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1 octubre 2026 - 13:32
Cuatro hermanas quedaron con prisión preventiva.
Una investigación que comenzó con un celular secuestrado dentro de la cárcel de Ezeiza terminó exponiendo una presunta estructura dedicada al narcotráfico con ramificaciones en distintas ciudades de Santa Fe y una conexión que cruzaba hacia la provincia de Buenos Aires: Junín aparecía como uno de los destinos de distribución mayorista y recaudación de dinero.
La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Región NEA y la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario imputaron a siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, por integrar una organización que habría funcionado al menos desde el 3 de mayo de 2024.
Entre las acusadas hay cuatro hermanas. Una de ellas fue señalada por los investigadores como coordinadora principal de la estructura, aunque parte de las directivas habrían provenido de un hombre condenado por narcotráfico y alojado en un establecimiento penitenciario.
El avance judicial se produjo después de 29 allanamientos realizados el 9 de septiembre por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los operativos alcanzaron Rosario, Funes, Roldán, Ybarlucea, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther y Carcarañá, además de procedimientos en Junín y Aguas Blancas, en Salta.
El despliegue terminó con el secuestro de USD 38.700, cheques diferidos por $3 millones, cinco escopetas, 420 cartuchos de diferentes calibres, seis autos, cuatro camionetas, 42 teléfonos celulares y más de un kilo de marihuana, además de otros elementos incorporados a la investigación.
Dos días después, durante la audiencia del 11 de septiembre, los fiscales federales coadyuvantes Franco Benetti y Gonzalo Ruggeri expusieron ante el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz los elementos reunidos contra los siete sospechosos.
El magistrado resolvió imponer seis meses de prisión preventiva a cinco de los imputados. Los otros dos recuperaron la libertad al considerar el juez que habrían desempeñado papeles de menor relevancia dentro de la presunta organización.
El origen de la pesquisa se remonta al 8 de mayo de 2024.
Ese día, el Servicio Penitenciario Federal secuestró un teléfono celular a un condenado por narcotráfico alojado en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. La extracción forense del dispositivo permitió detectar conversaciones con una de las mujeres posteriormente imputadas en las que se hacía referencia a paquetes de estupefacientes.
A partir de allí comenzaron nuevas intervenciones y tareas de inteligencia.
Según la acusación, la mujer y el detenido coordinaban aspectos relacionados con el traslado, la entrega y comercialización de drogas en el sur santafesino. La investigación también encontró indicios de contactos y movimientos hacia la frontera norte del país.
Los seguimientos realizados por la PSA permitieron posteriormente avanzar sobre vehículos, movimientos de dinero, traslados de bultos y encuentros entre los investigados.
Para la Fiscalía, esos elementos permitieron descartar que se tratara simplemente de vínculos familiares o encuentros ocasionales y sostener la existencia de una estructura con distribución de tareas, logística compartida y coordinación entre sus integrantes.
La hipótesis fiscal ubica a Rosario, Roldán, Funes, Carcarañá y Villa Gobernador Gálvez entre los principales puntos de funcionamiento de la organización. Desde allí, la red habría extendido su distribución mayorista hacia otros destinos, entre ellos Junín y su zona de influencia.
Una de las hermanas quedó señalada como la presunta coordinadora principal. Según la imputación, organizaba el abastecimiento mediante viajes al norte argentino y Bolivia, establecía precios, distribuía droga a revendedores y concentraba parte de la recaudación.
Otra de las mujeres habría colaborado con la logística en la frontera y realizado viajes frecuentes a Aguas Blancas, Salta, además de administrar dinero y participar de la comercialización.
La tercera hermana también aparece vinculada con viajes hacia Salta y Bolivia y con desplazamientos a Córdoba, donde la organización habría tenido clientes.
Pero es el rol atribuido a la cuarta hermana el que conecta directamente la investigación con el norte bonaerense.
Según la Fiscalía, la mujer no solamente habría participado de la distribución y custodia de estupefacientes, sino que era quien habitualmente realizaba los viajes de entrega y cobro hacia Junín. También habría impartido indicaciones sobre el fraccionamiento de la droga y controlado la recaudación de otros integrantes.
El dinero proveniente de esos viajes habría tenido como uno de sus destinos un inmueble ubicado en el microcentro de Rosario. La Fiscalía sostiene que allí funcionaba un punto de reunión y acopio y que otro de los imputados administraba activos y realizaba movimientos mediante cuentas virtuales para financiar la operatoria.
La causa continúa ahora con cinco de los siete acusados bajo prisión preventiva. La investigación deberá determinar el alcance completo de la organización y profundizar, entre otros aspectos, cómo funcionaba la conexión con Junín y hasta dónde se extendía la red de compradores y revendedores en territorio bonaerense.
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