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11 noviembre 2026 - 06:15
Una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos lleva ocho años sin una definición penal concluyente. Mientras la familia conserva su poder político en San Nicolás y proyecta su expansión nacional, las sospechas patrimoniales documentadas por la Fiscalía siguen sin una respuesta definitiva conocida.
El poder político de la familia Passaglia atraviesa generaciones, administraciones municipales y cargos legislativos, pero también convive con una investigación judicial que, después de ocho años, continúa dejando interrogantes sobre el origen y la evolución de su patrimonio. La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, iniciada en 2018, tuvo indagatorias, cuestionamientos fiscales, recursos y resoluciones de la Cámara Federal de Rosario, sin que los documentos judiciales oficiales públicamente localizados permitan establecer que se haya llegado a una condena, una absolución o un sobreseimiento definitivo.
El expediente, identificado como FRO 67991/2018, involucra a Ismael Passaglia, exintendente de San Nicolás; sus hijos Manuel Passaglia, actual diputado provincial y, también a Santiago Passaglia, actual intendente de San Nicolás; además de otros integrantes del entorno familiar y personas vinculadas con operaciones patrimoniales investigadas.
La última resolución sustancial que pudo verificarse en los registros públicos corresponde a agosto de 2025, cuando la Cámara Federal de Rosario declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por el Ministerio Público Fiscal y las defensas. Esa decisión dejó sin modificaciones lo resuelto en junio del mismo año, cuando se confirmó la falta de mérito dictada originalmente en mayo de 2023 respecto de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La falta de mérito significa que los jueces consideraron insuficientes los elementos reunidos para procesar a los investigados, pero tampoco encontraron fundamento para disponer su sobreseimiento, tal como lo había dispuesto el exjuez – ya fuera de la Justicia Federal por sus vínculos con el narcotráfico – Marcelo Bailaque.
Esa situación procesal plantea un interrogante de indudable interés público: ¿cómo puede una investigación por presuntas irregularidades patrimoniales de funcionarios de semejante relevancia política atravesar tantos años sin que exista una definición judicial concluyente?
La pregunta cobra mayor importancia cuando se examina el contenido de las actuaciones impulsadas por el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En una publicación oficial del 18 de mayo de 2023, los fiscales Matías Di Lello y Carlos Martín Amad explicaron los fundamentos de su apelación contra la falta de mérito que había dispuesto el juez federal Marcelo Bailaque.
Según esa presentación, la investigación había detectado inconsistencias entre los ingresos declarados por integrantes de la familia y la adquisición de distintos bienes. Los representantes del Ministerio Público sostuvieron que existían elementos suficientes para avanzar con los procesamientos, una interpretación que finalmente no fue compartida por la Cámara.
Entre los aspectos cuestionados aparecían operaciones inmobiliarias, adquisiciones de vehículos, depósitos bancarios, movimientos de divisas y gastos que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, requerían mayores explicaciones sobre su procedencia.
La Fiscalía también había señalado diferencias en declaraciones impositivas, donaciones sin documentación respaldatoria y operaciones cuya justificación económica consideraba insuficiente.
Uno de los puntos especialmente sensibles estuvo relacionado con la explicación ofrecida sobre el origen de determinados fondos. Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, durante su descargo Ismael Passaglia atribuyó aproximadamente tres millones de dólares a ingresos por arrendamientos rurales que no habían sido declarados ante el organismo tributario.
Para los fiscales, esa circunstancia justificaba profundizar la investigación, incluso sobre eventuales consecuencias fiscales. Sin embargo, la existencia de ese planteo no permite afirmar que se haya acreditado judicialmente un delito tributario ni que los fondos provinieran necesariamente de actividades ilícitas.
Otro aspecto investigado fue la posible existencia de negociaciones incompatibles con la función pública, a partir de contrataciones vinculadas con Santiago Passaglia durante períodos en los que su padre y su hermano ejercieron responsabilidades municipales.
La Cámara Federal de Rosario, al pronunciarse el 12 de junio de 2025, no solamente confirmó la falta de mérito por enriquecimiento ilícito y lavado, sino que revocó la decisión que había apartado a la Justicia federal de la investigación por presuntas negociaciones incompatibles.
Esto significa que, al menos en aquella instancia, los jueces consideraron que ese aspecto del expediente debía continuar bajo competencia federal.
La sucesión de decisiones también expone las dificultades que atravesó la investigación. En mayo de 2024 fue apartado el fiscal Matías Di Lello, luego de una recusación promovida por las defensas. Más tarde, las discrepancias entre los fiscales y las resoluciones judiciales continuaron trasladándose a distintas instancias de revisión.
Cada una de esas actuaciones responde a mecanismos previstos por la legislación y al ejercicio de derechos procesales. Sin embargo, su acumulación a lo largo de los años obliga a poner el foco sobre un problema institucional más amplio: la demora en esclarecer sospechas de corrupción también debilita la confianza pública en la Justicia.
El contraste con la trayectoria política de los investigados es inevitable.
Desde 2011, el gobierno municipal de San Nicolás permanece en manos de integrantes de la familia Passaglia. Primero con Ismael, luego con Manuel y actualmente con Santiago, la continuidad del apellido al frente de la administración local constituye uno de los rasgos más visibles de la política nicoleña de los últimos quince años.
Ese predominio no demuestra por sí mismo ninguna irregularidad. Las responsabilidades de gobierno surgen de procesos electorales y las imputaciones penales requieren pruebas. Pero la permanencia en el poder tampoco debería atenuar las exigencias de transparencia ni reducir el interés público por conocer cómo se conformaron los patrimonios de quienes ocuparon y ocupan cargos estatales.
La cuestión adquiere una nueva dimensión porque los hermanos Manuel y Santiago Passaglia comenzaron a proyectar su espacio político Hechos hacia el escenario nacional, con la intención anunciada de participar en las elecciones presidenciales de 2027.
Mientras presentan su experiencia municipal como una referencia de gestión, permanece pendiente una explicación judicial definitiva, al menos en los documentos públicos localizados, sobre las sospechas patrimoniales que dieron origen al expediente de 2018.
No se trata de equiparar una investigación con una condena ni de desconocer la presunción de inocencia que corresponde a todas las personas involucradas. Precisamente por eso, una resolución judicial clara y fundada resulta indispensable tanto para la sociedad como para los propios investigados.
Si las sospechas carecen de sustento, corresponde que la Justicia lo determine mediante las decisiones procesales pertinentes. Si existen elementos suficientes para avanzar, también corresponde que sean examinados sin demoras injustificadas.
Lo que resulta difícil de aceptar desde una perspectiva institucional es que una causa de semejante relevancia pública permanezca durante años rodeada de incertidumbre, mientras sus protagonistas continúan ejerciendo o proyectando responsabilidades políticas de considerable alcance.
La lentitud judicial genera – para muchos – sospechas de protección política. La ausencia de una definición pública concluyente alimenta una percepción de impunidad que solamente una Justicia eficaz, independiente y transparente puede despejar.
En San Nicolás, donde el mismo grupo familiar conduce el Municipio desde hace tres administraciones, el esclarecimiento de las actuaciones judiciales trasciende los intereses particulares de sus protagonistas.
Los vecinos tienen derecho a conocer qué ocurrió con las observaciones patrimoniales formuladas por la Fiscalía, qué medidas se realizaron para investigarlas y cuál es el estado procesal actualizado del expediente.
También tienen derecho a saber si existen nuevas resoluciones posteriores a agosto de 2025, si continúa la producción de pruebas o si alguna decisión modificó la situación de los investigados.
La responsabilidad de dar esas respuestas corresponde a la Justicia. La responsabilidad política de garantizar transparencia sobre el ejercicio de los cargos públicos corresponde a quienes gobiernan.
Ocho años después del inicio de la causa, las preguntas siguen teniendo relevancia. Y cuanto más tiempo transcurre sin una explicación judicial concluyente y accesible, más difícil resulta separar la demora de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de investigar al poder.
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