias detectadas en las muestras del medicamento y las identificadas en pacientes afectados por el brote.
La defensa sostuvo que los ensayos debían considerarse pericias judiciales y que, por lo tanto, correspondía notificar previamente a las partes para permitir su participación y la designación de especialistas propios. Según ese argumento, la falta de intervención de los defensores afectó las garantías procesales y justificaba declarar la nulidad de los resultados.
Al pedido se sumaron las defensas de otros imputados, entre ellos Wilson Pons, José Antonio Maiorano, María Victoria García, Javier Tchukrán, Hernán García, Diego García, Rocío Garay, Víctor Bocaccio, Adriana Iudica, Edgardo Sclafani y Horacio Tallarico. De manera subsidiaria, solicitaron que se repitieran los estudios con participación de peritos de parte.
Sin embargo, Roteta rechazó la interpretación jurídica de los defensores. Explicó que los análisis cuestionados no habían sido ordenados por el juzgado como medidas periciales, sino que se realizaron dentro de los procedimientos administrativos de fiscalización sanitaria de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
“Ni el análisis de esterilidad ni la secuenciación del Instituto Malbrán fueron ordenadas por el juzgado”, señaló la fiscal.
De acuerdo con su razonamiento, al tratarse de controles efectuados por organismos sanitarios en ejercicio de sus funciones, no correspondía aplicar las exigencias procesales previstas para las pericias dispuestas durante una investigación judicial.
Uno de los cuestionamientos más contundentes del dictamen estuvo relacionado con el momento elegido para presentar las nulidades. La fiscal destacó que el abogado Marano formalizó el pedido el 13 de septiembre de 2026, precisamente durante el mes en que vencía el lote 31.202, considerado central para la investigación.
Para la representante del Ministerio Público Fiscal, esa circunstancia no podía analizarse de manera aislada, especialmente porque la defensa también pretendía repetir estudios realizados casi dos años antes.
“Como se observa, la fecha de la presentación no es inocente. Tampoco es inocente que con ella busque, en rigor, la repetición de los estudios”, sostuvo Roteta.
La fiscal consideró que el vencimiento del producto comprometía la posibilidad de reproducir los ensayos de esterilidad en las mismas condiciones y que esa circunstancia debía tenerse en cuenta al evaluar el planteo.
“Pone de manifiesto el carácter especulativo de la estrategia procesal desplegada”, expresó en otro tramo del dictamen, al fundamentar su rechazo.
La resolución fiscal se incorpora a una causa de enorme repercusión sanitaria y judicial, en la que el juez federal Ernesto Kreplak procesó a 15 personas. Trece de ellas están vinculadas con la conducción y el funcionamiento de los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma, mientras que las otras dos ocuparon cargos de responsabilidad en organismos nacionales de control.
Se trata de Nélida Agustina Bisio, exadministradora nacional de la ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, exdirectora nacional del INAME.
La investigación avanzó inicialmente sobre 20 fallecimientos, pero posteriormente el número de muertes vinculadas al brote investigado se amplió a 90. La determinación de las responsabilidades penales individuales continúa sujeta al desarrollo del proceso judicial.
En paralelo, permanece pendiente una definición de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por los jueces Alberto Vallefín, Roberto Agustín Lemos Arias y Emilio Santiago Faggi, sobre los procesamientos dictados contra los responsables de las empresas farmacéuticas.
Las querellas que representan a víctimas y familiares reclamaron que el tribunal se pronuncie sobre esas apelaciones, al considerar que la resolución resulta necesaria para avanzar hacia una eventual instancia de juicio oral.
“Queremos que la resolución que salga de Cámara sea sólida, pero creemos que más de un año es más que suficiente”, expresaron representantes de las querellas, quienes también destacaron el trabajo desarrollado por el juez Kreplak y la fiscal Roteta.
Mientras se aguarda esa decisión, el rechazo fiscal a las nulidades representa un nuevo pronunciamiento contrario a la estrategia de la defensa de García Furfaro, quien permanece bajo prisión preventiva desde agosto de 2025. No obstante, el dictamen no equivale a una resolución judicial definitiva sobre esos planteos ni determina la culpabilidad de los imputados.
La causa continúa centrada en establecer cómo se produjo la contaminación de los lotes de fentanilo, qué controles fallaron durante su elaboración y distribución, y cuáles fueron las responsabilidades de los empresarios, técnicos y funcionarios investigados.
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