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29 octubre 2026 - 17:02
Belén Mozzicafredo denunció nuevas restricciones al RAFAM y repasó presentaciones por fondos millonarios. Aseguró que el Municipio redujo el acceso que ya tenían los concejales.
La controversia por el acceso a las cuentas públicas de la Municipalidad de San Nicolás volvió a profundizarse después de que la concejal María Belén Mozzicafredo, de Fuerza Patria, denunciara que el gobierno de Santiago Passaglia restringió aún más la información disponible en el sistema de Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal (RAFAM). La edil aseguró que la modificación anunciada por el Ejecutivo no representa una solución a la falta de acceso a la contabilidad pública local y advirtió que las nuevas limitaciones dificultan el seguimiento de distintas partidas presupuestarias sobre las que ya presentó denuncias ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
El miércoles 28 de octubre, Mozzicafredo recibió un correo electrónico del área de Recursos Humanos municipal informando que podía volver a ingresar al sistema. Sin embargo, al revisar las herramientas habilitadas encontró una situación diferente a la comunicada oficialmente. “Podemos ingresar a Tesorería pero sin datos, no hay datos del ejercicio 2026 y no podemos acceder a ningún dato del ejercicio 2025 ni para atrás”, afirmó.
La concejal detalló que solamente quedaron disponibles tres módulos: Personal, Tesorería y Contabilidad. En el primero puede consultar datos básicos de los trabajadores municipales, pero no sus recibos de sueldo; el segundo no muestra información financiera y el tercero presenta restricciones que, según sostuvo, antes no existían. “El módulo Contabilidad al que teníamos acceso a todo el ejercicio 2025 completo y para atrás durante 10 años, a las partidas y a toda la contabilidad, nos borraron esos accesos”, cuestionó.
El reclamo tiene antecedentes concretos. En abril de 2026, Mozzicafredo presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la falta de información correspondiente al primer trimestre de ese año, acompañada por registros obtenidos el 15 de abril. Allí solicitó que se garantizara el acceso completo al RAFAM, necesario para controlar licitaciones, proveedores, deudas y movimientos financieros.
Las dificultades denunciadas también afectan el seguimiento de otras presentaciones relacionadas con la administración de recursos municipales. Una de ellas fue formalizada el 23 de junio de 2026 y cuestionó el presunto pago de un Premio Anual Extraordinario a 14 concejales, por aproximadamente $3.100.000 cada uno, distribuido entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Como antecedente, la denuncia menciona una resolución del 5 de marzo de 2026, vinculada con bonificaciones de 2024, que estableció un cargo patrimonial de $12.182.126, incluidos capital e intereses. El Tribunal dispuso el 2 de julio remitir la nueva denuncia para su análisis.
Ese mismo 23 de junio, la edil también presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la administración de la Tasa por Servicios Sanitarios del Ente de Agua de San Nicolás. El escrito cuestiona que durante 2025 se registraran $11.552 millones devengados, frente a los $4.000 millones inicialmente presupuestados, además de $2.966 millones percibidos por obligaciones de ejercicios anteriores, cuando se habían previsto $104 millones. El Tribunal de Cuentas resolvió el 2 de julio enviar las actuaciones a su Delegación Zonal XVII de Zárate para determinar si correspondía incorporarlas al estudio de cuentas.
Otro expediente corresponde al Fondo de Financiamiento Educativo de 2025, denunciado el 4 de agosto de 2026. Según la documentación presentada, el Municipio recibió $3.810 millones, mientras que en el programa Células Educativas se identificaron pagos por apenas $251,4 millones, equivalentes al 6,6% de lo percibido. Mozzicafredo solicitó una auditoría para determinar el destino de los recursos, revisar gastos destinados a establecimientos escolares y esclarecer operaciones financieras vinculadas con fondos de afectación específica. La presentación fue derivada para su análisis el 13 de agosto.
Un día después, el 5 de agosto, formuló otra denuncia sobre los gastos municipales registrados en partidas denominadas “Otros”, correspondientes a la Rendición de Cuentas 2025. La presentación cuestiona operaciones por más de $28.400 millones, cuya documentación respaldatoria había sido solicitada previamente el 6 de mayo. Entre los aspectos señalados aparece una partida de $17.743 millones devengados, además de diferencias entre los totales consignados en distintos cuadros contables. El Tribunal también remitió esta denuncia a la Delegación Zonal de Zárate el 13 de agosto.
En todos estos casos, las providencias del organismo provincial acreditan que las denuncias recibieron tratamiento y fueron giradas para su evaluación.
A estos antecedentes, Mozzicafredo agregó un nuevo cuestionamiento relacionado con la Tasa de Seguridad e Higiene, que diferenció de los recursos correspondientes al servicio de agua. “Y faltan los 23.000 millones de pesos de Tasa de seguridad e higiene que no van a ningún lado tampoco, de esto solo hay varios proyectos nuestros pidiendo la reducción del 50% de la tasa, incluso la incorporación de las PYMes al RIGI”, sostuvo.
Para la concejal, las restricciones actuales del RAFAM agravan un problema que ya atravesó distintas instancias administrativas y judiciales. “Ellos dicen que nos dan acceso y no sólo es una mentira, sino que nos quitan el poco acceso que teníamos antes”, manifestó. También aseguró que conserva registros fotográficos y audiovisuales de las funciones que se encuentran bloqueadas y confirmó que inició un expediente administrativo en respuesta al correo de Recursos Humanos.
Mozzicafredo adelantó que los abogados del bloque preparan nuevas presentaciones ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo para informar las modificaciones detectadas.
Finalmente, insistió en que el reclamo no responde únicamente a una disputa entre oficialismo y oposición, sino a la necesidad de conocer cómo se administran los recursos públicos. “Nosotros no somos concejales de nada, somos concejales del pueblo que nos votó”, expresó, antes de señalar que tanto quienes acompañaron electoralmente al intendente como quienes eligieron otras opciones tienen derecho a conocer el destino de sus impuestos.
“Me imagino que los que también lo votaron a él quieren las cuentas claras. Supongo que son gente honesta y que quieren saber en qué se gastan sus impuestos”, concluyó.
Las distintas denuncias y presentaciones impulsadas por la concejal María Belén Mozzicafredo ponen bajo discusión cifras que, sumadas, se aproximan a los 70 mil millones de pesos. Los planteos incluyen recursos provenientes de tasas municipales, gastos registrados en partidas genéricas, fondos destinados a educación y presuntas bonificaciones a concejales.
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