24 marzo 2025 - 20:12

Sigue la saga de corrupción policial. Hace pocos días ingresó en simultaneo una denuncia a varias a fiscalías y a Prensa Libre SN

Imagen ilustrativa

La semana pasada fueron denunciados los jefes del Grupo de Apoyo Departamental San Nicolás, división de la Policía Bonaerense conocida popularmente como GAD, que pertenece a la Superintendencia de Operaciones de Fuerzas Especiales con sede en Puente 12, ciudad Evita.

Dicha denuncia, cómo ocurrió en oportunidades anteriores, ingresó en simultaneo vía electrónica a varias fiscalías del Departamento Judicial de San Nicolás y a Prensa Libre SN. En esta ocasión, el denunciante narra un entramado de presunta corrupción policial que llevaría adelante el personal jerárquico del GAD San Nicolás mediante los llamados “adicionales truchos”.

El GAD es conocido por la ciudadanía por el apoyo que brinda a la Policía de Seguridad en situaciones que puedan llegar a ser violentas, aunque según el denunciante, que expone “en circunstancias de anonimato y con conocimientos detallados de la operatoria delictiva” por el hecho de que “suelen tomarse represalias contra quién se anime a exponer o denunciar”, este grupo no sería ajeno a las distintas prácticas delictivas que han sido descubiertas en otras reparticiones policiales.

En la denuncia que ingresó en simultaneo, entre otras, a las fiscalías N° 1 y N° 6 de San Nicolás describen un “entramado y aceitado sistema ilegal de obtención de dádivas a cambio de custodia policial por efectivos que la realizan durante el servicio ordinario del cual obtienen frutos tanto directa como indirectamente, jefes policiales”. En este caso, señala el denunciante, los únicos beneficiados serían el “comisario Raia Bernavé Marcos José, actual Jefe de la Base GAD San Nicolás emplazada en Camino Ribereño S/N de la localidad de Ramallo en cohorte con el subcomisario Barboza Durán Claudio, quién ocupa el cargo de Segundo Jefe de dicha repartición policial y, por último, el capitán Barrera Gonzalo”.

“Adicionales truchos”

Es el propio denunciante quién se encarga de explicarles a los fiscales cómo se lleva adelante esta presunta defraudación al Estado. El “adicional en negro o adicional trucho consiste en cubrir un determinado lugar físico (custodia) con personal policial de servicio ordinario, mientras que el jefe directo de ese efectivo policial, a cambio de dicho servicio, percibe una suma de dinero por parte del propietario del lugar a custodiar”. Es decir que en los casos en que los jefes policiales pactan un “adicional trucho” con algún comercio o empresa, no solo están estafando al Estado, sino que también están privando de la seguridad al vecino de pie a quién le sacan un policía de la calle para que realice tareas de seguridad para un particular.

En cuanto a los comercios / empresas que contratan adicionales en negro, muchas veces son conscientes de que están colaborando en la comisión de un delito, otras veces no. En los casos mencionados en esta denuncia será la justicia la encargada de dilucidar si hay o no complicidad a sabiendas de los contratantes.

“Tanto el comisario Raia como el subcomisario Barboza y el capitán Barrera, forman parte de un diligente, activo y aceitado sistema de cobro por adicionales truchos, dos de ellos diagramados y ejecutados en la localidad de San Nicolás y un tercero en la ciudad de Ramallo, en cercanías de la Base GAD que comandan”, expone el denunciante. Para luego detallar que se prestarían en “un lubricentro de razón social ‘La casa del Lubricentro’ o como lo conocen vulgarmente con el nombre de ‘Maceo’ en relación al apellido de su propietario. Dicho local se emplaza en calle Álvarez Nro. 202 de San Nicolás”, lugar en donde “cubren efectivos policiales uniformados, del GAD San Nicolás, un efectivo diario, dentro del local y durante casi toda su apertura al público, de lunes a sábados, entre la franja horaria comprendida de las 08:00 horas a las 17:00 horas”.

En dicho comercio, el “servicio ilegal, tiene la particularidad que el comisario Raia y subcomisario Barboza, lo ‘blanquean’ a través de una orden de servicio que renuevan habitualmente, con motivo de ‘realizar recorrida en zona comercial’ sobre calle Álvarez entre Alberdi y Lavalle de San Nicolás, sector donde inequívocamente se emplaza el lubricentro en cuestión. Asimismo de forma diaria, dejan constancia en el libro de guardia, el inicio y finalización de dicha recorrida a pie en la referida zona y el personal policial asignado para tal fin”, reza la denuncia, para seguidamente aclarar que “el efectivo policial no realiza ninguna recorrida de forma preventiva, sino que es asignado a la custodia particular del lubricentro lo cual realiza dentro del mismo y uniformado”. Para estar seguros de que el uniformado de a pie está cumpliendo con la orden, entra “la participación del capitán Barrera” que tendría la tarea de “controlar al efectivo para que cumpla con la verdadera función que es la custodia particular del comercio a cambio del pago mensual”.

El pago por este servicio, expresa el denunciante, sería recibido por Raia y Barboza que “se encargan de forma alterna, en encontrarse mensualmente con el propietario del lubricentro en un determinado sitio de común acuerdo, donde los efectivo perciben el monto de dinero acordado por el servicio de seguridad brindado de forma ilegal, encubierto bajo una orden de servicio de brindar prevención, utilizando así efectivos durante su servicio ordinario”.

Como dato adicional, en la denuncia se cita al menos un lugar exacto como punto de encuentro para la concreción de los supuestos pagos: “cabe mencionar que en varias oportunidades, el comisario Raia ha pactado el encuentro con Maceo para el pago del servicio, dentro del shop de una estación de servicios de la firma Shell, ubicada en la intersección de Avenida Savio y calle San Lorenzo de San Nicolás”.

Y se menciona que los jefes nombrados “suelen llevar sus vehículos particulares al lubricentro en cuestión o realizar alguna compra en el lugar, donde le hacen una boleta o factura del gasto y ello luego lo descuentan del pago mensual que deben hacerle por el servicio ilegal de seguridad que les brindan. De la misma forma proceden cuando llevan alguno de los móviles policiales de la Base GAD, a realizar algún cambio de aceite, filtro, o adquirir algún producto a la venta en el local, le confeccionan una factura que es firmada por el efectivo en cuestión para luego la suma de lo gastado ser descontada del pago mensual”.

Así mismo, el denunciante le explica a la fiscalía de qué manera podría llegar a comprobar todo lo mencionado.

La operatoria descrita también sería utilizada en una estación “de la firma YPF ubicada en la Avenida Presidente Perón Nro. 1199 de la localidad de San Nicolás, conocida como ‘YPF 20 de Julio’”, aunque, “en este caso, dicha actividad ilegal es realizada por un efectivo a diario y en el horario de la mañana y en lo que respecta al modus operandi es exactamente el mismo al explicado anteriormente”.

“Con respecto a otras de las actividades ilícitas desplegadas por el comisario Raia, subcomisario Barboza y capitán Barrera consiste en la custodia de eventos privados que son desarrollados en un complejo empezado en cercanías de la Base GAD, en la localidad de Ramallo, conocido vulgarmente como ‘Playa Blanca’, donde allí prestan seguridad de forma privada, con efectivos uniformados, a cambio de un pago de dinero, lo cual no es documentado mediante servicio Polad, y lo blanquean también bajo la cubierta de una orden de servicio. En este caso el servicio clandestino es acordado entre Raia, Barboza y Barrera con una de persona de nombre Joaquín quien resulta propietario del predio donde suelen desarrollarse estos tipos de eventos privados”, expresa la denuncia.

El / la denunciante que exhibe un aparente profundo conocimiento de la forma en la que los Jefes del GAD recaudarían dinero espurio asegura que “esta clara actividad ilícita de utilizar medios y recursos públicos para beneficios propios de Raia, Barboza y Barrera es diagramada y orquestada de forma sofisticada y aceitada de modo tal que abusan de sus circunstancias de superioridad hacia los efectivos que obligan a realizar las custodias en cuestión, y que, como ya ha pasado en otras oportunidades, se han radicado denuncias por parte de otros efectivos exponiendo dichas actividades ilícitas y las mismas continúan sin ser esclarecidas por la justicia o autoridades de control, a tal punto de llegar a suponer (Dios quiera que no) una cierta inclinación favorable de dichas autoridades por la conducta descripta”.

En la misma denuncia se traza un perfil o historial del capitán Gonzalo Barrera, quién fuera “uno de los lideres de la gran estafa piramidal ‘INTENSE LIVE’, en la que en su ardid engañoso, captaba inversores para una supuesta empresa de transporte similar a UBER y como contrapartida, más allá del capital originario, los particulares obtendrían un porcentaje del 20% mensual en carácter de intereses ganados”. Y detalla que “lo novedoso es que los inversores debían ingresar a una plataforma donde podían ver on line su capital e intereses, aunque en realidad transformados en puntos que sencillamente era dinero inexistente y virtual”. Asimismo recuerda que “la Policía Federal Argentina, tras meses de tareas de campo, escuchas telefónicas y diligencias de ciber patrullaje en distintas redes sociales y páginas de internet, logró dilucidar la maniobra en cuestión, desplegando múltiples allanamiento en la localidad de San Nicolas y vecinas, con intervención del Dr. Matías Felipe Di Lello, titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Secretaría a cargo de la Dra. María Marta Poggio”.

En la misma denuncia que, recordemos, ingresó a las fiscalías a cargo de la Dra. Verónica Marcantonio y del Dr. Darío Giagnorio, entre otras, se menciona que el capitán “Barrera, no era solo un inversor mas, sino que fue parte de la organización criminal descripta, a tal punto que fue uno de los pocos convocados por los altos mandos de la estafa piramidal a formar parte de un encuentro en la provincia de Tucumán. Fue tanto su descaro y avaricia por el dinero ‘fácil’ que estafó hasta sus propios compañeros, incluso quedándose con automóviles de ellos a cambio de ‘créditos’ en la plataforma que no existían, sino pregúntenle al Teniente (…), hoy en día numerario del centro de Capacitación Policial Ramallo, a quien Barrera estafó con su automóvil Fiat Punto rojo”.

Este “servidor honesto, firme y digno” que pone en conocimiento de la Justicia y de Prensa Libre SN este supuesto accionar detalla que “actualmente, Barerra, además de cumplir servicio en el GAD San Nicolas, realiza actividad de capacitación en el centro se reentrenamiento policial San Nicolas”, es decir, preparando a otros policías.

“Por último, deseo mencionar que le comisario Raia, ha prestado servicios anteriormente como jefe de la Base GAD Pergamino, donde también fue denunciado por efectivos bajo su mando por obligarlos a cubrir un servicio de custodia diario en un hospital, haciéndolo los efectivos durante el servicio ordinario, para luego Raia percibir a cambio una suma de dinero por la custodia brindada. Se sabe además que dicha cuestión fue tramitada en esa Auditoría General de Asuntos Internos”, expresa casi al final en la denuncia.

Antes de adjuntar imágenes y mapas que podrían ser utilizados por los agentes de Justicia que busquen llegar a la verdad, el denunciante expresó: “con lo expuesto pretendo desenmarañar la conducta delictiva desplegada para beneficios propios del comisario Raia, subcomisario Barbosa y capitán Barrera, en detrimento de los recursos del estado y afectación de los uniformados utilizados como seguridad privada en vez de cumplir con las funciones de servidores públicos”.

Este “servidor honesto, firme y digno”, tituló esta denuncia de la siguiente manera: “Continúa la saga de corrupción policial en San Nicolás”. Denuncia que tal vez realizó confiando en que los agentes fiscales (uno de ellos resonando como posible próximo Fiscal General del Departamento Judicial de San Nicolás) a los que les hizo llegar el escrito puedan actuar con la sabiduría y el temple necesarios para descubrir la verdad, como alguna vez lo hicieran aquellos que investigaron a otros policías y llegaron a juicio y condena. O tal vez creyendo que puedan terminarse las complicidades entre policías y ciertos comerciantes / empresarios que abonan a la corrupción policial y a la desprotección ciudadana y que, en definitiva, no son menos delincuentes que aquellos uniformados que utilizan una placa para obtener dinero sucio.

Las mencionadas no son prácticas novedosas. Pero, ¿alguien con ganas de investigar?, el tiempo dirá. Aunque la Justicia parece experta en nadar entre expedientes que permanecen en el eterno letargo de los archivos de una vieja PC, ya sea porque no quiere, no puede o porque no sabe cómo avanzar.

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