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30 octubre 2026 - 20:20
En una charla realizada en la Sociedad Francesa de San Nicolás, especialistas analizaron los límites legales de los tributos locales y su impacto en los contribuyentes.
La discusión sobre las tasas que cobran los municipios, los servicios que deben ofrecer a cambio y las posibilidades de los contribuyentes para cuestionarlas ante la Justicia fue el eje de un encuentro realizado el jueves en la Sociedad Francesa de San Nicolás. La actividad contó con la participación de Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, la diputada nacional Patricia Vásquez y el concejal Federico Chouhy, quienes abordaron distintos aspectos del sistema tributario municipal y sus consecuencias económicas.
La jornada fue organizada por Alianza La Libertad Avanza San Nicolás, con el propósito de promover un intercambio sobre la aplicación de los tributos locales y las obligaciones de las administraciones municipales. Durante las exposiciones también se examinó un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, relacionado con el cobro de una tasa de Seguridad e Higiene por parte de la Municipalidad de Pergamino.
La apertura estuvo a cargo de Federico Chouhy, quien planteó la necesidad de que los vecinos dispongan de información suficiente para conocer el origen y la finalidad de los importes incluidos en sus obligaciones tributarias.
“Los vecinos tienen derecho a saber qué pagan, cómo se calculan las tasas y qué servicios reciben a cambio”, expresó el concejal, quien vinculó la organización de la charla con la posibilidad de acercar herramientas para comprender el funcionamiento de la recaudación municipal.
En ese sentido, Chouhy agregó: “La transparencia y el uso responsable de los recursos públicos tienen que estar en el centro de esa discusión”, al referirse a la importancia de que los contribuyentes conozcan cómo se utilizan los fondos obtenidos por las administraciones locales.
La diputada nacional Patricia Vásquez participó mediante una videoconferencia, durante la cual presentó los principales lineamientos de un proyecto legislativo destinado a establecer requisitos para determinar la validez constitucional de las tasas municipales. La iniciativa propone reforzar la vinculación entre el tributo exigido y la prestación concreta de un servicio por parte del municipio.
“Las tasas sólo pueden existir si tienen una contraprestación real, efectiva e individualizada. Hoy muchos municipios cobran por servicios que no brindan”, sostuvo Vásquez, al exponer su posición sobre las condiciones que deberían cumplirse para justificar estos cobros.
Posteriormente, Matías Olivero Vila desarrolló una exposición titulada “Las tasas municipales y la jurisprudencia bajo la lupa”, en la que examinó los criterios utilizados por los gobiernos locales para establecer los importes y las herramientas jurídicas disponibles para discutir su aplicación.
El presidente de la ONG Lógica también puso el foco en las consecuencias económicas que los tributos municipales pueden tener sobre la actividad comercial y los consumidores. “Estas tasas terminan siendo soportadas por los consumidores dentro de los precios finales”, señaló en el material utilizado durante su presentación, al explicar cómo determinadas cargas tributarias pueden trasladarse al valor de los productos y servicios.
Uno de los antecedentes analizados fue el fallo dictado el 10 de septiembre de 2026 por la Corte Suprema en la causa iniciada por la Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos y Jubilados de La Fraternidad, Sección Pergamino, contra la Municipalidad de esa ciudad.
En esa resolución, el máximo tribunal nacional dejó sin efecto una sentencia de la Suprema Corte bonaerense que había avalado el cobro de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. La discusión judicial estuvo relacionada con la prestación efectiva de los servicios municipales y la proporcionalidad entre el importe reclamado y los costos que debe afrontar la administración para brindarlos.
La decisión no implicó la eliminación general de las tasas municipales ni resolvió definitivamente todos los cuestionamientos de la mutual. La Corte ordenó que se dictara un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios establecidos, particularmente sobre la necesidad de acreditar la prestación del servicio y evaluar la razonabilidad del monto exigido.
Olivero Vila destacó la importancia de ese antecedente para los contribuyentes y sostuvo que el pronunciamiento “reafirma la necesidad de una prestación concreta, efectiva e individualizada y establece límites vinculados con el costo del servicio”.
La exposición también incluyó cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia en materia tributaria. Para el presidente de Lógica, la protección de los derechos de los contribuyentes depende tanto de las normas vigentes como de la independencia de los tribunales y de la oportunidad con la que se adoptan las decisiones.
En sus conclusiones, el disertante expresó: “La mejor reforma tributaria, incluyendo especialmente la eventual que se aplique sobre tasas municipales, no funcionará con una Justicia de rasgos pusilánimes”, al manifestar su posición sobre el papel del Poder Judicial en los conflictos fiscales.
El encuentro reunió así diferentes perspectivas sobre una cuestión que tiene incidencia directa en la economía de los vecinos y las empresas: los fundamentos utilizados para establecer tasas municipales, los servicios que justifican su percepción y los mecanismos de control disponibles para los contribuyentes.
La actividad desarrollada en San Nicolás permitió trasladar al ámbito local un debate que también se desarrolla en otras ciudades del país y que, a partir de los recientes pronunciamientos judiciales, vuelve a poner bajo análisis los límites y las responsabilidades de los gobiernos municipales en materia tributaria.
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