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15 octubre 2026 - 15:52
Con 121 diputados presentes, fracasó la sesión especial que buscaba rechazar el DNU 70/23.
La oposición no consiguió este jueves reunir el quórum necesario para abrir una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, donde pretendía avanzar con el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, una de las principales herramientas de desregulación económica impulsadas por el presidente Javier Milei.
Pese a la movilización que se desarrolló en las inmediaciones del Congreso, solamente 121 legisladores ocuparon sus bancas, ocho menos de los 129 requeridos para habilitar el debate. Transcurrida la media hora reglamentaria, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la convocatoria.
El resultado representó un alivio para el oficialismo, que logró evitar una discusión parlamentaria sobre la continuidad de las disposiciones del decreto. La iniciativa opositora apuntaba a rechazar la norma en su totalidad, una decisión que habría tenido consecuencias sobre distintas reformas económicas y regulatorias adoptadas por el Gobierno desde diciembre de 2023.
Entre las ausencias que resultaron decisivas estuvieron las de ocho integrantes de Provincias Unidas, incluida la presidenta del bloque, Gisela Scaglia, y los diputados jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, vinculados políticamente con el gobernador Carlos Sadir.
Tampoco participaron los tres representantes tucumanos de Independencia ni el diputado misionero Alberto “Colo” Vancsik, de Argentina Federal.
Los legisladores José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, y Loma Ávila, de Provincias Unidas, ingresaron al recinto cuando Menem ya había anunciado que la sesión no podía realizarse por falta de quórum.
Los diputados que sí respondieron a la convocatoria pertenecían principalmente a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, sectores de Provincias Unidas y Argentina Federal, además de representantes de Elijo Catamarca y la Coalición Cívica.
La sesión no estaba limitada al tratamiento del DNU. El temario también contemplaba iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad y un proyecto destinado a establecer mecanismos de alivio y regularización de las deudas familiares.
Sin embargo, las negociaciones políticas desarrolladas durante los días previos redujeron las posibilidades de que la oposición alcanzara los votos necesarios para comenzar el debate.
Uno de los puntos centrales de la disputa fue la Ley de Tierras, cuya derogación había sido incluida en el DNU 70/23. La situación de esa normativa volvió a ocupar un lugar relevante después de una intervención de la Corte Suprema y de la decisión oficialista de impulsar modificaciones legislativas relacionadas con su vigencia.
El Gobierno incorporó al dictamen del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada una disposición destinada a dejar sin efecto el artículo 154 del DNU, relacionado con la derogación de la Ley de Tierras.
Ese movimiento legislativo fue interpretado por sectores opositores como una estrategia para reducir los apoyos a un eventual rechazo integral del decreto.
La caída del DNU 70/23 habría afectado un conjunto mucho más amplio de disposiciones, entre ellas las vinculadas con las leyes de Alquileres, Góndolas y Abastecimiento, además de modificaciones regulatorias en el transporte aéreo, las telecomunicaciones satelitales y la medicina prepaga.
En paralelo, la convocatoria a una nueva sesión para el 21 de octubre, con proyectos relacionados con discapacidad y endeudamiento familiar, también influyó en las negociaciones entre los bloques.
Tras confirmarse la falta de quórum, los legisladores opositores presentes realizaron expresiones en minoría y cuestionaron a quienes decidieron no participar.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó tanto contra el oficialismo como contra los diputados ausentes.
«Este gobierno y los que no dieron quórum no sienten al pueblo argentino«, sostuvo durante su intervención.
Por su parte, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de realizar maniobras políticas para impedir que se habilitara el debate parlamentario.
El legislador también cuestionó la ausencia de representantes que, según planteó, dejaron sin tratamiento iniciativas vinculadas con la situación económica de las familias y los reclamos del sector de discapacidad.
Con la sesión frustrada, el DNU 70/23 continúa vigente y la oposición deberá reorganizar su estrategia si pretende avanzar con su rechazo en la Cámara baja.
El próximo escenario de discusión será la sesión prevista para el 21 de octubre, mientras el Gobierno conserva, al menos por ahora, una de las principales herramientas legislativas de su programa de reformas.
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