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21 septiembre 2026 - 10:57
El financista Gustavo Shanahan y miembros de su familia fueron indagados en Rosario.
Una investigación federal que atraviesa negocios portuarios, sociedades comerciales, operaciones financieras y dinero presuntamente proveniente del narcotráfico puso nuevamente en el centro de la escena al financista rosarino Gustavo Pedro Shanahan, de 70 años, quien ya cumple una condena de siete años de prisión en otra causa.
El Juzgado Federal N.º 3 de Rosario indagó durante la última semana a Shanahan, su pareja y sus dos hijos por presuntas maniobras destinadas a introducir en el circuito legal capitales de origen ilícito. La investigación también alcanzó al empresario español Jordi Pujol Ferrusola y al exsocio del financista Iván Ferrarons, ambos con residencia en España y sobre quienes se libraron pedidos de captura internacional a través de Interpol.
La magnitud económica del expediente quedó reflejada en otra de las decisiones judiciales: a pedido del Ministerio Público Fiscal se ordenó un embargo de bienes hasta cubrir $152.000 millones. Además, se requirió la incautación de propiedades y vehículos que, según la acusación, habrían sido utilizados para ocultar o disimular el origen de los fondos.
Entre esos bienes aparecen dos viviendas en Rosario, departamentos, terrenos y cinco vehículos de alta gama.
El 9 de septiembre, luego de un pedido de los fiscales y con autorización judicial, personal de Gendarmería Nacional detuvo a la pareja de Shanahan y a sus dos hijos.
Los tres fueron indagados el viernes siguiente. Tras comunicarles formalmente las imputaciones, el juez federal Carlos Vera Barros dispuso la prisión preventiva del hijo de Shanahan, mientras que las dos mujeres recuperaron la libertad bajo medidas de caución.
El propio financista fue indagado el miércoles 16 de septiembre. Además, el expediente incluye personas jurídicas que también deberán atravesar las correspondientes audiencias.
La investigación es impulsada por un equipo integrado por Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC); Juan Argibay Molina, de PROCELAC Rosario; Matías Scilabra, a cargo de PROCUNAR NEA y con funciones de coordinación del Distrito Rosario; Federico Reynares Solari, titular del Área Investigación y Litigio de Casos Complejos; y Matías Mené, fiscal coadyuvante de la Oficina de Narcocriminalidad.
Uno de los capítulos centrales de la causa apunta a las inversiones realizadas en Terminal Puerto Rosario (TPR), empresa que tuvo a Shanahan entre sus principales responsables.
Según la hipótesis fiscal, entre 2010 y 2019 se habría montado una estructura societaria para canalizar fondos vinculados con Jordi Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol, quien presidió la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003.
Pujol Ferrusola llegó como inversor al puerto rosarino en 2010 y actualmente es investigado en España por el origen de su patrimonio, en una causa tramitada ante el Juzgado Central de Instrucción N.º 5 de la Audiencia Nacional de Madrid.
Los fiscales argentinos sostienen que las pruebas reunidas permitieron detectar un entramado empresarial destinado presuntamente a canalizar, ocultar y posteriormente lavar activos.
La acusación señala que Pujol Ferrusola y Shanahan habrían utilizado distintas estructuras societarias para tomar el control de TPR, ampliar su capital y esconder quiénes estaban realmente detrás de determinadas inversiones efectuadas en Argentina.
Las sociedades mencionadas en ese esquema son Pro Puerto SA, Interlogística Portuaria SA e Inter Rosario Port Services SA.
Para el Ministerio Público Fiscal, detrás de las diferentes empresas habría existido una misma conducción económica y una superposición de patrimonios que terminaba bajo el control de Shanahan y Pujol Ferrusola.
Otro tramo de la investigación se concentra en $35 millones que habrían sido incorporados al circuito económico legal entre abril de 2018 y mayo de 2019.
La Fiscalía atribuye a Shanahan y a uno de sus hijos la realización de al menos diez operaciones presentadas como préstamos entre sociedades. Las transacciones involucraron a Pro Puerto e Interlogística Portuaria como prestamistas y a Natural Food SRL, Los Araucos SRL e Increase SA como receptoras.
Según la acusación, esas compañías también se encontraban relacionadas con Pujol Ferrusola.
La hipótesis fiscal sostiene que los movimientos de dinero no habrían respondido a operaciones comerciales genuinas, sino a una estrategia dirigida desde España por el empresario catalán y ejecutada materialmente en Argentina por Shanahan.
El hijo del financista también quedó incluido en este capítulo. Los investigadores determinaron, a partir de registros societarios y documentación de TPR, que habría sido accionista y director suplente de Pro Puerto.
El expediente tiene además una segunda vertiente que vuelve sobre la actividad por la cual Shanahan ya fue condenado.
El financista cumple actualmente una pena de siete años de prisión por haber facilitado dólares a la organización encabezada por el narcotraficante Julio Andrés Rodríguez Granthon.
Ahora los fiscales le atribuyen haber colocado en el mercado legal $32 millones que, según la acusación, provenían del comercio de estupefacientes.
En esa operatoria aparece su exsocio Iván Ferrarons, señalado por presuntamente intervenir en la gestión y cambio de divisas desde una oficina financiera informal que funcionaba en el centro de Rosario.
Cuando ese dinero fue secuestrado en un allanamiento realizado dentro de la investigación que terminó con la condena de Shanahan, el financista presentó documentación para justificar su procedencia.
La Fiscalía sostiene que esa documentación era falsa y que se habría utilizado una supuesta cesión de derechos vinculada con Vicentín SAIC, por USD 240.000, para darle apariencia legítima al dinero. También se investiga un recibo fechado en marzo de 2017 que habría sido confeccionado con el mismo objetivo.
La pesquisa reconstruyó además movimientos realizados durante casi una década.
Los fiscales atribuyen a Shanahan haber administrado entre 2012 y 2021 alrededor de $23,7 millones de presunto origen ilícito mediante operaciones sistemáticas en salas de juegos de azar de Santa Fe.
También se investiga la administración, desde diciembre de 2023, de un inmueble de Rosario mediante personas interpuestas, una maniobra que habría buscado ocultar beneficios económicos provenientes del narcotráfico.
Otro capítulo alcanza al Country Golf Rosario, donde Shanahan habría actuado como fiduciario e intervenido en operaciones relacionadas con la división, adjudicación y transferencia de terrenos. Para la acusación, algunas de esas decisiones habrían sido realizadas de manera coordinada con su pareja y sus hijos.
Con las indagatorias realizadas, el embargo multimillonario y dos pedidos internacionales de captura todavía vigentes, la Justicia Federal busca ahora determinar el alcance de una estructura que, según la hipótesis de los fiscales, habría utilizado sociedades, inversiones portuarias, operaciones financieras, inmuebles y otros bienes para insertar y ocultar capitales de diferente origen ilícito.
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