Avanza la solicitud para que Manuel Passaglia sea investigado por presunto tráfico de influencias

21 abril 2026 - 12:23

A la par, corre el pedido de juicio político (jury) contra varios funcionarios del Departamento Judicial de San Nicolas.

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires le asignó el número de expediente P-7/26-27 a un pedido de juicio político (jury) contra magistrados y funcionarios del Departamento Judicial de San Nicolás, en una presentación que denuncia “denegación de justicia extrema” y presuntas irregularidades vinculadas a causas ambientales y patrimoniales.

El ingreso formal del expediente —dirigido a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Asuntos Constitucionales— implica que la solicitud quedó registrada dentro del período legislativo 2026-2027, lo que habilita su tratamiento institucional, aunque no supone su avance automático ni la apertura del proceso de enjuiciamiento.

El escrito, presentado por un nicoleño, plantea una serie de acusaciones que se remontan al 15 de marzo de 2021, cuando el denunciante asegura haber sido detenido de manera ilegal mientras documentaba, mediante fotografías, la violación de una clausura judicial y una medida de “no innovar” en la reserva natural Parque Rafael de Aguiar. Según la presentación, la ya por entonces funcionaria Natalia Donadio, actual secretaria de Orden y Convivencia, habría ordenado la detención mediante “un ‘llamado de amigos’ al comisario Gabriel Cabral”, evitando los canales formales.

En ese contexto, el denunciante describe la existencia de una “red de impunidad” que involucraría a distintos actores judiciales y políticos. Entre ellos menciona al diputado provincial Manuel Passaglia, a quien le atribuye “responsabilidad política y el uso de influencias sobre el Poder Judicial de San Nicolás para garantizar la impunidad de su gabinete”.

También apunta contra el Dr. Rubén Darío Giagnorio, a quien identifica como “pieza fundamental del esquema de impunidad”, señalando que habría avalado el secuestro de un vehículo que luego fue retirado de una comisaría por inspectores municipales “sin causa lícita”.

En la misma línea, la denuncia incluye a la fiscal Dra. Verónica Marcantonio, acusada de “prevaricato y mal desempeño”, al sostener que “mantuvo una causa paralizada durante cinco años pese a haber reconocido por escrito su amistad íntima” con el doctor Giagnorio, quién ya había sido demandado . Según el texto, esa relación habría impedido “cualquier avance objetivo”, funcionando como un “blindaje para los denunciados”.

El escrito también responsabiliza a Natalia Donadio y al secretario de Gobierno Matías Grams por la “compactación ilegal” del vehículo en cuestión. De acuerdo a lo expuesto, el Estado habría admitido en el Informe 497/2022 haber destruido el bien de una persona luego sobreseída, entregándole “chatarra como ‘premio’ a mi reclamo”.

Las acusaciones alcanzan además a la jueza Dra. Laura Fernández y al secretario Dr. Goya, a quienes se les atribuye “denegación de justicia y violencia institucional”. En particular, se denuncia que el 30 de marzo de 2026 el secretario habría “hostigado y amenazado físicamente” al denunciante para “impedirle el acceso al juzgado y bloquear” un pedido de embargo por $150.000.000.

Otro de los puntos centrales de la presentación es la supuesta vulneración de la Ley de Víctimas (Ley 15.232). En ese sentido, el denunciante sostiene que se le niega el acceso a un abogado gratuito, lo que lo mantendría en un estado de “indefensión inducida” que le impediría accionar contra los funcionarios mencionados. Además, atribuye a la Procuración General una “omisión deliberada” que considera “cómplice de la parálisis denunciada”.

En el petitorio, se solicita el inicio de jury de enjuiciamiento contra los Dres. Giagnorio, Marcantonio, Pratti y Fernández, la intervención de la Legislatura para investigar el presunto tráfico de influencias del diputado Manuel Passaglia, la designación de un fiscal “extra-jurisdiccional” en el marco del Expediente SCBA N° 3000-10507-2026, y medidas de protección personal ante las amenazas denunciadas.

Con la asignación del expediente P-7/26-27, el planteo quedó formalmente incorporado al circuito legislativo bonaerense. A partir de ahora, su eventual avance dependerá de la evaluación que realicen las comisiones correspondientes y de las decisiones políticas que se adopten dentro de la Legislatura.

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