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10 noviembre 2026 - 08:06
El Senado dio un paso clave hacia una nueva legislación que mantendría las pensiones en el 70% de la jubilación mínima y permitiría trabajar sin perder el beneficio, con límites de ingresos. También contempla controles, financiamiento y garantías para las prestaciones médicas.
El sistema de protección de las personas con discapacidad podría experimentar cambios importantes en la Argentina antes de finalizar 2026. Un proyecto de ley que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados consiguió dictamen favorable en el Senado de la Nación y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto, con el objetivo de reemplazar el actual régimen de emergencia por una legislación permanente.
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, recibió el respaldo de gran parte del oficialismo y la oposición durante el plenario de comisiones realizado el miércoles 4 de noviembre. El Gobierno nacional pretende avanzar con su sanción en la sesión prevista para el 19 de noviembre, antes del vencimiento de la emergencia vigente, establecido para el 31 de diciembre.
Uno de los puntos centrales es la continuidad de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, cuyo monto se mantendría en el 70% del haber jubilatorio mínimo, con actualizaciones de acuerdo con la movilidad previsional. El proyecto conserva además el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento para acreditar esa condición, junto con los requisitos económicos y previsionales que deberán cumplir quienes soliciten la prestación.
La propuesta representa una modificación respecto de las restricciones que el Poder Ejecutivo había incluido inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2027, donde se planteaba utilizar un criterio más estricto de incapacidad laboral para acceder a las pensiones. Durante las negociaciones parlamentarias, el oficialismo aceptó retirar esas modificaciones y mantener el reconocimiento del CUD dentro del sistema.
Otro de los cambios más relevantes está relacionado con la posibilidad de conseguir empleo sin perder automáticamente la pensión. El texto establece que los beneficiarios podrán trabajar en relación de dependencia o desarrollar actividades independientes, incluso mediante el monotributo, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Si los ingresos exceden ese límite, el pago de la prestación quedaría suspendido mientras se mantenga esa situación. Sin embargo, la medida no implicaría su eliminación definitiva, ya que el titular podría solicitar la rehabilitación cuando finalice su actividad laboral o sus ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del máximo establecido.
Esta disposición busca evitar que las personas con discapacidad deban elegir necesariamente entre acceder a un empleo formal y conservar una prestación social, una de las principales preocupaciones que manifestaron las organizaciones del sector durante el debate legislativo.
La iniciativa también contempla cambios para los establecimientos y profesionales que brindan servicios de rehabilitación, tratamientos y atención especializada. En ese sentido, mantiene el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que establece valores de referencia obligatorios para las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el Estado.
Los aranceles continuarían actualizándose mediante el índice de movilidad previsional, mientras que se prevén evaluaciones periódicas de costos para identificar gastos que no queden adecuadamente contemplados en los incrementos generales.
La continuidad de las prestaciones médicas constituye otro de los aspectos relevantes del proyecto. El texto garantiza la cobertura de los titulares de pensiones no contributivas mediante el programa Incluir Salud, al tiempo que establece obligaciones presupuestarias destinadas a sostener el funcionamiento del sistema.
En materia de financiamiento, las partidas asignadas por el Ministerio de Salud de la Nación no podrían ser inferiores, en términos reales, a las del ejercicio anterior. Además, se habilitarían mecanismos de readecuación presupuestaria y transferencias del Tesoro para afrontar eventuales insuficiencias de recursos.
También se contempla una regularización de las deudas mantenidas con prestadores de servicios. Según el proyecto, el Poder Ejecutivo deberá establecer un cronograma público dentro de los 30 días y completar la cancelación de las acreencias verificadas en un plazo de 90 días.
El régimen incluiría incentivos para la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral, mediante una reducción del 50% de determinadas contribuciones patronales durante tres años para empleadores que realicen contrataciones por tiempo indeterminado.
Sin embargo, el nuevo esquema no eliminaría las auditorías sobre las pensiones. Por el contrario, prevé un sistema permanente de fiscalización para verificar las condiciones de acceso y continuidad de los beneficios, mediante cruces de información entre la Secretaría Nacional de Discapacidad, ANSES, ARCA, RENAPER y otros organismos oficiales.
La diferencia estaría en las garantías administrativas establecidas para quienes sean alcanzados por una suspensión preventiva. Ante la detección de un posible incumplimiento, el organismo deberá notificar formalmente al beneficiario, quien dispondrá de 60 días para presentar su descargo y solicitar una revisión. También se contempla la posibilidad de requerir una rehabilitación provisoria mientras se resuelve la situación.
El debate legislativo se produce después de un período de fuertes controversias por las auditorías y suspensiones de pensiones. De acuerdo con información oficial presentada ante el Congreso, durante 2024 y 2025 fueron convocados a controles 1.044.501 pensionados, sobre un padrón de 1.141.880 beneficiarios.
El Gobierno informó que desde diciembre de 2023 se registraron 112.136 suspensiones y 111.995 rehabilitaciones. También consignó 101.215 bajas definitivas, aunque aclaró que estas correspondieron a fallecimientos y renuncias voluntarias, no a sanciones derivadas de las auditorías.
El conflicto había alcanzado un punto crítico con la sanción de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aprobada por el Congreso en 2025 pese al veto presidencial de Javier Milei. Su implementación también quedó atravesada por disputas sobre el financiamiento y resoluciones judiciales que ordenaron la aplicación de las disposiciones aprobadas.
La nueva propuesta busca establecer reglas permanentes para el sistema, incorporando buena parte de las garantías reclamadas por las organizaciones vinculadas con la discapacidad, aunque conservando los mecanismos de control administrativo.
El proyecto obtuvo en Diputados 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. Posteriormente, logró dictamen en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado, con acompañamiento de distintos bloques políticos.
De todos modos, las modificaciones todavía no constituyen una nueva ley vigente. Para entrar en vigor, el texto deberá completar su tratamiento parlamentario y atravesar los pasos institucionales correspondientes.
La eventual aprobación tendrá consecuencias para las personas con discapacidad de todo el país, incluidas las de San Nicolás y la región, especialmente en materia de pensiones, acceso al trabajo, continuidad de tratamientos y funcionamiento de las prestaciones de salud.
El próximo debate en el Senado será determinante para establecer si el sistema de discapacidad inicia 2027 bajo un régimen permanente, luego de años de controversias por las pensiones, las auditorías y el financiamiento de los servicios.
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