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Confirman el juicio contra dirigentes Camioneros por presunta extorsión a una empresa de San Pedro
18 marzo 2026 - 07:00
La Cámara de Casación ratificó la elevación a juicio de la causa y fijó la audiencia preparatoria para el 16 de abril. Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola serán juzgados junto a otros seis imputados.
La Cámara de Casación confirmó la elevación a juicio de la denominada “causa camioneros”, que tiene como principales imputados a los dirigentes sindicales Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes serán juzgados por los delitos de Extorsión y Turbación de la posesión en perjuicio de la empresa Rey Distribución, con sede en San Pedro.
Aunque aún no se definió la fecha del debate oral, se estableció que la audiencia preparatoria de juicio se realizará el próximo 16 de abril, en lo que representa un nuevo avance en un expediente que atravesó múltiples instancias judiciales.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en enero de 2021 por los propietarios de la firma, quienes acusaron al gremio de exigir pagos ilegales y de bloquear la planta ante la negativa. En ese sentido, el empresario Gustavo Rey, titular de la compañía, había declarado: “Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato y cada vez que había elecciones un poco más. Pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”. Además, agregó: “Al desistir de ello comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”.
El caso tomó notoriedad pública en octubre de 2021, cuando se difundió un video en el que un hombre aparecía llorando dentro de su galpón denunciando dificultades para trabajar. A partir de allí, intervino el Movimiento Empresarial Antibloqueo – liderado por la libertaria Florencia Arietto – que impulsó la acción judicial contra los dirigentes.
Maximiliano Cabaleyro —quien además se desempeñaba como concejal del Frente de Todos— y Fernando Espíndola fueron detenidos el 8 de abril de 2022, acusados de Extorsión, Coacción y Turbación de la posesión. Tras diversos planteos de la defensa, ambos obtuvieron el beneficio de arresto domiciliario a mediados de 2023.
En la causa también están imputados seis ex empleados de la empresa: Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez y Lucas Torres, quienes permanecen en libertad, aunque sujetos al proceso.
La elevación a juicio había sido confirmada en diciembre del año pasado, pero fue nuevamente recurrida ante Casación por el abogado defensor de los sindicalistas, Mauricio Gugger, sin éxito. En las últimas horas, se conoció que el máximo tribunal penal ratificó esa decisión.
Por su parte, el abogado Gabriel Ruiz, representante de los ex empleados, presentó un reclamo para frenar el avance del proceso al sostener que existe un recurso pendiente ante la Suprema Corte bonaerense. En su planteo, argumenta que la Justicia penal no debería intervenir en un conflicto vinculado al derecho de huelga y denunció un trato discriminatorio al acusar al gremio de usurpación “sin que hayan ingresado al inmueble”, señalando que en otros casos similares no hubo imputaciones.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI Nº7 de San Pedro, quien imputó a los acusados por turbación de la posesión en concurso ideal con coacción (dos hechos), extorsión y extorsión en grado de tentativa, todos en concurso real.
Con la confirmación de la elevación a juicio, el expediente avanza hacia una nueva etapa judicial que buscará determinar responsabilidades en un caso que generó fuerte repercusión en el ámbito sindical y empresarial.
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