Denunciaron ante la OIT la “criminalización del derecho de huelga” en una causa que tramita en San Nicolás

12 abril 2026 - 09:56

La presentación internacionaliza el conflicto judicial que involucra a trabajadores del sindicato Camioneros. La defensa sostiene que se pretende llevar al fuero penal un reclamo sindical realizado en enero de 2021 en San Pedro.

La causa penal que se tramita en el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial San Nicolás sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de fuerte voltaje institucional: el abogado Gabriel Ruíz presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Argentina y remitió además una carta documento al Ministerio de Trabajo, en las que sostuvo que en la República Argentina se verifica una “criminalización del ejercicio del derecho de huelga y de la actividad sindical”.

La presentación coloca en un plano internacional un expediente que en la región ya venía generando repercusiones judiciales, sindicales y políticas. En concreto, Ruiz actúa como representante legal de trabajadores afiliados al Sindicato de Camioneros y denunció que estos –Edgardo Dimayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez- fueron imputados penalmente por haber participado en medidas de fuerza gremiales vinculadas a un conflicto colectivo de trabajo.

Según la denuncia elevada a la OIT, esas imputaciones “no se vinculan con hechos de violencia personal, daños materiales, ocupación de establecimientos ni ingreso a propiedad privada, sino exclusivamente con la participación de los trabajadores en protestas sindicales realizadas en la vía pública”. En el mismo sentido, la defensa afirmó que las medidas de fuerza “se desarrollaron de manera pacífica, sin impedir el ingreso o egreso de personas ni el acceso al establecimiento, incluidos trabajadores encuadrados bajo otros convenios colectivos”.

Los hechos que originaron el conflicto, las protestas gremiales y la posterior judicialización se remontan a enero de 2021 y ocurrieron en inmediaciones del establecimiento de la empresa Rey, ubicado en calle Bonorino N° 175, ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Allí, de acuerdo con el escrito, permanecía estacionado frente al portón de ingreso un motorhome perteneciente al sindicato, conducido por personal gremial, circunstancia que luego fue utilizada como uno de los fundamentos de la imputación penal.

El abogado remarcó además que durante esas jornadas la empresa continuó operativa. En la presentación señaló que “la actividad de la empresa continuó operativa durante las medidas, incluso con reparto de mercadería”, y sostuvo que la protesta estuvo bajo la “presencia, conducción y dirección de autoridades sindicales”, quienes —según afirmó— actuaron “dentro de las facultades que reconoce la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales”.

La causa referida en la denuncia internacional fue individualizada como: “Cabaleyro, Maximiliano Emanuel y Espíndola, Fernando José s/ Turbación de la Posesión en Concurso Ideal con Coacción en Tentativa, Extorsión y Extorsión en Tentativa (coautores); Di Mayo, Edgardo; Ojeda, Carlos Julián; Ojeda, Enzo Ivo; Pérez, Maximiliano Daniel; Torrez, Lucas José; Torrez, Matías Agustín s/ Turbación de la Posesión en Concurso Ideal con Coacción en Tentativa (autores)”, expediente que tramita justamente ante el Tribunal Oral Criminal N° 2 de San Nicolás.

El dato central es que esta no se trata de una controversia aislada ni ajena al ámbito regional: el expediente tiene asiento en los tribunales nicoleños, involucra a un conflicto sindical originado en San Pedro, y vuelve a colocar al Departamento Judicial San Nicolás en el centro de una discusión de alcance más amplio sobre hasta dónde puede llegar el derecho penal frente a una protesta laboral.

En ese marco, la defensa intentó robustecer su postura con antecedentes judiciales que, a su criterio, van en sentido contrario a la prosecución penal.

En la denuncia ante la OIT también se sostuvo que “las medidas de fuerza realizadas no fueron declaradas ilegales por la autoridad administrativa”, que “no existió planteo del empleador ante el fuero competente” y que se respetaron “los parámetros exigidos para el ejercicio regular del derecho de huelga”. En esa línea, la defensa señaló que no se trató de un servicio esencial, que no hubo actos de violencia, que se garantizó la libertad de trabajo de los no huelguistas y que trabajadores encuadrados bajo el convenio de comercio siguieron prestando tareas normalmente, lo que —según su interpretación— “excluye toda hipótesis de coacción”.

Desde el punto de vista normativo, Ruiz invocó además el artículo 34 inciso 4° del Código Penal, al considerar que excluye de punibilidad a quien obra en el “legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”, supuesto en el que, a juicio de la defensa, encuadran los trabajadores y representantes sindicales involucrados.

Otro de los aspectos salientes de la presentación es el cuestionamiento institucional sobre el modo en que avanzó el proceso. El abogado afirmó que la intervención del Ministerio Público Fiscal, en un conflicto que a su criterio debía resolverse en otra sede, produjo consecuencias laborales directas y facilitó despidos con invocación de causa.

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La presentación también cargó contra la intervención de la senadora provincial María Florencia Arietto como abogada patrocinante de la parte empleadora. Ruiz sostuvo que esa participación exhibe una “politización del conflicto penal” y recordó las incompatibilidades para el ejercicio del patrocinio letrado por parte de legisladores en causas en las que intervenga el Fisco. Según la denuncia, esa situación fue advertida en el ámbito local como un posible factor de “influencia institucional indebida”, incluso “potencialmente encuadrable en supuestos de tráfico de influencias”.

En paralelo, la ofensiva defensista también tuvo expresión local, presentando un recurso de queja ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás para intentar frenar el avance del juicio oral. Ese planteo fue formalizado luego de que el Tribunal en lo Criminal N° 2 declarara inadmisible una apelación previa el 17 de marzo de 2026.

Según Ruiz y su equipo, esa decisión les impidió acceder a una instancia de revisión superior, lo que —afirman— vulnera el derecho de defensa y garantías constitucionales y convencionales. Por eso pidieron que la Cámara admita el recurso, suspenda el proceso y revise el fondo de las objeciones. Entre ellas, sostienen que la causa fue elevada a juicio por el Juzgado de Garantías N° 3 sin que estuvieran resueltas impugnaciones previas y sin que la decisión estuviera firme, ya que existe un recurso extraordinario pendiente ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. También objetaron que el Ministerio Público Fiscal habría impulsado la elevación “sin respetar el control de la etapa intermedia”.

En la carta documento dirigida al Ministerio de Trabajo, Ruiz endureció todavía más los términos. Allí afirmó que el Estado bonaerense “no ha respetado ni garantizado el ejercicio del derecho constitucional de huelga”. También calificó el cuadro como una “grave y manifiesta criminalización del derecho de huelga” y denunció un “trato selectivo, discriminatorio y persecutorio”.

En el mismo documento fue todavía más allá al sostener: “Denuncio enfáticamente que esta situación responde a una persecución sindical y política, impulsada por la senadora Arietto Maria Florencia, en su carácter de representante legal de la empresa REY, con actividad en la ciudad de San Pedro, utilizando de manera indebida el aparato estatal y el derecho penal para disciplinar y criminalizar la protesta social y gremial”.

Finalmente, en la presentación ante la OIT, el abogado resaltó el “grave avasallamiento de los derechos de los trabajadores y de la libertad sindical”, y pidió que se adopten las medidas que estén al alcance del organismo internacional para “garantizar la efectiva protección del derecho de huelga y evitar la utilización del sistema penal como herramienta de persecución de la acción gremial”.

Con esa movida, un expediente penal con base en San Nicolás, nacido de un conflicto sindical ocurrido en San Pedro en enero de 2021, quedó ahora proyectado más allá del fuero local y de la provincia de Buenos Aires. El próximo foco quedará puesto en lo que resuelva la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás sobre el recurso de queja, y en el eventual impacto que la denuncia ante la OIT Argentina pueda tener sobre un proceso que, para la defensa, nunca debió abandonar el terreno del derecho laboral.

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