18 noviembre 2026 - 11:35
La Cámara Federal de Rosario resolvió unificar las acusaciones contra el exjuez, investigado por presuntas irregularidades durante su desempeño judicial. La Fiscalía anticipó que pedirá diez años de prisión y se prorrogó su arresto domiciliario.
El exjuez federal Marcelo Bailaque deberá enfrentar un único juicio oral y público por tres investigaciones en las que se le atribuyen presuntos hechos de corrupción relacionados con el ejercicio de sus funciones. La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que consideró conveniente reunir las acusaciones para que las pruebas sean examinadas conjuntamente. Además, los magistrados resolvieron prolongar durante seis meses el arresto domiciliario que cumple el exfuncionario judicial.
La resolución representa un avance significativo en el proceso contra quien estuvo al frente del Juzgado Federal N.º 4 de Rosario. Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la acusación comprende presuntas maniobras de extorsión, recepción de dádivas, lavado de activos, decisiones judiciales contrarias a derecho e irregularidades en investigaciones vinculadas con el narcotráfico.
La Fiscalía anticipó que solicitará una pena de diez años de prisión, además de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y multas económicas. Sin embargo, todavía no existe una condena y los hechos atribuidos deberán ser evaluados durante el debate oral.
La decisión de unificar los expedientes fue adoptada por los jueces de revisión Elida Vidal y Aníbal Pineda, quienes consideraron que las investigaciones presentan elementos comunes que justifican su tratamiento conjunto.
El pedido había sido formulado por la Unidad Fiscal Rosario desde noviembre de 2024 y fue reiterado en febrero de 2026, una vez concluidas las investigaciones y presentadas las acusaciones correspondientes.
Al fundamentar la resolución, Pineda explicó: “Existe conexidad objetiva y subjetiva entre los hechos investigados respecto de Bailaque en su rol de juez. Los delitos por los cuales se lo acusa se relacionan con hechos en el ejercicio de la magistratura”.
El magistrado consideró que la relación entre los distintos expedientes hace necesario valorar las pruebas dentro de un mismo proceso, evitando que acontecimientos vinculados sean examinados de manera independiente.
Por su parte, Vidal sostuvo que la decisión permitirá agilizar el trámite judicial y favorecer un análisis integral de las conductas atribuidas al exjuez.
“Es la misma persona investigada en tres legajos, debe existir una comunidad de análisis de los elementos que conforman la investigación. Se debe respetar la unidad de reacción penal, porque el proceso es el vehículo para aplicar la norma penal”, señaló.
Mientras avanza la preparación del juicio, Bailaque continuará bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La prórroga fue dispuesta por seis meses o hasta la apertura del debate oral, lo que ocurra primero.
Los jueces tuvieron en cuenta los riesgos procesales señalados por la Fiscalía, especialmente la necesidad de proteger a testigos que podrían declarar durante el juicio. Entre ellos se encuentran empleados judiciales y personas relacionadas con uno de los coimputados, el escribano Santiago Busaniche.
Una de las investigaciones más relevantes fue impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y comprende presuntas maniobras de extorsión y recepción de beneficios económicos indebidos.
Según la acusación, entre mediados de 2019 y noviembre de 2024, Bailaque habría actuado conjuntamente con el financista Fernando Whpei, el escribano Santiago Busaniche y Carlos Vaudagna, exresponsable de la delegación local de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La Fiscalía sostiene que el grupo habría utilizado actuaciones judiciales y administrativas para perjudicar a empresarios y exigir dinero a cambio de evitar determinadas consecuencias penales.
En uno de los episodios investigados, se habría reclamado el pago de 200.000 dólares, de los cuales la persona afectada habría entregado 160.000 dólares.
La misma investigación incluye una presunta recepción de pagos mensuales por parte del exjuez, realizados mediante la mutual Siempre Joven, vinculada con Whpei. Según la acusación, esas operaciones habrían alcanzado un total de $5.719.194 entre enero de 2019 y enero de 2025.
Otro de los hechos involucra a Graciela Martínez Maulion, esposa de Bailaque. El MPF sostiene que ambos habrían incorporado fondos de presunto origen ilícito al circuito económico formal mediante una operación inmobiliaria realizada en agosto de 2020.
La transacción estuvo relacionada con la adquisición de derechos sobre un terreno ubicado en un barrio cerrado de Funes, por el que habrían abonado 70.000 dólares en efectivo, una suma que, según los investigadores, resultaba inferior a su valor real de mercado.
La segunda investigación está relacionada con decisiones adoptadas por Bailaque durante la intervención judicial de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín.
La acusación sostiene que el entonces magistrado habría dictado resoluciones contrarias a derecho para favorecer intereses económicos vinculados con Fernando Whpei, con quien mantenía una relación que, según la Fiscalía, no habría sido debidamente informada.
Entre las medidas cuestionadas se encuentra el desbloqueo de depósitos bancarios pertenecientes a la cooperativa y su posterior colocación en entidades financieras relacionadas con el empresario.
De acuerdo con la investigación, en abril de 2021 el juez autorizó inicialmente la liberación de 150 millones de pesos y posteriormente otros 1.000 millones de pesos, destinados a operaciones con Grupo Unión S.A. y la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales.
La Fiscalía considera que esas decisiones habrían permitido redireccionar recursos de la cooperativa hacia entidades bajo la influencia del financista.
La tercera causa se vincula con el desempeño del exmagistrado en investigaciones sobre la organización narcocriminal encabezada por Esteban Lindor Alvarado, condenado por delitos relacionados con el narcotráfico.
En ese expediente también se encuentra imputado el contador Gabriel Mizzau, a quien los investigadores identifican como amigo personal de Bailaque y responsable de tareas contables para empresas relacionadas con la organización criminal.
La acusación sostiene que, entre 2014 y 2015, el entonces juez habría adoptado decisiones judiciales contrarias a las pruebas reunidas y a las medidas propuestas por la Fiscalía.
Según el Ministerio Público Fiscal, esas resoluciones habrían provocado la paralización de investigaciones y beneficiado los intereses de Mizzau.
La actuación judicial cuestionada constituye uno de los aspectos más delicados del proceso, ya que no se limita a la presunta recepción de dinero o beneficios económicos, sino que comprende decisiones adoptadas desde el propio ejercicio de la magistratura.
Por el conjunto de los hechos, la acusación incluye delitos como prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, concusión, recepción de dádivas y lavado de activos de origen ilícito agravado.
Además de los diez años de prisión, la Fiscalía solicitará cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y cinco años de inhabilitación absoluta, junto con multas calculadas sobre los montos atribuidos a las operaciones investigadas.
En las investigaciones participaron los fiscales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari, además de Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR); Matías Scilabra, integrante de esa procuraduría; y Sergio Rodríguez, responsable de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario establece que las tres acusaciones deberán llegar a un mismo debate oral, en el que se analizarán tanto las presuntas maniobras económicas como las actuaciones judiciales cuestionadas.
La unificación no implica que los hechos denunciados hayan quedado acreditados ni anticipa el resultado del proceso. Será el tribunal encargado del juicio el que deberá determinar las responsabilidades penales a partir de las pruebas presentadas y los argumentos de las partes.
Mientras tanto, Marcelo Bailaque continuará cumpliendo arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica, a la espera de la apertura de un proceso que concentrará tres investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción cometidos durante su trayectoria como juez federal.
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