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17 septiembre 2026 - 18:47
El Senado convirtió en ley Inocencia Fiscal II, una reforma que flexibiliza el régimen tributario para quienes mantienen ahorros fuera del circuito formal.
El Gobierno consiguió este jueves la sanción definitiva de una de las herramientas con las que pretende incentivar el ingreso al sistema financiero de ahorros no declarados. El Senado de la Nación aprobó Inocencia Fiscal II, una reforma tributaria que amplía las posibilidades de regularización y modifica el alcance de los controles sobre los contribuyentes.
La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió el acompañamiento de La Libertad Avanza y sectores aliados, mientras que el peronismo votó en contra. Al haber sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados, la decisión de la Cámara alta completó el trámite parlamentario.
Detrás de la reforma aparece una cifra que el oficialismo viene utilizando para explicar el objetivo de la medida: estima que alrededor de US$170.000 millones de argentinos permanecen fuera del sistema bancario. La apuesta oficial es generar condiciones para que al menos una parte de ese dinero pueda incorporarse al circuito formal.
La nueva legislación introduce cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias y establece condiciones bajo las cuales la información presentada por un contribuyente tendrá una presunción de exactitud. A la vez, modifica los parámetros utilizados por el organismo recaudador para avanzar frente a determinadas inconsistencias patrimoniales.
Durante el debate, el senador libertario Bruno Olivera Lucero defendió el cambio bajo el argumento de que el Estado debe concentrar sus controles en aquellos casos donde existan indicios concretos de evasión y no considerar de manera generalizada a los contribuyentes como sospechosos.
La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, vinculó la acumulación de dólares fuera de los bancos con las restricciones cambiarias que atravesó el país durante años. Según planteó, los cepos y la coexistencia de diferentes cotizaciones llevaron a numerosos argentinos a mantener sus ahorros por fuera del sistema financiero.
El proyecto no llegó al Senado exactamente igual a su versión original. Durante el tratamiento en Diputados se incorporó una condición que excluye de los beneficios especiales a quienes hayan ocupado cargos públicos en cualquiera de los tres poderes del Estado durante los últimos cinco años.
Esos funcionarios podrán utilizar el procedimiento simplificado para presentar su declaración y pagar los impuestos correspondientes, pero no quedarán alcanzados por las presunciones y protecciones adicionales contempladas en Inocencia Fiscal II.
La modificación cobró especial relevancia durante la discusión parlamentaria por la investigación judicial sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, aunque la restricción incorporada a la ley no está limitada a un funcionario particular.
Otro capítulo de la reforma alcanza a las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no se encuentren clasificadas como grandes contribuyentes nacionales.
Para ese universo se contempla una reducción automática del 25% en determinadas multas por incumplimientos formales. También se establece un tratamiento especial para algunas sanciones anteriores, con disminuciones que pueden llegar al 50%.
El oficialismo sostiene que estas disposiciones permitirán que errores o incumplimientos administrativos tengan una penalización más proporcionada, especialmente cuando involucran a pequeños contribuyentes.
El principal rechazo llegó desde el peronismo. El senador Jorge “Coqui” Capitanich cuestionó que funcionarios del Ministerio de Economía y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no concurrieran al debate para responder sobre aspectos que consideró centrales.
Entre otros puntos, reclamó información sobre los resultados obtenidos por el régimen actualmente vigente, el eventual costo fiscal de la nueva legislación y la cantidad de contribuyentes que podrían incorporarse al esquema simplificado.
Capitanich también diferenció la regularización tributaria de la demostración del origen de un patrimonio. Según argumentó, cumplir con una declaración fiscal no acredita por sí mismo cómo fueron obtenidos los fondos.
La radical Silvana Schneider, en cambio, acompañó el proyecto y sostuvo que las modificaciones aportarán mayor seguridad jurídica, reducirán costos y simplificarán trámites para los contribuyentes.
Más duro fue el jefe del bloque peronista, José Mayans, quien calificó la iniciativa como un blanqueo y sostuvo que la flexibilización de los controles podría favorecer maniobras irregulares. Esas afirmaciones formaron parte de la posición opositora durante el debate y fueron rechazadas por el oficialismo.
Con la sanción legislativa, el desafío para el Gobierno pasará ahora de la discusión política a los resultados concretos. La magnitud del dinero que efectivamente vuelva al circuito formal y la cantidad de contribuyentes que utilicen el nuevo régimen permitirán medir si Inocencia Fiscal II consigue movilizar una porción significativa de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero.
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