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30 octubre 2026 - 19:32
Una fiscalía especializada cuestionó el cierre de la investigación que involucra a Javier Milei y otras diez personas. Advirtió que todavía quedan pruebas importantes por analizar.
Cuando el expediente por la criptomoneda $LIBRA parecía encaminarse hacia su cierre definitivo, una intervención del propio Ministerio Público Fiscal volvió a poner en discusión la situación judicial del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve investigados. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó revisar los sobreseimientos dictados una semana atrás, al considerar que todavía existen elementos sin esclarecer que podrían resultar determinantes para establecer si hubo una maniobra delictiva detrás del lanzamiento del activo digital.
El planteo fue presentado el jueves 29 de octubre por el fiscal Sergio Rodríguez, titular del organismo especializado en investigaciones relacionadas con funcionarios públicos. Su intervención contradice la posición adoptada por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien había solicitado finalizar las actuaciones, y por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que el 23 de octubre resolvió sobreseer a los once involucrados al considerar que los hechos investigados no configuraban delitos.
La diferencia entre ambos criterios judiciales no es menor. Mientras Taiano y Martínez de Giorgi entendieron que la información reunida no permitía acreditar una estafa u otros delitos vinculados con la función pública, Rodríguez considera que todavía resulta prematuro descartar esas hipótesis. “La investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba”, sostuvo la Procuraduría en su presentación.
El origen de la controversia se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando Milei utilizó su cuenta de la red social X para difundir el proyecto vinculado con $LIBRA. La publicación presidencial estuvo seguida por un rápido aumento del precio de la criptomoneda y un posterior desplome que provocó pérdidas entre quienes habían comprado el activo. A partir de las denuncias presentadas, la Justicia comenzó a examinar las relaciones entre los promotores del proyecto, las operaciones realizadas y los contactos que algunos de ellos mantenían con integrantes del Gobierno nacional.
Uno de los interrogantes que la PIA pretende esclarecer está relacionado con el recorrido del dinero. Los investigadores habían iniciado estudios para reconstruir movimientos de criptomonedas entre diferentes billeteras digitales, pero parte de ese trabajo quedó pendiente debido a limitaciones técnicas y dificultades para utilizar determinadas herramientas informáticas. Para Rodríguez, esas circunstancias no justifican abandonar la búsqueda de información ni considerar que todas las posibilidades de investigación fueron agotadas.
Las comunicaciones entre los involucrados constituyen otro de los puntos cuestionados. La Procuraduría pidió profundizar el análisis de los teléfonos celulares de Mauricio Novelli y Sergio Morales, donde se detectaron registros eliminados y ausencia de conversaciones anteriores. Entre los datos mencionados aparece un contacto identificado como “Karina Milei RRPP”, además de movimientos vinculados con cajas de seguridad que, según el organismo, requieren una evaluación más completa.
También permanecen bajo examen las relaciones comerciales entre los empresarios que participaron del lanzamiento de $LIBRA. En el expediente se incorporó documentación relacionada con Kelsier, firma vinculada con el estadounidense Hayden Davis, que incluía una propuesta de asesoramiento sobre tecnología blockchain y criptomonedas. La PIA considera necesario determinar el alcance de esos contactos y establecer si tuvieron alguna relación con la promoción pública realizada por el Presidente.
En ese contexto, los registros de ingresos a la Casa Rosada y las comunicaciones entre empresarios y funcionarios adquirieron nuevamente relevancia. La existencia de reuniones o conversaciones no constituye por sí misma una conducta delictiva, pero el organismo especializado entiende que esos antecedentes deben analizarse junto con las operaciones financieras y los documentos incorporados a la investigación.
Una de las cuestiones que Rodríguez considera especialmente importante es determinar cómo llegó a conocimiento de Milei la información que difundió al promocionar la criptomoneda. La Procuraduría entiende que todavía falta reconstruir qué participación tuvieron los distintos protagonistas antes de la publicación presidencial y si existió algún acuerdo previo que pudiera modificar la interpretación judicial de los hechos.
El sobreseimiento dispuesto por Martínez de Giorgi había alcanzado, además de Javier y Karina Milei, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. Ninguno había sido convocado a prestar declaración indagatoria antes de la resolución que dispuso el cierre de las actuaciones.
La intervención de la PIA se produjo después de que el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) reclamaran la continuidad de la investigación. Ambas organizaciones participan del expediente como colaboradoras del tribunal y cuestionaron que se diera por terminado el proceso sin completar las diligencias pendientes.
A esos planteos se sumaron recursos impulsados por inversores que denunciaron haber sufrido pérdidas económicas. Algunos de ellos habían sido apartados de su condición de querellantes, decisión que también fue cuestionada ante instancias judiciales superiores. La discusión sobre su participación resulta relevante porque podría determinar quiénes están habilitados para sostener la acusación y recurrir las decisiones adoptadas en el expediente.
El nuevo pedido quedó en manos del Juzgado Federal N.º 8, actualmente a cargo de manera interina del juez Daniel Rafecas, quien reemplaza a Martínez de Giorgi durante su licencia. Rodríguez solicitó que se retome la investigación y, ante la posibilidad de una respuesta desfavorable, presentó una apelación subsidiaria para habilitar la intervención de la Cámara Federal.
Por ahora, los sobreseimientos no fueron revocados y la presentación de la Procuraduría tampoco implica que se haya comprobado la existencia de una estafa. Lo que quedó nuevamente bajo discusión es si la Justicia reunió elementos suficientes para descartar definitivamente los delitos denunciados o si resulta necesario continuar investigando antes de adoptar una resolución final.
La próxima decisión judicial será determinante para establecer el rumbo de una causa que involucra directamente al Presidente y a personas de su entorno. Mientras tanto, la intervención de una fiscalía especializada abrió un nuevo escenario en un expediente que, apenas una semana atrás, parecía haber llegado a su conclusión.
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