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26 octubre 2026 - 19:39
La Justicia Federal retomará las declaraciones por el hecho ocurrido en 1977.
La investigación judicial por la muerte del obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, tendrá una nueva instancia el jueves 24 de noviembre, cuando está previsto que presten declaración indagatoria los investigados Luis Antonio Martínez, quien conducía la camioneta involucrada en la colisión, y Sergio Carlos Bottini, propietario registral del vehículo.
Las audiencias habían sido postergadas debido a una licencia del juez federal Carlos Alberto Vera Barros, situación que provocó cuestionamientos de organismos de Derechos Humanos y representantes de la Iglesia, quienes reclamaron mayor celeridad en una causa que lleva décadas sin una resolución definitiva. Ambos imputados superan actualmente los 80 años y fueron considerados aptos para declarar por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal.
El expediente, que tramita en la Justicia Federal de Rosario, busca determinar si la muerte del religioso fue consecuencia de un accidente de tránsito o de una operación criminal organizada durante la dictadura. La segunda hipótesis adquirió mayor sustento a partir de distintas investigaciones y peritajes que permitieron revisar las conclusiones judiciales establecidas originalmente.
Ponce de León murió el 11 de julio de 1977, cuando el Renault 4S que conducía colisionó con una camioneta Ford F-100 sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 212. El obispo falleció como consecuencia del impacto, mientras que su acompañante, Víctor Oscar Martínez, sufrió heridas de gravedad.
Durante años, el episodio fue considerado un siniestro vial. Sin embargo, las sospechas sobre las verdaderas circunstancias de la muerte comenzaron a cobrar relevancia a partir del testimonio que el sobreviviente brindó ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), donde sostuvo que el hecho había sido provocado deliberadamente por integrantes del aparato represivo.
Esa declaración impulsó nuevas actuaciones judiciales y, en 2004, se formuló un requerimiento de instrucción que permitió profundizar la investigación. Posteriormente, distintos estudios técnicos y forenses aportaron elementos que cuestionaron la reconstrucción del episodio aceptada durante la dictadura.
Uno de los informes centrales fue elaborado por el especialista en accidentología Jorge Geretto, quien determinó que la camioneta Ford F-100 habría permanecido detenida y atravesada sobre la calzada cuando recibió el impacto del automóvil del obispo. El peritaje también señaló que, de haber existido ocupantes dentro de la camioneta, estos deberían haber sufrido lesiones de una gravedad comparable a las registradas en el otro vehículo.
La investigación incorporó además un examen antropológico realizado en 2009 sobre los restos de Ponce de León. Sus conclusiones contradijeron aspectos relevantes del informe médico confeccionado inmediatamente después de su muerte, particularmente en relación con las lesiones craneales que habían sido consignadas en 1977.
Estas diferencias, junto con las inconsistencias detectadas en los testimonios y la falta de determinadas pruebas, llevaron a la Cámara Federal de Rosario a disponer en 2023 la reapertura del expediente. La resolución dejó sin efecto la sentencia dictada el 19 de julio de 1978, al considerar que existían fundamentos suficientes para revisar lo actuado durante el régimen militar.
La investigación también examinó el contexto de persecución que rodeaba al obispo. Documentación de inteligencia militar reveló que Ponce de León había sido identificado como un opositor por organismos vinculados con la estructura represiva de San Nicolás, debido a su acompañamiento a sectores religiosos comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos.
El religioso había denunciado ante autoridades del Vaticano las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Argentina, circunstancia que, según la hipótesis de la Fiscalía, lo convirtió en un objetivo de los organismos de inteligencia de la dictadura.
Entre los elementos incorporados al expediente también figura la relación de los ocupantes de la camioneta con la empresa Agropolo SA. Bottini aparecía como directivo de esa firma, cuyo domicilio comercial se encontraba en las inmediaciones del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, en la ciudad de Buenos Aires. Martínez, por su parte, había declarado que ambos viajaban por cuestiones comerciales.
La proximidad de ese domicilio con instalaciones militares y los antecedentes de seguimiento sobre el obispo fueron analizados por los investigadores como parte del contexto en el que se produjo su muerte.
En junio de 2025, una delegación de San Nicolás se trasladó a Rosario para presentar ante la Cámara Federal una carta respaldada por unas 400 firmas, mediante la cual reclamaron avances concretos en la investigación. El pedido se sumó a las gestiones realizadas durante años por referentes religiosos y organismos de Derechos Humanos.
Más recientemente, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, también expresó su preocupación por las demoras y solicitó que la Justicia avance hacia el esclarecimiento definitivo de las circunstancias en las que murió Ponce de León.
Las próximas declaraciones indagatorias representan una instancia relevante para determinar las responsabilidades de quienes estuvieron vinculados con el episodio. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal de Rosario, en una causa que procura establecer si la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León constituyó un homicidio premeditado relacionado con el terrorismo de Estado.
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