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Martes 09 de Junio de 2026
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9 junio 2026 - 07:41
Cuestionan el sistema de puntajes, la fijación de un “precio mínimo” y el rol de funcionarios en una licitación que adjudicaría por 30 años la Vía Navegable Troncal del Paraná. La Justicia ya puso la mira sobre el proceso.
La preadjudicación de la concesión de la Hidrovía al consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y Servimagnus, vinculada al empresario Alfredo Román, quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que se difundieran cuestionamientos sobre el diseño del pliego licitatorio, al que distintos sectores señalan como determinante para asegurar el triunfo de la oferta finalmente seleccionada.
Según las objeciones planteadas sobre el proceso, la clave estuvo en la incorporación de un sistema de “precio mínimo” para el peaje que debían ofertar las empresas interesadas. De acuerdo con esa interpretación, el mecanismo habría impedido una competencia económica real entre los oferentes y trasladado toda la definición a la evaluación técnica.
La controversia se produjo después de que el Gobierno nacional anunciara el jueves la preadjudicación de la principal privatización de la gestión de Javier Milei, correspondiente a la concesión de la Vía Navegable Troncal del río Paraná.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que las empresas participantes llegaron a la instancia económica con valores previamente delimitados por el pliego. Para la denominada etapa 0, el precio fijado fue de 3,80 dólares; para la etapa 1, 4,65 dólares; y para la etapa 2, 5,78 dólares. Tanto Jan de Nul como la firma belga DEME NV presentaron exactamente esos mismos valores.
Los críticos sostienen que, bajo esas condiciones, la oferta económica terminó siendo una formalidad. “La oferta económica nunca fue parte real de la competencia”, señalan, al argumentar que cualquier propuesta superior o inferior al valor fijado perjudicaba automáticamente las posibilidades de obtener el máximo puntaje.
La diferencia decisiva terminó entonces en la evaluación técnica. Allí, el consorcio Jan de Nul–Servimagnus obtuvo 66,20 puntos, mientras que DEME NV alcanzó 42,14, una brecha que resultó determinante para el desenlace de la licitación.
Las observaciones también alcanzan a diversos requisitos incorporados al pliego, entre ellos la valoración de la experiencia en mercados regionales, la antigüedad de las empresas participantes, determinadas exigencias sobre maquinaria y la ponderación de antecedentes locales. Según los cuestionamientos, varios de esos parámetros favorecían al actual operador de la Hidrovía.
En ese contexto aparece el rol de la Comisión Evaluadora, integrada por Ariel Romero Cherubini, Francisco Mansanta y Cristián Luis Rigueiro, funcionarios provenientes de la disuelta Administración General de Puertos (AGP), organismo reemplazado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), conducida por Iñaqui Arreseygor.
Además, trascendió que organismos de control y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analizan distintos aspectos del procedimiento. Entre los puntos observados figuran supuestos contactos entre funcionarios de la ANPYN y ejecutivos de Servimagnus una vez iniciada la licitación, situación que, de confirmarse, podría contradecir normas de transparencia aplicables a estos procesos.
Otro aspecto bajo análisis es una presunta deuda de 78 millones de dólares que el Estado mantendría con Jan de Nul y que, según las observaciones formuladas, debería ser absorbida por la futura concesión. Los investigadores buscan determinar el origen de esa obligación, su composición y quién debe asumir efectivamente el pago.
La discusión también involucra a los empresarios señalados como futuros socios locales del proyecto. Entre ellos aparecen Ricardo Román, sus hijos, los hermanos Juan y Patricio Neuss, además de Juan Ondarcuhu y Gustavo Elías, vinculados a distintas terminales portuarias y operaciones logísticas sobre la traza de la Hidrovía.
De acuerdo con las denuncias, Ondarcuhu mantiene participación en terminales de San Pedro, San Nicolás, Villa Constitución y las terminales VI y VII de Rosario, mientras que Elías posee presencia en operaciones relacionadas con los puertos de Bahía Blanca, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, La Plata y proyectos vinculados a Ushuaia.
Mientras se agota el plazo de siete días previsto para eventuales impugnaciones, las defensas de la adjudicación sostienen la legalidad del procedimiento. Sin embargo, el proceso continúa bajo observación judicial y administrativa, en una licitación que definirá el control de la principal vía de exportación del país durante los próximos 30 años.
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