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24 octubre 2026 - 08:34
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó medidas urgentes a la Municipalidad por los riesgos ambientales detectados en La Tosquera. Los informes también advirtieron problemas en el agua utilizada por un centro infantil.
La Municipalidad de San Pedro deberá adoptar medidas inmediatas para controlar el basural a cielo abierto de 20 hectáreas ubicado en La Tosquera, luego de que la Justicia Federal detectara, a través de distintos informes técnicos, situaciones que representan un riesgo para el ambiente y la salud de quienes viven en las inmediaciones.
La resolución fue dictada por el juez federal de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, a partir de una presentación del fiscal Matías Di Lello. El magistrado estableció un plazo de 90 días corridos para ejecutar un plan de contingencia y otro de 60 días para presentar un programa integral de gestión de residuos, aunque varias de las medidas de prevención deberán comenzar a cumplirse de inmediato.
La intervención judicial se produjo en el marco de una investigación penal que analiza las condiciones de funcionamiento del predio municipal. Las inspecciones realizadas por organismos provinciales y federales encontraron residuos depositados directamente sobre el suelo, sin sistemas de aislamiento, cobertura ni compactación.
Entre los materiales acumulados se identificaron desechos domiciliarios, neumáticos, electrodomésticos, restos de poda, vidrios y escombros. También se comprobaron focos de incendio activos, ausencia de vigilancia, falta de cerramiento perimetral y sectores con agua acumulada.
Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue la presencia de personas adultas y menores de edad que recuperaban materiales dentro del basural, en un espacio donde también ingresaban vehículos particulares y municipales para descargar residuos sin una organización adecuada.
Las condiciones del terreno, atravesado por calles que conectan con el barrio y próximo a distintos cursos de agua, fueron consideradas especialmente relevantes por los investigadores debido a las posibilidades de propagación de contaminantes.
La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), conducida por el fiscal Ramiro González, concluyó que existían elementos para considerar acreditada una situación de contaminación en los términos de la Ley 24.051, al menos como consecuencia de la quema sistemática de residuos.
El organismo también advirtió sobre la proliferación de insectos, roedores y otros animales, cuya presencia puede favorecer la transmisión de enfermedades y agravar las condiciones sanitarias de las familias cercanas.
Otro elemento incorporado a la investigación surgió de un análisis realizado por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina sobre una muestra de agua obtenida en el Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje La Colmenita, al que concurren niños y niñas del barrio.
El establecimiento utiliza agua proveniente de un pozo, almacenada en un tanque, para beber, cocinar y lavar utensilios. El laboratorio detectó valores de coliformes totales superiores a los límites permitidos por el Código Alimentario Argentino y recomendó limpiar y desinfectar el sistema de almacenamiento.
Ese resultado constituye una advertencia sanitaria importante, aunque el análisis informado no permite establecer por sí solo que la contaminación del agua haya sido causada por el basural.
Frente a este escenario, Villafuerte Ruzo aplicó el principio precautorio de la Ley General del Ambiente N.º 25.675, que permite adoptar medidas preventivas cuando existen riesgos de daño ambiental grave, aun cuando no se hayan determinado completamente sus consecuencias.
La resolución exige a las autoridades municipales cerrar el perímetro del predio, controlar los accesos y garantizar vigilancia permanente durante las 24 horas, con el objetivo de impedir descargas no autorizadas.
También deberán organizar y clasificar los residuos, registrar a quienes ingresen para depositarlos y establecer un sistema de autorización para las personas que trabajan recuperando materiales, de manera que puedan continuar desarrollando esa actividad bajo condiciones reguladas.
En paralelo, el Municipio tendrá que presentar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU), conforme a la legislación nacional y provincial que regula el tratamiento y la disposición de los desechos domiciliarios.
La orden judicial alcanza al intendente Cecilio Salazar, al director de Ambiente Gustavo Solá, al secretario de Obras y Servicios Públicos Adrián Devito y al director del Corralón Municipal Juan Bronce, responsable de la operación del basural.
El cumplimiento de las medidas deberá coordinarse con el Ministerio de Ambiente bonaerense, que intervendrá como autoridad de aplicación.
De esta manera, el funcionamiento del basural de La Tosquera quedó sujeto a plazos judiciales concretos. La Municipalidad deberá acreditar avances en las tareas de control y presentar una planificación que permita abordar las deficiencias detectadas, mientras continúa la investigación penal sobre los posibles daños ambientales y sanitarios asociados al predio.
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