20 marzo 2026 - 13:10

El juez federal Aldo Mario Alurralde dictó procesamiento sin prisión preventiva y embargos millonarios por maniobras irregulares que se habrían extendido durante una década.

El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe resolvió procesar, sin prisión preventiva, al exdirector regional de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Carlos Andrés Vaudagna, junto a otros tres imputados, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones vinculadas al alquiler del edificio donde funciona el organismo en la capital provincial.

La decisión fue adoptada el martes pasado por el juez Aldo Mario Alurralde, quien también dispuso un embargo de 20 millones de pesos sobre los bienes de cada acusado, la prohibición de salida del país y la notificación a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a las actuales autoridades del organismo.

Además de Vaudagna —quien se encuentra imputado arrepentido en otras causas de corrupción vinculadas al exjuez Marcelo Bailaque—, fueron procesados los exfuncionarios Diego Raúl Cignetti y Carlos Ernesto Barral, así como el representante del Fideicomiso La Plaza, Carlos Miguel Bsereni.

Según la resolución judicial, los imputados habrían intervenido en un esquema de direccionamiento de contrataciones para favorecer el alquiler de un inmueble ubicado en calle Salta al 2700 de la ciudad de Santa Fe, donde actualmente funcionan dependencias de ARCA.

La investigación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal con la intervención de los fiscales Walter Rodríguez, Milagros Traverso, Roberto Salum, el auxiliar fiscal Esteban Venditti (PIA) y Juan Argibay Molina (PROCELAC), sostiene que las maniobras se desarrollaron en al menos cuatro períodos distintos, bajo el paraguas de la licitación pública N°05/2010.

De acuerdo con la causa, el proceso derivó en el traslado de oficinas de la ex AFIP desde San Luis al 3000 hacia el inmueble de Salta 2771, propiedad del mencionado fideicomiso, consolidando un vínculo contractual que se habría extendido por casi diez años mediante renovaciones bajo la figura excepcional del “legítimo abono”.

El fallo atribuye a Vaudagna la firma de pliegos con cláusulas direccionadas, valoraciones improcedentes para favorecer ofertas y la recepción de “sobres con dinero” de forma periódica. Por estos hechos fue procesado como autor de negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad, además de partícipe necesario en otras gestiones indebidas.

En tanto, a Cignetti se le imputa haber actuado como intermediario en la recepción y entrega de dinero, mientras que a Barral se le atribuye la redacción de pliegos con condiciones arbitrarias que favorecieron la adjudicación. Por su parte, Bsereni fue considerado partícipe necesario al influir sobre funcionarios y asegurar la continuidad del contrato.

Entre las pruebas valoradas, el juez destacó mensajes telefónicos que evidenciarían gestiones para evitar la competencia en igualdad de condiciones, incluyendo referencias a posibles “presión política” frente a nuevos oferentes.

Asimismo, informes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) señalaron un perjuicio económico significativo: los cánones abonados entre 2016 y 2025 habrían superado los índices inflacionarios, generando una diferencia acumulada estimada en más de 544 millones de pesos a valores de junio de 2025.

En su resolución, Alurralde sostuvo que en los procesos analizados se verificaron “graves apartamientos a la normativa”, remarcando que la licitación pública “garantiza la igualdad y competencia para acceder a los bienes y fondos del Estado”.

Cabe recordar que en diciembre de 2025 los imputados fueron indagados por estos hechos, mientras que en febrero de 2026 el magistrado rechazó un planteo de suspensión del proceso por incapacidad en relación a otro involucrado identificado como C.J.B., ordenando la continuidad de la investigación.

La causa avanza ahora con los imputados procesados y bajo medidas cautelares, en un expediente que expone un presunto entramado de irregularidades en contrataciones públicas de larga data.

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