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Sábado 06 de Junio de 2026
Sábado 06 de Junio de 2026
6 junio 2026 - 11:40
La defensa de seis trabajadores acusados por hechos ocurridos durante una protesta sindical presentó un recurso extraordinario federal y un hábeas corpus. Reclaman la liberación de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.
La causa judicial derivada del conflicto gremial que tuvo lugar en San Pedro en 2021 sumó un nuevo capítulo. El abogado Gabriel Ruiz, defensor de Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez y Lucas José Torres – trabajadores afiliados al Sindicato de Camioneros – presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires un recurso extraordinario federal acompañado de una acción autónoma de hábeas corpus, con el objetivo de que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La presentación está vinculada a la causa que tramita ante la UFI N° 7 de San Pedro, el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial San Nicolás y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, donde se fijó fecha de debate oral para el 28 de septiembre de 2026.
En el escrito, Ruiz sostiene que sus asistidos son “trabajadores de base que acataron una medida de fuerza pacífica ordenada por el Sindicato de Camioneros” y afirma que la elevación a juicio constituye una resolución “equiparable a definitiva” porque genera un “gravamen irreparable”.
Uno de los principales planteos de la defensa apunta a la prescripción de la acción penal. Según el recurso, tras la resolución de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, que descartó la acusación por extorsión y recalificó los hechos como “turbación de la posesión”, el requerimiento de elevación a juicio original habría quedado sin efecto. En ese marco, Ruiz sostiene que entre las indagatorias de abril de 2022 y la nueva solicitud de elevación a juicio del 20 de febrero de 2026 no existieron actos interruptivos válidos.
La presentación también cuestiona la legalidad del trámite de elevación a juicio. El defensor afirma que la Fiscalía solicitó la elevación “entre gallos y media noche” sin notificar a la defensa y que la jueza de Garantías habría omitido ordenar las comunicaciones correspondientes, situación que, según sostiene, dejó a los imputados “en estado de indefensión”.
Otro de los agravios apunta contra la participación de la senadora bonaerense María Florencia Arietto como representante legal del particular damnificado. La defensa sostiene que su intervención sería incompatible con el ejercicio simultáneo de su cargo legislativo y reclama que se declare la nulidad de esa actuación.
Además, Ruiz informó que presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTM) y que remitió una carta documento al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, denunciando lo que considera una persecución penal derivada de un conflicto sindical.
La acción de hábeas corpus presentada ante el máximo tribunal nacional se centra en la situación de los dirigentes sindicales Maximiliano Emanuel Cabaleyro y Fernando José Espíndola, quienes permanecen bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico desde abril de 2022.
La defensa sostiene que ambos superaron ampliamente los plazos máximos previstos para una prisión preventiva y cita el reciente fallo “Castillo” de la Corte Suprema para argumentar que la prolongación de la restricción de la libertad se convirtió en una “pena anticipada”.
El eje central de la presentación gira en torno a la tesis de que el proceso penal constituye una persecución contra el ejercicio de derechos sindicales. Ruiz sostiene que la protesta que originó la causa fue una medida gremial legítima y cita doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para respaldar la posición de que la huelga no debe ser objeto de sanciones penales.
En el petitorio final, la defensa solicita la suspensión inmediata del juicio oral previsto para el 28 de septiembre de 2026, el sobreseimiento de los imputados por prescripción o caducidad de la acción, la excarcelación de Cabaleyro y Espíndola, y la declaración de inconstitucionalidad de las normas cuya aplicación considera lesiva para los derechos sindicales involucrados.
